‘Rescate’ a la UAdeC, ¿cuál es el fondo del problema?

Luego de la “amarga Navidad” que debieron vivir los trabajadores en activo, así como jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila a quienes no se les pagó el salario de la última catorcena, el Gobierno del Estado tuvo que entrar al “rescate” de la máxima casa de estudios de nuestra entidad a fin de que hoy se cubra este compromiso.

El hecho, como se reseña en nuestra edición de hoy, dista mucho de ser una simple cuestión anecdótica, pues en lo que va de diciembre el Gobierno de Coahuila ha debido realizar dos aportaciones millonarias a las finanzas institucionales a fin de que pudieran cubrirse, primero los aguinaldos y, después, la última catorcena del salario.

No estamos hablando de poca cosa, sino de una transferencia de recursos del orden de 290 millones de pesos, lo cual implica que la UAdeC tiene un “boquete” enorme en sus finanzas que, de no atenderse, puede convertirse en un problema sistémico.

Y para resolverlo, igual que cualquier otro problema, lo primero es conocer la causa puntual.

¿Se trata de un problema de mala administración? ¿Es una situación que deriva de una asignación económica menor a las necesidades de la Universidad? ¿La solución está en manos del Gobierno de la República, en las Gobierno de Coahuila, o en las de ambos?

Aquí es conveniente recordar que, aunque las universidades públicas generan recursos propios –a través del cobro de cuotas de inscripción y diversos derechos, así como por convenios o servicios prestados–, su principal fuente de ingresos está representada por las aportaciones que los gobiernos federal y estatal realizan a sus arcas.

No existe forma, y eso es necesario decirlo con toda claridad, de que una institución pública de educación superior en México –en las condiciones y con las reglas actuales– pueda ser autosuficiente en términos presupuestales. Menos aún si se considera que, por mandato constitucional, la educación universitaria debe ser gratuita.

La UAdeC no es, por cierto, la única universidad pública de México que acusa problemas financieros. Tenemos al menos dos años reseñando casos, en todo el país, de universidades que enfrentan serios problemas para mantener sus finanzas a flote.

Estamos pues, ante un problema que parece sistémico y que no puede explicarse de forma simple. Pero tampoco puede entenderse si no se expone públicamente un diagnóstico amplio, serio y claro, que nos explique las razones por las cuales hemos llegado a este punto.

Cabría esperar por ello que el debate público, respecto de la situación de nuestra principal universidad pública, se ventile con datos precisos que, en primer lugar, permitan entender lo que está ocurriendo y, enseguida, abran la puerta a una discusión seria sobre cómo se resolverá la situación de cara al futuro.