Se debe actuar, al menos en tres frentes: el control legislativo institucional a las fuerzas armadas por labores que corresponden a los civiles, tarea que va a contrapelo de la opacidad y discrecionalidad con que operan regularmente los militares; legislar en materia de ciberseguridad y determinar las responsabilidades para la salvaguarda de la integridad de la información oficial, incluyendo el financiamiento a manera de evitar que las draconianas políticas de austeridad afecten el blindaje que debe tenerse, y actualizar la legislación que regula las actividades de inteligencia por las entidades del Estado.