Regresa juicio por el 11-S a tribunal en Guantánamo

Maryland, EU.- Cinco individuos acusados de planear los ataques del 11 de septiembre, entre ellos uno que se declaró el autor intelectual, regresan el sábado a un tribunal militar en Guantánamo, más de tres años después de que el presidente Barack Obama aplazara el caso en un fallido intento por trasladarlo a un tribunal civil y cerrar la prisión en la base estadounidense en Cuba.

En esta ocasión, los acusados podrían impugnar los cargos en su contra.

Khalid Sheikh Mohammed, quien afirmó a las autoridades militares que era responsable de planear los ataques "desde la A a la Z", se mofó antes del tribunal y dijo que él celebraría que los sentenciaran a muerte. El coacusado con Sheikh, Ramzi Binalshibh, dijo al tribunal que se sentía orgulloso de los ataques.

Sin embargo, Jim Harrington, el abogado civil de Binalshibh, dijo que es previsible que los acusados impugnen las acusaciones en su contra, que incluyen asesinato y terrorismo, y que conllevan posiblemente la pena de muerte.

"Binashibh no tiene intención de declararse culpable", manifestó Harrington. "No creo que alguien vaya a declararse culpable", apuntó, aunque declinó precisar en qué basaría la defensa de Binalshibh. Los abogados de Mohammed no respondieron a los mensajes en los que se les solicitaban que comentaran sobre el caso.

Los acusados jamás solicitaron declararse culpables en audiencias anteriores, sin embargo, Mohammed señaló al tribunal que confesaría haber planificado los ataques y que esperaba convertirse en "mártir". Criticó al sistema de la justicia militar y afirmó que "tras torturarnos, nos transfirieron a la tierra de la inquisición en Guantánamo".

Ahora, los acusados han tenido tiempo para reconsiderar su defensa tras un período de tres años en los que el Congreso y el presidente reformaron esos tribunales a los que se conoce como comisiones militares (cortes marciales).

"No estoy seguro de que entonces realmente comprendieran las repercusiones del asunto", señaló Harrington.

A la lectura el sábado de las acusaciones formales contra los procesados, ante un público que incluye un grupo de personas que perdieron familiares en los ataques del 11 de septiembre así como periodistas y observadores de derechos humanos, seguirá una audiencia, dentro de una serie de recursos de la defensa para impugnar los cargos y las normas de extremo secreto impuestas para impedir que se difunda información sobre los métodos y estrategia antiterroristas de Estados Unidos.

El inicio del juicio tardará cuando menos un año.

Los cinco acusados serán mantenidos en una sección de Guantánamo bajo estrictas medidas de seguridad, tanto que incluso la ubicación exacta es mantenida en secreto. Este lugar es una prisión dentro de la prisión y se le conoce como Campamento Siete.

No se ha visto a los procesados en público desde el día posterior a que Obama asumiera la presidencia, cuando la comisión efectuó a una audiencia parala continuarles el caso.

Las nuevas normas adoptadas por el Congreso y Obama prohíben la utilización de testimonios obtenidos mediante trato cruel o tortura. La CIA mantuvo a los acusados en prisiones ubicadas en lugares secretos en el extranjero, donde fueron sometidos a lo que el gobierno describe como "técnicas avanzadas de interrogatorio". Mohammed fue sujetado a una tabla para sumergirlo en agua 183 ocasiones, dijeron las autoridades.

Los detractores del proceso como Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch y ex fiscal federal, dijo que continúa siendo admisible el testimonio de testigos obtenido mediante coacción, aun cuando no lo es el de los encausados, y el caso se desarrollaría de mejor manera en un tribunal civil en lugar de que lo lleven un juez y un jurado escogidos por el Pentágono.

"Todavía persisten problemas relevantes en cuanto a si el juicio será imparcial y, lo más importante, si se le percibirá como tal", señaló Roth.

El gobierno se ha comprometido a hacer el proceso más transparente, mediante la transmisión de las audiencias a diversas bases militares estadounidenses en el noreste del país para que las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre puedan darle seguimiento al juicio sin que tengan que viajar hasta Guantánamo.

Los prisioneros ahora tienen acceso a abogados defensores civiles especializados en casos complejos de pena de muerte. Los costos de la defensa corren por el gobierno. Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos y abogados defensores condenan este tipo de juicios, a los que consideran llenos de fallas y principalmente imparciales.

Los defensores que se asignaron a los acusados dicen enfrentar obstáculos que jamás tendrían en un tribunal civil, como restricciones estrictas en cuanto a lo que puedan decir de sus clientes, manifestaciones que serán presuntamente consideradas secretas.

La transmisión de las audiencias será diferida 45 segundos en su desarrollo para que los censores puedan impedir la revelación inadvertida de secretos del gobierno, sistema que los detractores afirman tiene como propósito simplemente impedir a la gente enterarse de los detalles sobre el trato al que se ha sometido a los acusados.

"Todo lo que puedo hacer es intentar la protección de los derechos de mi cliente hasta donde me sea posible e intentar que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proveer un sistema de justicia imparcial y transparente, y que sea en serio", dijo Cheryl Bormann, abogada civil asignada para que represente al acusado Walid bin Attash.

Mohammed y sus coacusados fueron acusados formalmente primero en junio de 2008 en la base estadounidense en Cuba. El caso se estancó rápidamente debido a mociones que antecedieron al juicio y quedó en suspenso mientras Obama intentaba trasladarlo a un tribunal federal en Nueva York.

Sin embargo, miembros del Congreso rechazaron las pretensiones del gobierno e impidieron que éste transfiriera a prisioneros de la base de Guantánamo a territorio continental de Estados Unidos. Debido a esto no se concretó el cierre de la prisión de Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene aun a 169 prisioneros.

Una de las grandes diferencias entre la anterior audiencia y la próxima es que no hay duda de que un tribunal militar procesará a los acusados.

"Existe ahora el consenso... de que las comisiones militares (cortes marciales) tienen un papel estrecho, pero crítico, en nuestro sistema antiterrorista y de justicia", dijo el general brigadier Mark Martins, compañero de clase de Obama en la Escuela de Leyes de Harvard y que en 2011 fue nombrado fiscal en jefe.

Mohammed, paquistaní que creció en Kuwait y asistió a la universidad en Greensboro, Carolina del Norte, confesó a las autoridades militares que planeó o ejecutó unos 30 atentados en el mundo.

Admitió que mató personalmente al reportero del Wall Street Journal, Daniel Pearl, y señaló que diseñó un plan para destruir en 2001 un avión que efectuaría un vuelo trasatlántico en el que el atacante Richard Reid portaría los explosivos en los zapatos. Mohammed fue capturado en 2003 en Pakistán.

Los cuatro coacusados además de Mohammed afrontan los cargos de tener papeles secundarios en los ataques del 11 de septiembre:

Binalshibh, yemení, fue escogido para que efectuara un secuestro aéreo, pero no logró conseguir la visa estadounidense y terminó facilitando asistencia como encontrar escuelas de vuelo.

Waleed bin Attash, también de Yemen, presuntamente dirigía un campo de entrenamiento de al-Qaida en Afganistán y buscó simuladores y calendarios de vuelo.

Mustafa Ahmad al-Hawsawi, saudí, acusado de ayudar a secuestradores aéreos con dinero, ropa occidental, cheques de viajero y tarjetas de crédito.

Ali Abd al-Aziz Ali, paquistaní y sobrino de KSM, presuntamente facilitó dinero a los secuestradores aéreos.

Los cinco afrontan acusaciones que incluyen 2.979 cargos de homicidio, uno por cada persona que murió en los ataques del 11 de septiembre en los que aviones comerciales que fueron secuestrados y estrellados contra el Centro Mundial de Comercio, el pentágono y un campo en Shanksville, Pensilvania.

Grupos de derechos humanos y diversos integrantes de la comunidad jurídica afirman que las reformas no han sido profundas los suficiente y sólo un tribunal civil sería la forma legítima para procesar a Mohammed, no en una corte marcial en la que oficiales militares fueron elegidos como jurado y un coronel del ejército como juez, por decisión del Pentágono.

Roth, que será parte del contingente de derechos humanos que asistirá a la lectura formal de los cargos el sábado en Guantánamo, dijo que los fiscales pueden eludir las restricciones sobre testimonios obtenidos mediante coacción, quizá incluso sin saberlo, al presentar síntesis secretas de inteligencia para apoyar su caso.

Incluso con los cambios, los abogados defensores aseguran que las cortes marciales son todo menos imparciales.

Los defensores se quejan de que el mando militar les revisa su correo, en una situación indebida, lo cual interfiere en el canje de información secreta que existe entre defensores y clientes, que no se les dan los recursos suficientes para investigar los casos que el gobierno tardó años en construir, que continúan efectuándose en secreto demasiadas audiencias y que se les impide revelar lo que les digan sus clientes.

"Alguien puede decir que se reformó a una mula que costó cinco dólares porque se le puso una silla de 10,000 dólares", dijo el comandante de la Armada, Walter Ruiza, abogado militar para el acusado saudí al-Hawsawi. "Pero la mula todavía será una mula que costó cinco dólares, a la que sólo se le puso una silla de lujo", apuntó.