La prudencia invita a creer en las proyecciones que el sector privado está planteando sobre la reforma eléctrica y eso lo único que anticipa son malas noticias para todos

El sector empresarial del país advirtió ayer sobre la posibilidad de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada esta semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, traiga consigo fuertes consecuencias negativas de carácter económico para todos.

El Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente, Carlos Salazar, afirmó que las reformas generarán “sobre costos” en el suministro eléctrico por el orden de 63 mil 300 millones de pesos anuales que deberán ser pagados fundamentalmente por la industria y el Gobierno.

De acuerdo con el análisis realizado por el CEE, dijo Salazar, el nuevo modelo de despacho, que implica inyectar al sistema de distribución, de forma preferente, la energía producida por las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, independientemente de su costo de producción, encarecerá el servicio para los usuarios industriales.

En respuesta al señalamiento de los impulsores de la reforma, en el sentido de que ésta tiene como propósito mantener estables las tarifas del servicio, el sector empresarial recordó que el consumo doméstico implica solamente el 25 por ciento del total y el resto lo consumen las empresas.

En este sentido, se adelantó que el sostenimiento de las tarifas domésticas implicará de cualquier forma un incremento en el monto de los recursos que ya se destinan a su subsidio y que este año alcanzará la cifra de 70 mil millones de pesos.

Pero si las empresas deben absorber el incremento en las tarifas que se teme, eso repercutirá en los precios de los productos, pues el de la energía eléctrica es, al menos en las tiendas de autoservicio, el segundo costo más importante después de los salarios, señaló Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

Frente a estos señalamientos resulta obligado preguntarse ¿quién tiene los datos correctos, el Gobierno de la República o la iniciativa privada? ¿Quién ha hecho correctamente la tarea a la hora de calcular las repercusiones materiales concretas de este viraje?

El sector público en México se ha caracterizado largamente por fallar en sus previsiones, por realizar ofrecimientos que en el discurso suenan deseables pero que producen realidades peores a aquellas que buscaban combatir.

Y el actual Gobierno de la República no es diferente en ese sentido. Por más que su política de austeridad haga ver al presidente López Obrador como un individuo que, a diferencia de casi cualquier otro, no usa el poder para enriquecerse a sí mismo, los datos duros no lo retratan como alguien capaz de concebir soluciones más eficaces a los problemas cotidianos.

Con tales antecedentes, la prudencia invita a creer en las proyecciones que el sector privado está planteando y eso lo único que anticipa son malas noticias para todos. Porque aún cuando se cumpla la promesa de que las tarifas domésticas no sufrirán incrementos, las repercusiones que por la vía del incremento en los costos industriales tendríamos que pagar suenan a noticia que eclipsará cualquier festejo por esta reforma.