EU destruye educación pública para beneficiar al sistema Prisión-Industrial

Una modificación sistémica de las prioridades de educación otorga estructura oficial y permanente a una discriminación preexistente sobre la muy desfavorecida población pobre, comprendida en gran parte por personas de color criminalizadas. El aumento de escuelas autónomas corporativas y de prisiones privatizadas no se puede entender separado de las cifras del cierre de escuelas públicas en todo el país.

En otras palabras, en Estados Unidos está en marcha una política gubernamental y corporativa de extinción de la educación pública para todos y la conversión de los negros, marrones y latinos pobres en carne de presidio. La educación será para unos pocos privilegiados, mientras grandes corporaciones como el Bank of América y WalMart ingresan al negocio de la educación básica, a la vez que están en el rubro cárceles privadas, donde funcionan industrias que pagan hasta de 2 dólares por día de 8 horas de trabajo a la mano de obra esclavizada de los reos.

Más que el título de una noticia, "Destrucción de la Educación Pública Alimenta el Complejo Industrial de Prisiones" es un llamado a la reflexión de Adwoa Masozi, del Instituto de Estudios Políticos, publicado solamente por Inter Press Service, el 27 de febrero 2012, y rescatada por Proyecto Censurado como la 20ª noticia más censurada en el anuario Censored 2013. Lo que sigue es la traducción literal del trabajo de Masozi:

Estamos ante una redefinición sistémica de prioridades de la educación que da estructura oficial y permanente a una clase inferior preexistente compuesta en gran parte por gente pobre criminalizada, negro y marrón. A través de los estados de la Unión se están extirpando miles de millones de dólares de sus presupuestos de educación, como si el 22% de la población no fuera funcionalmente analfabeta.

De acuerdo a los estándares NAAL (sigla en inglés de Evaluación Nacional de Alfabetización de Adultos) del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, 68 millones de personas están leyendo por debajo de los niveles básicos. El Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas encontró que "casi todos los estados están gastando menos dinero (en educación) que en 2008 (después de la inflación), a pesar que el costo de la prestación de servicios será mayor". Además de reducir 4 mil millones de dólares de su presupuesto, Texas también ha eliminado los fondos estatales para programas de pre-kinder que sirven a alrededor de 100.000 niños, en su mayoría en riesgo. Carolina del Norte ha reducido casi 1.500 millones de dólares de la educación K-12 (suma de primaria y secundaria), que deriva en una pérdida del 80% de los fondos para libros de texto y un recorte del 5% para ocupaciones de apoyo, como consejeros y trabajadores sociales, entre numerosos otros recortes. Decisiones como éstas dejan pocas razones para preguntarse ¿por qué esos dos estados enfrentan un 27% de tasas de deserción?

Cerrar las escuelas públicas se ha convertido en un furor, que condujo incluso al estado de California a sacar una guía de buenas prácticas sobre la manera de cerrarlas y hacerlas aptas para otro giro. En su lugar, ¿por qué no promover una "guía de buenas prácticas para mantener una escuela viable"? ¿Por qué tomar estas decisiones cuando se sabe que la falta de educación reduce el acceso a oportunidades de empleo de calidad (y legítimo), aumenta la probabilidad de encuentros con el sistema criminal de (in)justicia, repercute negativamente en los resultados de salud y, en general, limita la capacidad para determinar su propio futuro?

Lo que estamos presenciando es una refundación sistémica de prioridades de la educación que da estructura oficial y permanencia a una clase inferior preexistente compuesto en gran parte de pobres criminalizados, negros y marrones. Ciertamente, tener una extensa clase baja no es nuevo en Estados Unidos, ya que hay bastante historial de negaciones a llenar los espacios vacíos de la gente y sus derechos. Sin embargo, los resultados materiales de este cambio son devastadores, comunitaria y económicamente, al igual que los resultados de los Códigos Negros de los años 1800 y las subsecuentes leyes de Jim Crow, que persistieron como totalmente legales hasta 1965, con la variación de su aplicación de estado a estado y que hasta hoy mantiene sus impactos en las comunidades.

La colusión entre este gobierno y los intereses privados no es nueva. No es una coincidencia que, al mismo tiempo, los vecindarios con una alta presencia de personas de raza negra estén siendo desestabilizados y desplazados por los desarrolladores empoderados por los municipios de los estados que están des-invirtiendo en la infraestructura de las escuelas públicas que les sirven, o por la vía rápida del acaparamiento de tierras urbanas, o la conversión de áreas pobres en ricas. Éste es un proceso insidioso para torcer la mano de las comunidades. La educación pública es algo más que un derecho, una libertad o un privilegio. Es una necesidad, tan básica y tan indiscutible como la tierra para caminar, alimentos para comer, el agua que debemos beber y el aire que se debe respirar para vivir. Porque absolutamente nada se hará, o se puede hacer sin ella en la sociedad humana. Entonces, ¿quién querría enviar a sus hijos a las escuelas que tienen adentro policías y detectores de metal en lugar de libros? ¿O a escuelas superpobladas con maestros en proporción de estudiantes de 1 a 30 y sin actividades extra curriculares o servicios de recuperación? Estas son las consecuencias materiales de la des-inversión en escuelas públicas. ¿Quién quiere enviar a sus hijos a escuelas en barrios que son mini-estados de la policía? Nadie, si se puede evitar.

Las "escuelas charter", por definición, no son el problema real. Han sido soluciones prácticas y creativas para educar a los niños cuando las necesidades no son satisfechas. La formación de centros alternativos de educación ha sido una norma que se practica en las comunidades de todo el país desde 1800. Pero lo que tenemos hoy en día es algo muy diferente. Las "charters" ahora se han establecido como sustituto de las escuelas públicas, en parte o en su totalidad. Empresas como Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y Wal-Mart, los principales inversores en prisiones privadas y los actores de la reforma corporativa de la educación, tienen una extraordinaria influencia en la política educativa a nivel estatal y federal.

Los padres, estudiantes, maestros, y otros actores relevantes, son manipulados para hacer una elección falsa, dibujando una línea en la arena donde el grupo equivocado de personas está en el lado opuesto. Ya sea para las escuelas públicas o charters, ambas partes quieren los mismos resultados, estudiantes creativos y de pensamiento crítico que estén preparados para participar plenamente en su comunidad y la sociedad en general. Han sido cooptados. Ahora adoptan un rol antagónico hacia las escuelas públicas tradicionales, en lugar de que las charters sigan operando como soluciones creativas, especialmente para las comunidades en crisis, compartiendo los recursos públicos.

Mientras se libran estas guerras territoriales, los niños que no asisten a esas escuelas de primer nivel, porque no han ganado esa lotería, se quedan atrás y con sus propios recursos en sus escuelas mal administradas, con hacinamiento y recursos insuficientes.

46% de los 2,3 millones de personas encarceladas no tienen un diploma de escuela secundaria, ni las habilidades necesarias para competir en un mercado laboral cada vez más pequeño. Esto significa que alrededor de un millón de personas no conseguirá nunca nada más que empleos sin calificación, bajos salarios, beneficios empobrecidos, en trabajos socialmente ingratos y probablemente en un ambiente mental y espiritualmente sofocante.

Poco se necesita conjeturar sobre lo que va a pasar con esos millones no calificados y sin educación que han resultado fallidos por estas escuelas que continúan siendo erosionadas. Van camino a las prisiones, porque estos jóvenes son la carne preferida del sistema penal de la (in)justicia.

Es por esto que puede existir el cierre récord de escuelas públicas en todo el país y, al mismo tiempo, somos testigos del surgimiento de empresas respaldadas por las escuelas charter y las cárceles privadas. El mensaje a la gente es que los elegidos son unos pocos que serán educados, y el resto quedará bloqueado en la lucha contra su propia condición de primariedad. Por eso tenemos que seguir esta lucha.