Congreso de Coahuila aprueba reforma a la ley de medios de impugnación electoral
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Este viernes, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, con el objetivo de ajustar el marco legal para el proceso electoral en curso, en el cual la ciudadanía elegirá a jueces y magistrados del Estado.
La reforma aprobada persigue varios objetivos clave. En primer lugar, busca adaptar el marco legal para la presentación de medios de impugnación relacionados con la elección de personas aspirantes a cargos judiciales de elección popular, como magistrados y jueces.
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Asimismo, ajusta el panorama competencial para asegurar que las impugnaciones sean resueltas por el órgano jurisdiccional adecuado. Un aspecto destacado en dicha reforma es la creación de un juicio específico para resolver las inconformidades respecto de los acuerdos emitidos en relación con la elegibilidad de los aspirantes a estos cargos.
La nueva legislación establece que el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, como órgano autónomo y especializado, será responsable de conocer y resolver las impugnaciones que surjan durante el proceso de selección, asegurando la legalidad y la transparencia del mismo.
Además, establece que solo las personas aspirantes o candidatas a cargos judiciales de elección popular podrán presentar medios de impugnación relacionados con su elegibilidad. Este aspecto busca garantizar que aquellos con un interés jurídico, personal y directo en el proceso electoral sean quienes puedan impugnar las decisiones, evitando que otros actores sin interés legítimo interfieran en el proceso.
En cuanto a las sanciones, el Tribunal Electoral también tendrá la facultad de conocer y resolver las controversias relacionadas con la violación al debido proceso judicial electoral, determinando las responsabilidades y sanciones correspondientes para aquellas personas que infrijan la ley.
La reforma también fue acompañada de modificaciones al Código Electoral de Coahuila, específicamente al Artículo 423, que establece que el Tribunal Electoral será el único encargado de resolver las controversias que presenten las personas aspirantes a cargos judiciales de elección popular, garantizando la legalidad y transparencia en todas las etapas del proceso.
