¿Una alternativa latinoamericana a Bukele?

CIUDAD DE MÉXICO—La tasa de homicidios de El Salvador era una de las más altas del mundo, pero registró un drástico descenso bajo su autoritario presidente Nayib Bukele. Bukele sostiene que su modelo de reducción de la delincuencia (que incluye un estado de emergencia permanente, encarcelamientos masivos y violación generalizada de los derechos humanos) es la única alternativa. Asegura que las reformas institucionales son demasiado lentas para mitigar el daño diario causado por las pandillas, y que nadie creó jamás un modelo de seguridad tan exitoso como el suyo.

Es una falsedad evidente. Aunque pasó casi inadvertido, en los últimos dieciocho meses México redujo un 41 % (de 87 a 51) la cifra diaria de homicidios: es un logro histórico.

Este cambio estructural parece atribuible ante todo a la estrategia de combate a la delincuencia que ha seguido México desde la asunción al cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El avance mexicano es todavía más notable porque la tarea de Sheinbaum es mucho más difícil que la de Bukele. México no tiene que lidiar con pandillas callejeras, sino con la delincuencia transnacional organizada (grandes carteles narcotraficantes), y la población mexicana es veinte veces la de El Salvador. El estado de emergencia de Bukele redujo en cinco casos diarios las estadísticas de homicidios en los primeros dieciocho meses; México logró 36 homicidios diarios menos sin estado de emergencia.

La nueva estrategia mexicana presenta varias diferencias respecto de las anteriores. Quizá la más importante sea que no rehuye el enfrentamiento directo con las fuentes de la delincuencia. Entre 2018 y 2024, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había preferido una estrategia de baja confrontación frente al crimen organizado, en un evidente intento de evitar los errores de metodologías anteriores. Sus predecesores se habían centrado en descabezar las organizaciones delictivas y encarcelar a sus líderes, pero resultó contraproducente y provocó un crecimiento exponencial de la violencia. Al quedarse sin líderes, esas organizaciones se fragmentaron en células rivales, se diversificaron a otras actividades delictivas y se produjo un caos.

Pero la estrategia tolerante de AMLO tampoco funcionó. Aunque cayó la tasa de homicidios, el poder de los delincuentes se afianzó. Las bandas delictivas crearon amplias redes de extorsión y pasaron al vigilantismo, al reclutamiento forzoso de jóvenes y al uso de fosas comunes ocultas para mantener sus actividades a salvo de la mirada pública.

Sheinbaum encontró una tercera vía. A diferencia de los gobiernos anteriores, que vieron en el descabezamiento de las bandas una estrategia aplicable a todo el país, la presidenta elaboró estrategias localizadas que ponen en la mira no solo a los jefes de las bandas sino también a los mandos intermedios. En paralelo, desplegó recursos de investigación para apuntar a las principales fuentes de financiación de los carteles y mejorar la coordinación con las autoridades locales.

La estrategia se basa en reconocer que los delincuentes no operan del mismo modo en todas las regiones y que no se los puede combatir con las mismas herramientas. En el estado de Michoacán (centro de la producción mexicana de aguacates) las bandas delictivas extorsionan a los agricultores. En estados petroleros como Tamaulipas o Tabasco, se dedican a contrabandear combustible. A lo largo de la frontera entre México y Guatemala, trafican y secuestran migrantes. En Cancún y Ciudad de México, venden drogas a turistas y consumidores locales. Y en Tijuana, cruzan la frontera para operar en Estados Unidos y cobrar en dólares. Los incentivos y las estructuras organizativas de cada economía delictiva varían, y solo se pueden desmantelar con estrategias específicas.

Por eso Sheinbaum tiene planes separados para el contrabando de combustible en las zonas petroleras, la corrupción en los puestos de control aduanero, la extorsión en las zonas agrícolas y la infiltración y captura de las fuerzas policiales locales en los estados del sur. Y sobre todo, México está desarrollando sus capacidades de investigación de delitos y usándolas para detener a «agentes generadores de violencia», incluidos los mandos delictivos de nivel medio. El resultado fue un aumento de las detenciones, que llevó la población carcelaria mexicana a crecer un 11 % en los primeros quince meses de la estrategia.

Es verdad que la tasa de encarcelamiento mexicana sigue muy por debajo de las de Chile, Brasil y (desde luego) Estados Unidos y El Salvador; y no es posible descartar abusos. De mantenerse el ritmo actual de aumento, en 2030 México formará parte del 25 % de países con mayores tasas de encarcelamiento. Además, como la duración media de los juicios es diez meses, dos de cada cinco presos todavía no tienen sentencia.

La falta de estudios más detallados impide atribuir toda la reducción de la violencia a la estrategia de Sheinbaum; también podría ser reflejo de autocontención por parte de las bandas delictivas. A diferencia de las organizaciones jerárquicas que predominaban antes, los nuevos grandes grupos como el Cartel de Jalisco Nueva Generación usan un modelo de franquicias descentralizado; eso lleva a que los descabezamientos sean menos desestabilizadores y reduce la probabilidad de fragmentaciones violentas. Muchas bandas delictivas son tan estratégicas en su modo de pensar como las fuerzas del orden: saben que cualquier exhibición de violencia las pondrá en la mira de las autoridades, dado el énfasis de Sheinbaum en reducir la delincuencia y la inmensa presión que recibe de Estados Unidos.

Algunos comentaristas sugieren que no es que los homicidios hayan disminuido, sino que los delincuentes han aprendido a ocultar mejor los cadáveres. Puede tener algo de verdad, pero es improbable que sea la principal explicación de la reducción. Y aunque en los últimos años hubo en México un aumento de la cantidad de personas desaparecidas, no es comparable con la disminución de homicidios.

Otra teoría es que el gobierno altera las estadísticas de homicidios reclasificándolos como accidentes o muertes por otras causas. No es posible descartar esas prácticas, y puede que se den en algunos estados. Pero incluso si todas las muertes atribuidas a accidente u otras causas fueran en realidad homicidios ocultos, la disminución de la tasa general de homicidios se mantendría.

Además, la reducción no incluye solo los homicidios. Los casos de robo, secuestro, extorsión e incluso agresión con agravantes muestran una tendencia a la baja desde que asumió Sheinbaum. Esto hace pensar en un proceso general de contención de la delincuencia, algo que no se observaría si la única variable en juego fuera una manipulación de las estadísticas de homicidios.

Por supuesto, México no tiene la delincuencia totalmente controlada. La violencia en algunas regiones sigue siendo muy alta, y el país todavía no tiene una fuerza policial profesional y no militarizada. Las encuestas de opinión señalan que la inseguridad es una de las preocupaciones principales constantes de la ciudadanía mexicana, y no es probable que eso cambie mientras Estados Unidos y Europa (mayores mercados de drogas ilícitas del mundo) sigan demandando lo que venden los carteles.

Además, México tiene un grave problema de corrupción, por el que las autoridades locales hacen la vista gorda o directamente permiten al crimen organizado operar con impunidad. La semana pasada, Estados Unidos solicitó la extradición de un gobernador en ejercicio al que acusa de colaborar con un cartel. Las autoridades mexicanas están investigando el caso, pero sostienen que no se les dieron pruebas suficientes en contra del acusado.

Como sea, todos los gobiernos del mundo deberían tomar nota. Si un país que enfrenta tantos desafíos como México puede hacer semejantes avances, tal vez exista una alternativa creíble a la brutalidad de Bukele.