“Ningún país a salvo de la corriente censuradora”, concluye la SIP

Charleston, Carolina del Sur.- La 71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que reunió en esta ciudad a más de 300 directores de medios y periodistas, finalizó hoy tras cinco días de sesiones con el siguiente documento que sintetiza los debates y discusiones que tuvieron lugar en torno a la libertad de prensa en el hemisferio occidental.

CONCLUSIONES de la 71ª  Asamblea General 2 al 6 de octubre de 2015

Violencia que no cesa contra medios y periodistas; multiplicación de leyes, proyectos y presiones gubernamentales que intentan controlar el libre flujo informativo en los medios tradicionales y también en las nuevas plataformas; restricciones al acceso a la información  pública; asignación discriminatoria de publicidad oficial y mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos. Estas fueron las alarmas más escuchadas por los editores reunidos en la 71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Es que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tradicionalmente garantistas de la prensa libre, y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al “discurso del odio”. Esto, sumado al avance de sicarios del narcotráfico y pandillas urbanas, genera riesgos ciertos para las libertades ciudadanas, y las de expresión y prensa en particular, y por ende para la consolidación de la democracia en el continente.

El accionar ilegal y en muchos casos impune del crimen organizado, de bandas de traficantes de drogas y de grupos parapoliciales dejó desde marzo último un saldo de 11 periodistas asesinados: 3 en Brasil, otros tantos en México, 2 en Guatemala y 1 en Colombia, Honduras y República Dominicana, respectivamente. En Colombia, prescribieron dos asesinatos ocurridos en 1995, pero debe resaltarse la condena al ex congresista Ferney Tapasco por la autoría intelectual del homicidio de Orlando Sierra.

En varios países de la región se produjeron agresiones físicas, atentados, coacciones o amenazas contra periodistas y medios por razones vinculadas al ejercicio de su actividad. En Bolivia, tres periodistas fueron detenidos y encarcelados temporalmente en represalia por sus denuncias sobre corrupción en la administración pública. En Guatemala y Argentina hubo represión a reporteros que cubrían procesos electorales, y en Perú, Ecuador y Brasil,  a quienes informaban sobre conflictos y reclamos sociales.

En Venezuela, donde se consolida un totalitarismo comunicacional de Estado, se registraron en lo que va del año 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información. Un hecho positivo es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocido a comienzos de septiembre que ordena restituir equipos y licencias a RCTV, aunque la sentencia ha sido desconocida hasta el momento por el gobierno de Nicolás Maduro.

En Cuba, pese al restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de ese país y Estados Unidos, hay pocos avances en las libertades de expresión, asociación y prensa, y siguen encarcelados dos periodistas. Persiste la censura sobre sitios digitales críticos, se revisa el correo electrónico, se suspende la telefonía móvil y se agrede de manera física y verbal a activistas y periodistas independientes, entre otros esquemas represivos.

En Ecuador, continúa el clima de represión de los organismos de control y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Medios y organizaciones sancionadas recurrieron al derecho constitucional a la resistencia. Fue archivado un proceso para la disolución de Fundamedios, pero persisten las amenazas. Continúan los enlaces presidenciales de los sábados, que señalan y estigmatizan a quienes se atreven a disentir con el oficialismo. También en Argentina y en Venezuela los presidentes recurren de modo abusivo a cadenas nacionales, para hacer propaganda partidaria y denostar a sus críticos.

Los abusos y el manejo discriminatorio de pauta publicitaria oficial son crecientes en Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y México.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia reveló que en 2014 expidió dos citaciones y una orden de registro y autorizó en dos ocasiones interrogatorios a medios de comunicación y periodistas. Dos reporteros que cubrieron los disturbios el año pasado en Ferguson fueron acusados por presunta “interferencia y violación a la  propiedad”.

Las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado se acentuaron en Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En Chile, proyectos de ley en trámite podrían significar severas trabas a la libertad de prensa; entre estas, intervención en la línea editorial de los medios, restricciones al derecho de propiedad y menoscabo al derecho de libre iniciativa económica; perjuicio para las empresas periodísticas y periodistas, y restricciones al acceso a la información.

En Panamá, se estudia una iniciativa de ley que, entre otras graves restricciones a la libertad de expresión, impone la colegiación obligatoria y establece sanciones de cárcel por el ejercicio ilegal del periodismo. Continúan las investigaciones sobre escuchas ilegales que afectaron a periodistas.

La concentración de medios por parte de grupos gubernamentales o para-gubernamentales se extiende en el continente. En Paraguay, por caso, el grupo empresarial ligado al presidente Horacio Cartes compró un grupo de medios que despierta controversias sobre la concentración editorial en manos de allegados al gobierno. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega mantiene férreo control contra medios y periodistas. Solo quedan un canal de TV, una radio y un diario independientes; el resto es propiedad de la familia Ortega o allegados. El presidente ecuatoriano Rafael Correa no cumplió su compromiso de reprivatizar los medios expropiados tiempo atrás por su gobierno. Y en Argentina se multiplican grupos multimedia nacidos y criados al calor de la publicidad oficial, aunque anémicos de audiencia.

En Uruguay, preocupa el manejo del programa de vigilancia electrónica del Ministerio del Interior y prosiguen ante la Corte Suprema de Justicia 18 reclamos de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En cambio, en Costa Rica fue descartado un proyecto de ley de radio y televisión que atentaba contra empresas privadas y la libertad de prensa, y se estudian iniciativas para regular la publicidad oficial, despenalizar la tarea de los periodistas y legalizar emisoras de radio comunitarias. No obstante, permanecen amenazas para el periodismo libre.

También merecen destacarse esfuerzos coordinados de organizaciones de la región en defensa de la libertad de prensa, como el reciente Foro de Quito, que definió un plan de acción para reclamar por la vigencia de ese derecho en Ecuador.