Como era previsible, el incremento de 12 por ciento en el peaje de la autopista Saltillo-Monterrey generó una ola de reacciones de protesta por parte de automovilistas, entre otras razones porque se trata de un incremento que resulta desproporcionado para cualquiera si se toma en cuenta que la inflación cerró 2019 por debajo del tres por ciento.

Más allá del disgusto de los usuarios, la clase política de Coahuila y Nuevo León se apresuró a pronunciarse al respecto y ayer se adelantó que integrantes de las legislaturas estatales de ambas entidades formalizarán hoy una petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se revierta el incremento a la tarifa de peaje de la Sal-Mon.

Resulta obligado preguntarse si las “gestiones” de los legisladores tienen alguna posibilidad de éxito o sólo se trata de dejar constancia de que “están de nuestro lado"

Todos agradecemos, desde luego, que nuestros representantes populares se muestren prestos a reaccionar frente a un incremento que pega fuerte en el bolsillo de quienes utilizan la referida vía de comunicación, pero vale la pena preguntarse si podemos -o debemos- albergar esperanzas en torno a la posibilidad de que la gestión tenga éxito.

Más aún: cabe preguntarse si quienes hoy acudirán -en nuestra representación- a demandar que la SCT revierta el aumento en la tarifa podían -o debían- estar enterados con antelación de que el incremento habría de registrarse en estas fechas y que sería de la magnitud observada.

¿Por qué cabe preguntarse lo anterior? Porque un documento público, fechado el 15 de noviembre de 2019, emitido por la calificadora HR Ratings, advierte que, aún cuando el ajuste de la tarifa de peaje de la autopista debe hacerse en línea con el índice inflacionario, existen dos años “atípicos” en los cuales la tarifa tendrá que incrementarse por encima de la inflación: 2020 y 2022.

“Con respecto al cálculo de los ingresos, de 2020 en adelante se consideró que las cuotas de peaje se actualizan en enero de cada año de acuerdo con el cambio esperado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)… con excepción de 2020 y 2022 año(s) en que se consideraron ajustes tarifarios extraordinarios”, dice el documento.

De hecho, el incremento registrado este año, al menos en el caso de los vehículos particulares, es casi ocho décimas de punto porcentual menor a la recomendación realizada por la calificadora que en su documento propone un alza de 12.7 por ciento para 2020.

El documento de HR Ratings enumera diversas causas económicas que “justifican” el incremento “extraordinario” de este año, mismas que están relacionadas, sobre todo, con el cumplimiento de las obligaciones crediticias de los concesionarios, variable que impacta directamente en la calificación del instrumento bursátil utilizado para financiar el proyecto.

Dadas estas razones, que eran públicas desde hace dos meses, resulta obligado preguntarse si las “gestiones” de nuestros legisladores ante la SCT tienen alguna posibilidad de éxito o sólo se trata de un movimiento realizado para dejar constancia de que “están de nuestro lado”.