La nueva deuda contratada; ¿realmente Coahuila está en números rojos?

En Coahuila casi nadie supo que durante diciembre pasado Gobierno del Estado volvió a endeudarse con los bancos a fin de “generar liquidez”. Dicho en otras palabras: solicitó un crédito por 978 millones de pesos a Grupo Multiva para tener dinero en caja y cumplir con sus obligaciones más elementales ya que –interpretando la información oficial– Rubén Moreira no dejó ni clips en la oficina.

Una raya más al tigre.

Así, en sus primeros días de administración como gobernador, Miguel Riquelme rompió la promesa que hizo en la campaña electoral cuando garantizó, textualmente, que no pediría prestado “un solo peso en los próximos seis años” (03/04/17).

Más pronto cae un hablador que un cojo.

Sucede una vez más en diciembre, cuando menos atención prestan los ciudadanos a los asuntos públicos, de por sí desatendidos el resto del año. Cito un antecedente: el 15 de diciembre de 2015, Grupo Multiva (sí, él otra vez) nos prestó 830 millones de pesos que serían destinados a “obra pública” (correspondiente a la Secretaría de Infraestructura en tiempos de María Esther Monsiváis) y a “programas sociales” (adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social bajo el mandato de Rodrigo Fuentes).

Al día de hoy no existe certeza de que los recursos realmente se hayan utilizado en ello.

Y nuevamente tuvimos que descubrirlo nosotros, por nuestros propios medios, antes del anuncio oficial. En abril de 2017, justo es decirlo, en este mismo espacio se publicó una revelación: Grupo Financiero Interacciones compró entre irregularidades la deuda del Gobierno de Coahuila con Santander, por 2 mil 037 millones 814 mil pesos. Días después Ismael Ramos Flores trató sin éxito de desmentirlo.

En esta ocasión, cabe señalar, nos enteramos hasta que la Dirección de Política de Crédito, dependiente de la Secretaría de Finanzas, envió su reporte mensual de deuda pública al Congreso el 10 de enero. Quien esto escribe lo difundió vía Twitter inmediatamente después de conocerlo. Al Mandatario estatal, posteriormente, no le quedó más que admitirlo cuando fue cuestionado al respecto.

Pero el asunto es más grave de lo que se piensa. De acuerdo con el “Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda”, la administración estatal no puede contratar financiamiento durante el ejercicio fiscal 2018, ya que se ubica en semáforo rojo. Es la única del País que lo tiene prohibido con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Por eso lo hizo en los últimos días de 2017, es decir, antes de que la carroza se convirtiera en calabaza. Al límite de la legalidad. O de la ilegalidad, como se quiera ver.

Tomando en cuenta lo anterior, el tercer refinanciamiento por el total de la deuda pública, próximo a realizarse como anticipó el titular de Finanzas, Blas Flores Dávila, se sostiene con alfileres pese a ser autorizado por la anterior Legislatura.

Por si fuera poco, se avecina también una reducción de la nómina estatal por la misma causa: “el Gobierno requiere liquidez” (24/01/17).

Es decir, no está el horno para bollos.

Cortita y al pie

Ahora bien, ¿verdaderamente Coahuila estaba en números rojos el mes pasado, o los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno aprovecharon la última oportunidad que tenían para endeudarse antes de las elecciones de 2018?

Ningún crédito conseguido en el pasado reciente ha sido empleado con absoluta transparencia. En octubre de 2014, por ejemplo, Moreira II solicitó 2 mil 500 millones de pesos para saldar adeudos con proveedores que dejó pendiente Moreira I, y entre otras excentricidades terminó pagando una extraña cuenta de 7 millones 566 mil pesos con “Restaurantes Industriales Pozolcali S.A. de C.V.”

La última y nos vamos
Por lo demás, hay áreas donde la bonanza económica no decae, como la Coordinación General de Comunicación Social e Imagen Institucional. La dependencia dispone de 518 millones 499 mil pesos para ejercer en 2018, distribuidos en tres rubros: “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, “servicios de producción de publicidad” y “relacionados con el monitoreo de información en medios masivos”.

Un promedio de un millón 420 mil 545 pesos al día en propaganda. Cuál crisis.
En resumen: apenas llevan 59 días en el poder y ya nos endeudaron de nuevo, además de amenazar con recortes. ¿No sería más conveniente dejar de financiar medios de comunicación –y comunicadores– sin credibilidad ni audiencia para salir del supuesto bache financiero?
Usted qué opina.

@luiscarlosplata