En la educación jurídica, una mala educación universitaria trae como consecuencia operadores mediocres de la ley, es decir, personas que ostentan un título que les permite formalmente ejercer la profesión jurídica, pero que nos cuestan demasiado caro: jueces que no saben resolver de manera correcta; asesores que no saben aconsejar a sus clientes para defender su patrimonio; defensores que, por su errores, permiten la privación indebida de la libertad de inocentes o fiscales que no saben integrar sus carpetas de investigación para perpetuar la impunidad.