Acuerdos mafiosos del exdirector de Pemex: quería Lozoya gasoducto a Guatemala para Odebrecht
Los funcionarios guatemaltecos con los que acordó imponer el proyecto ya fueron procesados por corrupción
CDMX.- Mediante acuerdos personales con funcionarios del gobierno del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hoy acusados de corrupción y tráfico de influencias, Emilio Lozoya como director de Pemex pretendía asignar de manera directa a Odebrecht proyectos estratégicos y muy rentables como el gasoducto México Guatemala.
Desde 2015 el entonces director de Pemex presionaba a todas las instancias del gobierno de Peña Nieto para que la la empresa productiva del Estado mexicano adjudicara directamente la obra de infraestructura tal como lo hizo con otros ductos de gas a través de Pemex Transformación Industrial.
Lo anterior quedó expuesto en una nota informativa interna de la Secretaría de Energía con fecha 23 de abril de 2015 en la que queda claro que tales demandas del ahora procesado por su posible responsabilidad en delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa además de no encuadrar en el marco jurídico mexicano, habían sido objetadas por el gobierno de Guatemala.
Lozoya iba más lejos, pues pretendía que Pemex fuera copropietaria con CFE de una planta de generación de energía eléctrica de 300 megawatts en Guatemala, pero que además Petróleos Mexicanos se haría cargo de la comercialización.
La inversión en el gasoducto México a Guatemala contemplaba una inversión de 520 millones de dólares de manera iniciar y que podría alcanzar los mil 200 millones y contaba con la asesoría del BID y el visto bueno de Estados Unidos.
Todo lo anterior siempre que el contratista del gasoducto fuera Odebrecht a pesar de que tal propuesta se oponía a la Ley de Hidrocarburos, además se intentó involucrar a Honduras y El Salvador, países hasta los que llegaría el gas estadounidense.
Fue en Cancún entre el 4 y 5 de mayo de 2015 durante el Foro Económico Mundial sobre América Latina cuando se organizó una reunión diplomática de alto nivel presidida por Enrique Peña Nieto en la que se trató de involucrar a Honduras y El Salvador para la distribución de gas natural.
En medio de las reuniones para definir el esquema de construcción del gasoducto, impaciente mientras escuchaba a funcionarios de la Secretaría de Energía, Lozoya intervino abruptamente y advirtió que ya había fijado con el ministro de Energía de Guatemala, Erick Archila Dehesa, que el gasoducto lo haría Odebrecht.
Joaquín Coldwell encargado de Energía y el entonces canciller José Antonio Meade se notaron incómodos con la escena, pero guardaron silencio, Lozoya continúo explicando que Archila y él habían resuelto también que la asignación a Odebrecht sería directa y por eso no era necesario seguir analizando el tema de una licitación pública internacional.
Finalmente el encuentro terminó sin acuerdos sobre el gasoducto el cual hasta la fecha no se ha construido a pesar de considerarse uno de los proyectos más rentables porque Centroamérica requiere urgentemente infraestructura para el transporte de gas natural.
Pedro Joaquín Coldwell llamó a su equipo a analizar el episodio y también concluyó que el proyecto debería ser construido por Odebrecht que según él “era una buena empresa que ya había construido con éxito la planta de Etileno XXI en Veracruz”.
Erick Archila Dehesa, el funcionario de la controvertida reunión con Lozoya, fue indiciado en una investigación sobre fondos ilegales para el Partido Patriota durante el proceso electoral que llevó a Otto Pérez Molina a la Presidencia de Guatemala y por lo cual fue investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
La trasnacional brasileña Odebrecht también fue parte de los sobornos a funcionarios guatemaltecos para la asignación de una carretera según los archivos de la CICIG.
Archila Dehesa ahora se encuentra prófugo, acusado de corrupción como parte de las indagatorias que presentó ante el Poder Judicial de Guatemala la CICIG, que en septiembre pasado concluyó sus operaciones en ese país luego de 11 años de apoyo judicial.
Con información de la revista Proceso
