Gobierno de AMLO podría enfrentar demandas multimillonarias de trasnacionales

Con las reglas del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés) en los temas de inversión y solución de controversias, México corre el riesgo de enfrentar demandas multimillonarias de grandes empresas trasnacionales petroleras y de telecomunicaciones para proteger sus inversiones en caso de que el nuevo gobierno pretenda hacer cambios a las leyes vigentes, advirtió Carlos Reyes Díaz, coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM.

“Es una regresión porque en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) inicial que se negoció con Estados Unidos, México se había protegido especialmente para que no pudiera ser demandado en temas relacionados con hidrocarburos, telecomunicaciones y puertos. Pero en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –que derivó en el Usmca– se olvidó lo que se logró en el TPP ”, indicó en entrevista con La Jornada al analizar el capítulo sobre inversiones del nuevo acuerdo y el mecanismo de solución de diferencias entre empresas y Estado.

Destacó que se está dando un paso más atrás que el CPTPP, también conocido como el TPP-11 después de que Estados Unidos abandonó el tratado original, porque el capítulo de inversiones quedó suspendido.

El mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos otorga al inversionista el derecho de acción para reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión y esto protege a empresas de los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transporte y proyectos de infraestructura, precisa el resumen sobre el capítulo de inversión difundido por la Secretaría de Economía.

Con ello quedaron fuera de dicha protección en tribunales internacionales muchos sectores productivos cuyos derechos de inversión pueden ser violados, abundó el especialista. Si una empresa manufacturera, por ejemplo, se ve afectada por actos o decisiones políticas de los gobiernos de cada país, lo único que le queda es acudir a los tribunales nacionales y eso no tiene sentido, ¿cómo acudir a los tribunales del propio Estado que violó sus derechos?, comentó.

Reyes Díaz acotó que los textos no son definitivos, porque es un acuerdo general cuyos detalles deben ser trabajados, pero insistió que en principio, sí parece una cuestión riesgosa para México, porque permitirá a empresas de hidrocarburos y telecomunicaciones que, ante cualquier política o acción proteccionista del nuevo gobierno puedan detonar una demanda multimillonaria, lo cual sería riesgosísimo para México porque las demandas son proporcionales al nivel de inversión que se da en esos rubros.

No se cedió demasiado

No obstante, el también profesor y especialista en comercio exterior e inversión extranjera de la Facultad de Derecho, rechazó que el gobierno de México haya cedido demasiado en dichos temas o que hubiera descuido del equipo negociador o de la representación del gobierno electo.

“Son medidas bien pensadas, dirigidas a no ahuyentar la inversión privada en el sector energético. Se trata de acotar muy claramente cuales serán las facultades que tengan como empresas hacia delante, pero, al mismo tiempo, se está tratando de proteger el mensaje político de ‘vengan a invertir, en México somos un país confiable y tenemos la posibilidad de abrir contratos a los inversionistas’. Se trata de dar certeza mandando un mensaje de ‘no los vamos a afectar en sus derechos’.

Yo no diría que se cedió demasiado porque si lo que se quiere es seguir atrayendo inversiones, se hizo lo correcto. Si lo que se quería era completamente cerrar la reforma energética, sí se puede haber dado un paso en sentido contrario. La pregunta no es entonces si se hizo lo correcto o no, sino qué es lo que quiere el gobierno, puntualizó.

De cualquier manera, el investigador recordó que el Usmca está en manos del Senado mexicano, el Parlamento canadiense y el Congreso estadunidense, así que es un primer saque, pero falta el análisis particular de la soberanía de cada uno de los países para poder validar lo que se negoció.