Analiza Congreso de Coahuila tipificar como delito el sabotaje a infraestructura hídrica y servicios esenciales
COMPARTIR
La iniciativa plantea crear un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 30 años de prision daños, robos o alteraciones a infraestructura cuya afectación pueda interrumpir el suministro de agua, energía eléctrica o servicios públicos básicos
Ante la gran afectación que causan los constantes daños y actos de vandalismo registrados en infraestructura relacionada con el suministro de agua y otros servicios básicos, el Congreso de Coahuila analiza una iniciativa que busca tipificar como delito autónomo el sabotaje a infraestructura hídrica y de servicios públicos esenciales.
La propuesta, presentada por la diputada Olivia Martínez Leyva y elaborada en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal, plantea adicionar el artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para perseguir de oficio y sancionar con penas agravadas a quienes dañen, destruyan, inutilicen, sustraigan, alteren o interfieran en infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales para la población.
La iniciativa establece que estas conductas se castigarán con un incremento de una tercera parte de la pena prevista en el artículo 474 del Código Penal del Estado, que contempla el delito de sabotaje con sanciones de cinco a quince años de prisión.
De aprobarse, las personas responsables podrían enfrentar penas que irían de 6 años y 8 meses hasta 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño.
Además, el proyecto contempla agravantes que aumentarían la pena en una mitad adicional cuando la afectación recaiga en comunidades vulnerables, hospitales, escuelas o albergues; cuando provoque riesgos sanitarios o ambientales; cuando interrumpa el servicio por más de 24 horas; cuando impacte dos o más servicios públicos esenciales; o cuando sea cometida por personas con acceso autorizado a la infraestructura.
En estos casos, las penas podrían elevarse hasta un rango de 10 a 30 años de prisión.
Durante la exposición de motivos, la diputada Olivia Martínez Leyva señaló que actualmente estas conductas suelen encuadrarse únicamente en el delito de daño en propiedad ajena, cuyas sanciones resultan insuficientes frente al impacto colectivo que generan cuando afectan el acceso al agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica o la recolección de residuos.
“La infraestructura hídrica constituye la columna vertebral del ejercicio efectivo del derecho humano al agua de miles de familias coahuilenses, por lo que es nuestra obligación protegerla”, expresó.
La reforma contempla como infraestructura hídrica a pozos de extracción, bombas hidráulicas, tuberías, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, válvulas reguladoras, medidores, cárcamos de bombeo, acueductos y cualquier sistema físico o digital utilizado para operar o monitorear estos servicios.
