NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

Hace unos días, se emitió una sentencia que fue duramente criticada —incluso por colectivos feministas— por generar un efecto contrario al que se buscaba: proteger a las mujeres terminó, curiosamente, colocándolas en una posición de mayor vulnerabilidad discursiva.

El caso, en apariencia, no se distinguía de otros. Formaba parte de esa ola creciente de asuntos que buscan sancionar la violencia política en razón de género. Sin embargo, el fondo era distinto.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a una mujer por referirse a otra mujer en una conversación privada. Ello no es un dato menor porque nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestas a considerar violencia y, sobre todo, hasta dónde puede y debe llegar el Estado en la regulación de lo privado.

Es cierto que la violencia no siempre es pública, también lo es que intervenir en conversaciones privadas abre un terreno delicado. No solo por la posible vulneración a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino por el riesgo de generar precedentes que terminen inhibiendo la libertad de expresión, incluso entre mujeres.

Aquí es donde el debate se vuelve más complejo. El feminismo no puede conformarse con respuestas simples. No se trata de negar la existencia de violencia, pero tampoco de asumir que toda expresión, en cualquier contexto, constituye una infracción sancionable.

Juzgar con perspectiva de género no significa asumir que todo acto es violencia. Ese es un riesgo real. Vaciar de contenido el concepto, utilizarlo de manera indiscriminada, puede terminar debilitando las luchas que le dieron origen.

El reto está en sostener la complejidad. Ni minimizar las violencias que enfrentan las mujeres en el ámbito político, ni banalizar su existencia al grado de convertir cualquier conflicto en una infracción sancionable. Porque en ambos extremos se pierde: en uno, se perpetúa la impunidad; en el otro, se desgasta el discurso.

La pregunta de fondo sigue pendiente: ¿queremos un sistema que solo sancione o uno que transforme? Porque castigar es necesario, sí, pero claramente insuficiente. Las violencias que enfrentan las mujeres en la política no nacen en los expedientes judiciales, sino en estructuras históricas, en prácticas normalizadas, en culturas que siguen viendo lo público como un espacio masculino.

De poco servirá afinar criterios probatorios si no se desmontan esas barreras. De poco servirá discutir sobre la validez de un mensaje de WhatsApp, si no se cuestiona por qué esas conversaciones cargadas de violencia ocurren con tanta naturalidad.

El feminismo tiene hoy una tarea delicada: exigir justicia sin renunciar a los derechos humanos, y empujar transformaciones estructurales sin caer en banalidades. No es una tarea cómoda, pero sí imprescindible. Porque esa incomodidad busca la posibilidad real de que las mujeres participemos en la vida pública.