‘Plan C de AMLO, ¡al diablo con las instituciones!’: docente de la UAdeC

El Plan C de Andrés Manuel López Obrador, secundado por Claudia Sheinbaum, que contempla reducir el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminar dos salas y renovar todos los ministros el próximo año, parece estar más orientado a eliminar contrapesos que a resolver los problemas de impartición de justicia y fortalecer el Poder Judicial en sus retos institucionales, asegura abogado saltillense.

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Al margen de realizar un análisis técnico y detallado de la exposición de motivos de la iniciativa, da la impresión de que los aforismos que la sustentan tienen como fundamento aquellas expresiones usadas por AMLO en otro momento, como “al diablo con las instituciones” y “no me vengan a mí de que la ley es la ley”, señaló el abogado Óscar Aarón Nájera Davis, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La reforma, indicó, contiene varios aspectos relevantes y uno de los que más llama la atención por la trascendencia y riesgo que conlleva es la designación de jueces y magistrados mediante el voto popular.

“Esta propuesta se ha enmarcado en la narrativa de avanzar en el desarrollo democrático del país, al permitir que los ciudadanos elijamos mediante elección directa o voto popular a los impartidores de justicia, lo que es, sin duda, un espejismo democrático”.

“Que los integrantes de los poderes judiciales no sean electos por voto popular no los convierte en entes no democráticos, pues la mayoría de los poderes judiciales se integran con la intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que sí son electos por la vía popular”, dijo.

De hecho, el Poder Judicial no sólo es el único poder del Estado en cuya integración concurren los otros dos poderes, sino que cuenta con un órgano de administración, vigilancia y disciplina, como lo es el Consejo de la Judicatura, donde también intervienen los dos poderes.

Subrayó que el Poder Judicial presta un servicio altamente técnico, consistente en la aplicación de las leyes, lo que conlleva su interpretación e integración cuando es necesario; es una tarea que demanda profundos conocimientos del Derecho y un alto sentido de responsabilidad social.

“Por eso es que la impartición de justicia en México se hace en nombre del Estado, no a través de jurados populares, sino a través de jueces con sólida preparación técnica y a quienes debe mover un actuar con ética indiscutible”, expuso.

“Por tanto, ninguna ventaja representa que los impartidores de justicia, como jueces, magistrados y ministros, sean electos popularmente, pues una elección así privilegiará la simpatía o empatía electoral por encima de la capacidad, conocimiento, honradez y madurez que exige el ejercicio de la judicatura”, aseguró.

El magistrado en retiro manifestó que el que los aspirantes a esos cargos tengan que competir para acceder al puesto, los deja a merced de los intereses en juego en la resolución de conflictos judiciales, tanto mercantiles, familiares, personales, de quienes pudieran haber infringido la ley y de organizaciones criminales, por ejemplo.

“El aspirante a juzgador no puede ni debe hacer más oferta que la de resolver los conflictos que se le planteen de manera imparcial, pronta y expedita. Llevarlos al terreno de la oferta electoral atentaría contra la independencia de los juzgadores, que es una garantía de la jurisdicción para la sociedad”,dijo Nájera.

Hasta donde tiene conocimiento, salvo Bolivia, ningún país elige a sus administradores de justicia a través del método propuesto por López Obrador, y en aquella nación los resultados han sido negativos en opinión de especialistas y de la misma sociedad.

Los estados donde la impartición de justicia se realiza a través de jurados populares o ciudadanizados, los cuales se eligen al azar, tampoco designan a sus jueces mediante el voto popular, pues hacerlo así pone en riesgo la imparcialidad a la que están obligados los órganos judiciales.

Asimismo, dijo que la propuesta no ofrece ventajas, no atiende a la resolución de los desafíos en la administración de justicia en México ni en los estados; en cambio, implica grandes desventajas pues anularía la independencia e imparcialidad a la que están obligados los juzgadores y privilegiaría la simpatía por el conocimiento y la responsabilidad en el ejercicio de la judicatura.

Además, finalizó, “conlleva el muy grave riesgo de que la justicia quede a merced de los peores intereses, poniendo en riesgo a los juzgadores, a los justiciables y al orden social que aspira a tener justicia y paz”.