Exigen conductores de apps condiciones justas y denuncian acoso policial

Este martes, alrededor de 50 conductores de transporte por aplicación se manifestaron frente al Palacio del Congreso del Estado para exigir una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte, así como atención a diversas solicitudes orientadas a mejorar sus condiciones laborales.

Los manifestantes señalaron que sus propuestas fueron entregadas al Poder Legislativo desde octubre de 2024, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta. Expresaron que la actual ley los afecta gravemente, pues los requisitos establecidos dificultan su regularización.

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En su pliego petitorio, solicitaron, entre otros puntos, la ampliación del tiempo de vida útil permitido para sus vehículos de cinco a diez años —al igual que se permite a los taxis—, la posibilidad de regularizar unidades que no sean tipo sedán, siempre que sean seguras y cómodas para el servicio, y que se acepte un contrato de comodato cuando el vehículo no esté a nombre del conductor.

También denunciaron actos de acoso y extorsión por parte de elementos policiales, particularmente en municipios como Monclova y Torreón, por lo que pidieron la intervención del gobernador Manolo Jiménez para detener estas prácticas.

Al respecto, el diputado Alfredo Paredes, coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable del Congreso Local, afirmó que las propuestas serán analizadas en mesas de trabajo y diálogo, con el objetivo de construir una legislación adecuada para todos los sectores.

Paredes subrayó que, más allá de los intereses de concesionarios de taxis y empresas de aplicaciones, se debe contemplar un enfoque integral de movilidad que incluya mejoras al transporte público y alternativas para peatones y ciclistas.

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Agregó que se están considerando las distintas realidades de cada municipio, ya que presentan necesidades específicas en materia de movilidad, y que las reformas deberán adaptarse a esos contextos. Finalmente, mencionó que se trabaja en una ruta jurídica y técnica para construir una legislación más justa y equilibrada, que contemple tanto a los conductores de plataformas como a los del transporte tradicional.