Para lograr la transparencia no se requieren leyes, sino vocación democrática

Una sencilla pregunta se ha formulado largamente en México desde que discutimos públicamente la necesidad de ventilar el quehacer público: ¿es necesaria la existencia de una ley para que, quienes tienen a su cargo las instituciones públicas, actúen con plena transparencia?

La respuesta es un rotundo no.

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En efecto, no hace falta “obligar”, mediante la promulgación de una ley, a quienes ocupan cargos en la administración pública para que informen a la ciudadanía, de manera exhaustiva, sobre las decisiones que toman cotidianamente en el ejercicio de sus facultades legales.

En otras palabras, lo que se requiere para contar con gobierno transparentes no es una norma jurídica, sino vocación democrática. Porque, en estricto sentido, nada impide a los servidores públicos poner a disposición de la ciudadanía -no a entregar, sino poner a disposición- la información que permita revisar la actuación de sus servidores.

El matiz anterior no es menor: existe una diferencia enorme entre entregar información -lo cual implica responder a una petición- y poner a disposición, lo cual constituye una actuación proactiva que no requiere de la solicitud expresa de nadie para que la información pueda ser consultada.

El problema en sociedades como la nuestra es que la regla suele ser la contraria debido a la fuerte raigambre de una idea: nuestros servidores públicos actúan a partir de considerar que el acceso al poder implica la posibilidad de tratar lo colectivo como un patrimonio personal.

Así pues, no se actúa desde la perspectiva de que el servicio público es una responsabilidad y un compromiso, sino desde la idea de que se trata de un privilegio que, una vez conquistado, otorga derechos patrimoniales.

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El comentario viene al caso a propósito de la enésima reforma realizada a la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila. La modificación, de acuerdo con la perspectiva de algunos integrantes de la actual Legislatura, implica que, “ahora sí”, se le han “puesto dientes” a dicha norma.

Pero eso es justamente lo que se ha dicho luego de sucesivas reformas realizadas a dicha normativa: que “se ha modernizado” para que la opacidad, ese vicio contumaz de nuestros servidores públicos, no pueda prevalecer más.

Pese a ello, no solamente la opacidad, sino también su prima cercana, la impunidad, siguen siendo la regla en el servicio público y ninguna reforma ha sido capaz de ponerles coto.

No existe por ello, razón alguna para considerar que esta nueva adición a la legislación local en materia de transparencia va a significar un cambio relevante en la realidad cotidiana. Menos aún, cuando el órgano garante del derecho a saber, el ICAI, se ha venido diluyendo paulatinamente hasta convertirse en un ente más bien testimonial.

Y es que, como se dijo líneas arriba, no son leyes lo que requerimos para construir un entorno transparente en el servicio público, sino vocación democrática, algo que por desgracia, es cada vez más escaso.