Condado Orange de California se niega a ser ciudad santuario
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La reacción contra la llamada ley santuario se produjo una semana después que la pequeña ciudad de Los Alamitos votó contra esa medida.
ANTA ANA, California, EU. — Las autoridades del condado de Orange, California, planeaban el martes estudiar cómo oponerse a una ley estatal que protege a los inmigrantes de las deportaciones dispuestas por el gobierno de Donald Trump.
La reacción contra la llamada ley santuario se produjo una semana después que la pequeña ciudad de Los Alamitos votó contra esa medida.
Los supervisores, todos republicanos, de este condado de 3,2 millones de habitantes en el sur de California discutían una resolución en apoyo a Los Alamitos y sumarse a la demanda del gobierno federal contra la ley, que en muchos casos prohíbe a la policía entregar a los sospechosos a los agentes federales de inmigración para su deportación.
“Esta ley impide a la policía retirar criminales de nuestra comunidad y constituye una amenaza a la seguridad pública, dijo el supervisor Shawn Nelson, quien propuso sumarse a la demanda del gobierno o iniciar otra.
El condado de Orange, donde se encuentran Disneyland y las playas donde pasan sus vacaciones muchos ricos y famosos, es gobernado por una junta de cinco supervisores, todos republicanos.
Si bien los republicanos superan en número a los demócratas, éstos han ganado terreno en los últimos años, y Hillary Clinton obtuvo más votos que Trump en la elección presidencial de 2016.
California, un estado de tendencia liberal con más de 10 millones de migrantes, aprobó una ley santuario el año pasado que limita la colaboración de la policía con las autoridades federales de inmigración.
Los partidarios de la medida sostienen que ésta alienta a los inmigrantes a denunciar crímenes sin temor a la deportación, mientras los detractores dicen que la policía local debe apoyar a las autoridades federales.
Las autoridades de Los Alamitos, una localidad de 12.000 habitantes situada 32 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles, pidieron apoyo a otras ciudades.
Expertos legales y defensores de los inmigrantes dijeron que una ciudad no puede negarse a acatar una ley estatal, y será demandada si lo hace.
