La Ley de Seguridad Interior

Más allá de la validación o no de la Suprema Corte, el Ejecutivo debe entender que son pertinentes cambios para evitar violaciones a los derechos humanos fundamentalesLa Ley de Seguridad Interior que aprobó el Congreso el mes pasado y que es objeto de análisis en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por disposición del Presidente, es actualmente motivo de amparos por parte personas y organismos que están en contra de la norma.

Recientemente integrantes del Consejo Nacional Ciudadano (CONACI) en la zona sur de Tamaulipas solicitaron ocho amparos ante Juzgados Federales contra dicha ley, sumándose a otras entidades como Nuevo León, Jalisco, Puebla y Tabasco, que buscan protección contra la promulgación de la normatividad.

No cabe duda que la ley fue motivo de controversia en meses pasado y sobre todo antes de su aprobación, que fue en el cierre de año, sin embargo de acuerdo con organismos civiles y ONG hace falta más información entre la población.

No hay que olvidar que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), la ONU y el Parlamento Europeo, se manifestaron abiertamente en contra de la ley.

No obstante, también existen voces que la apoyan, como gran parte del empresariado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, manifestó recientemente su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución favorable sobre la ley.

Castañón expresó que la legislación otorga un marco jurídico de certidumbre a la actuación de las Fuerzas Armadas.

Para el sector privado la ley responde a buena parte de las inquietudes manifestadas por miles de micro y pequeños empresarios ante la inseguridad que prevalece en distintas regiones de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, entre otros.

Dijo que tanto dueños como empleados de los negocios son hostigados por los grupos delincuenciales, al obligarlos a pagar el derecho de piso para ofrecer sus productos y servicios.

Bajo la óptica de los empresarios esta violencia significa que las autoridades locales están rebasadas porque no tienen los suficientes elementos policiacos para garantizar una convivencia pacífica.

En contraparte y apuntando algunos de los argumentos de quienes se oponen a la ley, se concluye que la consideran anticonstitucional porque la Carta Magna ya regula el actuar de las Fuerzas Federales, al especificar quiénes deben cuidar a los ciudadanos y cuándo debe entrar el Ejército, que es en estado de excepción.

Otros aspectos que fustigan de la ley impulsada por el Ejecutivo y el PRI es la facultad del Presidente de la República para  habilitar la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior.

Además, las Fuerzas Armadas pueden realizar sin declaratoria, acciones para prevenir o atender “riesgos” enlistados en la Agenda Nacional de Riesgos, aunque su contenido es clasificado como reservado.

Otro aspecto cuestionable de la norma es que en “casos de graves perturbaciones a la paz pública o de cualquier incidente que represente un riesgo serio” se podrá autorizar la suspensión de derechos, atendiendo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.

También faculta a Fuerzas Federales y Armadas por igual a realizar trabajos de espionaje en temas de seguridad interior, bajo ciertas condiciones que marca la ley.

Otro apartado que cuestionan organizaciones y diversos sectores de la sociedad es que sin detallar cuáles movilizaciones se consideran pacíficas y cuáles no, el artículo 8 señala que ningún tipo de movilización de tipo social o electoral puede considerarse una amenaza a la seguridad interior en tanto se realice de forma “pacífica”.

Ahora bien, el artículo de portada de esta sección de Opinión, ilustra como los coahuilenses hemos padecido diversas violaciones y atrocidades de fuerzas federales, hechos que de igual forma se han replicado en la mayor parte de los estados de la República.

Por ello, pese a la aprobación de la ley, es necesario que además de la validación o no de la Suprema Corte, el mismo Ejecutivo entienda que son pertinentes cambios para evitar que, al tratar de combatir a los criminales, se violen derechos humanos fundamentales.