Los retos de los derechos humanos en el año 2021
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El 2020 fue un año difícil en muchos aspectos. Hace un año, para estas fechas, aún no se magnificaba el impacto que la pandemia tendría en nuestras vidas. Comenzaban a escucharse los contagios y las muertes en el extranjero. Pero para este momento, la idea de que el 2020 traería consigo tantos cambios sociales no parecía probable.
El año pasado tuve la oportunidad de escribir, en este espacio, una columna denominada “Los retos del 2020”. En ella formulé distintos desafíos en materia de derechos humanos que, en opinión de quien escribe, resultaban relevantes para el año que recién comenzaba.
La predicción no pudo estar más equivocada. Los acontecimientos del año pasado reordenaron muchas de las prioridades del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas en lo local, lo nacional y lo internacional.
Esto no significa que los problemas que teníamos antes dejaron de existir. Sino que ahora, bajo el nuevo contexto, los estados se encontraron con mayores dificultades para abordar problemáticas que de por sí representaban retos mayúsculos, como la violencia contra las mujeres, la seguridad ciudadana o los flujos migratorios.
Durante el 2020 fuimos testigos de múltiples medidas estatales para enfrentar la emergencia sanitaria. Por ejemplo, las restricciones a la movilidad o el confinamiento obligatorio. Los estados hicieron uso de los mecanismos contenidos en sus constituciones para enfrentar situaciones de emergencia.
El debate público se centró, en muchos casos, en la compatibilidad de las medidas adoptadas con los derechos humanos, así como en la inminente disyuntiva entre proteger la vida y la salud de las personas y la necesidad de salvaguardar la economía.
El 2021 representa, nuevamente, una oportunidad para asumir las obligaciones relacionadas con el respeto y la garantía de los derechos humanos, ahora bajo un contexto de emergencia sanitaria que, lamentablemente, se encuentra lejos de finalizar. Algunos de los retos por afrontar durante este año, en opinión de quien escribe, son:
1. Salvaguardar la salud de las personas respetando los derechos humanos. Las autoridades deben de continuar implementando medidas para mitigar los contagios del COVID-19 entre la población, sin comprometer las libertades y los derechos humanos de las personas. Las restricciones a la movilidad, el cese de las actividades económicas y/o cualquier otra medida que se ordene como respuesta a la contingencia sanitaria debe de diseñarse bajo la lógica del respeto de los derechos fundamentales de todas las personas.
2. Atender de manera diferenciada a los grupos cuya situación de vulnerabilidad se ha visto especialmente afectada con la pandemia. Ejemplo de esto es la realidad de tantas mujeres que, con el confinamiento, se convirtieron en víctimas de violencia doméstica. O la crítica posición en la que se encuentran tantas personas migrantes que están expuestas al virus a su paso por México. O la situación de las personas que se encuentran privadas de su libertad y las altas posibilidades que tienen de contagiarse al encontrarse confinadas en espacios reducidos.
3. Proteger al personal de salud. El Estado debe de garantizar que el personal de salud pueda realizar su trabajo con las mejores condiciones de seguridad. Desde el inicio de la pandemia, el personal médico ha trabajado incansablemente para atender a todas las personas enfermas que han necesitado acudir a un hospital o centro de salud; la heroica y trascendental labor que realizan debe de reconocerse con la continua revisión de sus condiciones de trabajo, y la dotación de insumos para poder atender a las personas enfermas con la certeza de que no se pondrán en situaciones de riesgo.
4. Rendición de cuentas. La eventual toma de decisiones gubernamentales que tengan un impacto en los derechos de las personas no puede estar exenta de responsabilidad. La utilización de los recursos públicos para hacer frente a la pandemia, la implementación de los programas de vacunación o los recortes a instituciones encargadas de garantizar derechos humanos deben de realizarse siempre bajo el principio de máxima transparencia.
Por último, además del rol fundamental que juega el Estado en la atención de la emergencia sanitaria, es importante mencionar la trascendente labor que todas las personas, en lo individual y comunitario, tienen para enfrentar la pandemia.
Respetar las medidas sanitarias y hacernos responsables de lo que está sucediendo ayudará a llevar a buen término este año, que espero sea mucho mejor que el año que apenas termina.
El autor es investigador del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia IDH
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
