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Silvia Ortiz, de Grupo Vida, informó que la reunión que se sostuvo con el Comisionado Estatal de Búsqueda y la Secretaría de Finanzas, tuvo como intención escuchar cuáles son las miras más urgentes para la operatividad del órgano de búsqueda.

Este fin de semana se llevó a cabo la primera reunión para conocer de las necesidades demandadas por los colectivos de familiares de desaparecidos en la entidad para la conformación presupuestaria de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Silvia Ortiz, de Grupo Vida, informó que la reunión que se sostuvo con el Comisionado Estatal de Búsqueda y la Secretaría de Finanzas, tuvo como intención escuchar cuáles son las miras más urgentes para la operatividad del órgano de búsqueda. 

Señaló, que entre los colectivos tuvieron la oportunidad de detallar que la Comisión de Búsqueda en el Estado, necesitará una estructura fuerte de elementos de búsqueda operativos, más que de direcciones que se puedan desprender para las acciones que se desarrollen. 

Explicó que tras esa primera reunión, todavía no se detallaron los montos necesarios para que se empiece a operar, pues ésta fue apenas la primera etapa donde se les dio la tarea para que en la próxima reunión detallen todas las necesidades operativas que se desprenderán de cada área, y de las cuáles se desprenderán los montos.

“Se nos presentó una propuesta para la estructura que revisaremos los colectivos. Nos dejaron de tarea poner las necesidades para una comisión, como el hecho de las necesidades que se exponen para una búsqueda terrestre desde al inicio de las acciones, así como de otros procesos, por ejemplo de búsquedas en vida”, detalló Silvia Ortiz. 

En ese sentido, señaló que todavía no se sabe de cuánto puede ser el perjuicio de los recortes presupuestales que haya para estas comisiones en toda la entidad, situación que se repitió con lo repartido en las entidades del país proveniente del Gobierno Federal. 

Sin embargo, dijo que si se replican dichos recortes para la Comisión Estatal de Búsqueda, así como para la Nacional, se podrían provocar un entorpecimiento para lo contemplado en las acciones de búsqueda de personas desaparecidos en las que algunos colectivos en todo el país ya tienen más de una década.