Coahuila: desde 1857, el pueblo votaba por jueces, ministros y magistrados, señala abogado

Elegir por voto popular a jueces, ministros y magistrados en México no es nada nuevo, no es una extravagancia ni una ocurrencia, eso se hacía desde 1857, pero en 1917 Venustiano Carranza lo eliminó para tener el control del Poder Judicial. El Varón de Cuatro Ciénegas no fue el gran demócrata que la historia ha presentado, señaló el abogado Gerardo Pérez Pérez.

El especialista en Amparo y ex profesor de Derecho Constitucional aseguró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, incluida en su Plan C, ayudará a democratizar y oxigenar la impartición de justicia, porque además se contará con el Tribunal de Disciplina Judicial que revisará y sancionará la actuación de quienes tienen el deber de impartir justicia.

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De acuerdo con la propuesta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias.

El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Legislativo, hasta 5 por cada cámara (Diputados y Senadores) por mayoría calificada; el Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la SCJN por mayoría de 6 votos.

En el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión).

México, sostuvo, está preparado para elegir a estos funcionarios a través del voto ciudadano, para que no tengan que responder a intereses de partidos o de la persona titular del Ejecutivo Federal. Asimismo, descartó que este mecanismo de participación del electorado abra las puertas al crimen organizado, o bien, que haya injerencia del presidente o presidenta de la República para imponer jueces, ministros y magistrados a modo.

La iniciativa refiere que el Senado verificará que las candidaturas cumplan con el requisito de ley y corresponderá al nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas organizar las elecciones para estos cargos.

Además, no se permitirá el financiamiento público o privado, sin embargo, candidatas y candidatos tendrán acceso a tiempos en radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Las campañas durarán 60 días, sin precampañas, y los partidos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.

Corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver las impugnaciones y declarará resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pérez Pérez destacó que en la Constitución de 1824 los jueces, ministros y magistrados se elegían en votación indirecta, los elegían los diputados quienes eran votados directamente por el pueblo y a nombre de este hacían la elección, y en la de 1857 por elección directa del pueblo por distritos electorales.

“Históricamente en nuestro país, la integración del cuerpo judicial se hacía en forma electoral. En 1917, por razones no muy claras, el presidente Carranza decidió terminar con este mecanismo y en su lugar hace una asignación indirecta, que recae en el Congreso de la Unión, en el caso federal, y en el caso de los estados en los congresos, la elección de jueces, ministros y magistrados”.

El objetivo de Carranza era tener el control del Poder Judicial y que sus integrantes no fueran elegidos por el pueblo. El abogado señaló que gobernadores, diputados y senadores se legitiman con la elección popular, los jueces, ministros y magistrados no son sometidos a ese proceso.

“Contrario a lo que la gente piense, no es una extravagancia, ni una ocurrencia pretender que sean electos por votación popular, esta fórmula los legitima de pleno derecho y políticamente porque será el pueblo el que incida directamente en la integración del Poder Judicial, sin que sea un encargo promovido por el Poder Ejecutivo y validado por el Poder Legislativo”, finalizó.