Virginia se convierte en estado número 23 de EU en abolir pena de muerte
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Virginia es partir de hoy el estado número 23 estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte después de haber ejecutado a unas 1,400 personas desde tiempos coloniales.
Virginia abolió la pena de muerte tras haber ejecutado a unas 1,400 personas desde tiempos coloniales y se convirtió así en el primer estado exconfederado de EU en deshacerse del castigo final.
El gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, selló el proyecto de ley de abolición que aprobaron previamente las dos cámaras legislativas estatales, ambas también bajo control progresista.
Northam agradeció a los legisladores haber facilitado que la ley haya llegado a su mesa: "Virginia se unirá a otros 22 estados que han acabado con el uso de la pena de muerte".
"Este es un paso importante para asegurar que nuestro sistema de justicia penal es justo e igualitario para todos", dijo.
Virginia se convierte así en el estado número 23 -de 50- en abolir la pena de muerte en EU, pero su determinación en aplicarla durante décadas deja un sabor a fin de era.
Virginia se convirtió en el 23er estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte, cuando el gobernador firmó un decreto que puso fin a la práctica.
Es un cambio dramático para la provincia, que hasta ahora había efectuado la segunda mayor cantidad de ejecuciones de todo el país.
DE 1608 A 2017, CUATRO SIGLOS DE EJECUCIONES
La del capitán George Kendall en 1608, acusado de traición, está considerada como la primera ejecución en Estados Unidos todavía en tiempos de la colonia inglesa de Virginia.
Más de cuatro siglos después, en 2017, el estado acabó con la vida de William Morva, su último ejecutado.
Entre uno y otro, Virginia ha ejecutado a cerca de 1,400 personas, más que ningún otro estado, según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC, en inglés): Desde piratas en el siglo XVIII a John Allen Muhammad, el "francotirador de Washington", muertos en la horca, fusilados, en la silla eléctrica o más recientemente con una inyección letal.
Con 113 ejecuciones desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, el considerado como periodo moderno de la pena capital en Estados Unidos, tan solo Texas supera en ajusticiamientos a Virginia.
LA TRANSFORMACIÓN DE VIRGINIA
La Virginia de 2021, cada vez más metropolitana a Washington, ve muy de lejos aquella que durante la Guerra de Secesión acogió en Richmond la capital de la Confederación, u aquella otra que en 1967 fue obligada por el Tribunal Supremo a aceptar matrimonios interraciales.
De hecho, fueron familiares de víctimas de condenados a muerte, entre ellos una hija del policía asesinado por Morva, quienes pidieron acabar con las ejecuciones en 2019 al Legislativo de Virginia, recién tomado por los demócratas.
Con la pena capital finiquitada, Virginia también ha conmutado a penas de cadena perpetua a los dos únicos presos que quedaban en el corredor de la muerte. Se trata de Anthony Juniper, condenado por asesinar a 4 personas, incluidas dos niñas; y de Thomas Porter, que mató a un policía.
"Tenemos a cinco virginianos muertos que esta ley hará que sus asesinos nunca reciban justicia", afirmó en una audiencia el legislador republicano Rob Bell, que como la gran mayoría de sus compañeros se opuso a la medida.
UNA PENA DE MUERTE EN AGONÍA
En sus últimos seis meses en el poder, el expresidente Donald Trump, quien abandonó la Casa Blanca el pasado 20 de enero, despertó del coma a la pena de muerte federal para ordenar la ejecución sin precedentes de 13 presos, lo que mostró una imagen adulterada del estado de salud de la pena capital en Estados Unidos.
Lo cierto es que en la última década la opinión pública le ha dado la espalda a la pena de muerte, las condenas han caído en picado y también lo han hecho las ejecuciones: de las 98 en 1999 repartidas por todo el país a 22 en 2019, limitadas a un puñado de estados sureños como Texas, Georgia o Alabama.
Las deserciones de estados que abandonan como Virginia la pena de muerte son cada vez más frecuentes, las farmacéuticas se niegan a suministrar sus fármacos para las inyecciones letales y todavía se arrastran los pleitos por una serie de ejecuciones fallidas años atrás.
El declive de la pena capital es evidente, si bien su final aún no se ve en el horizonte. Hace cinco años, parecía que un Tribunal Supremo progresista podía prohibirla de una vez por todas, pero esa ventana se cerró con la mayoría derechista apuntalada por Trump en la corte, condenando a la pena de muerte a su propio agónico final.
