La representatividad legislativa está lejos, pero la comunidad LGBTIQ+ puede inclinar la balanza electoral en 2024

La tercera semana de febrero imprimió un ritmo frenético a la agenda de Temístocles Villanueva. En esos días, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México participó en mesas con activistas, políticos, empresarios, estudiantes y medios de comunicación en Guadalajara, de cara al lanzamiento de la plataforma Nación de Orgullo, el espacio en el que se busca analizar y discutir la agenda de las personas LGBTIQ+, e hizo promoción en Ciudad de México y Cuernavaca, antes de enfrascarse en un debate por redes sociales con Sandra Cuevas, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, que ha lanzado petardos a la coalición PAN-PRI-PRD, con quien rompió en noviembre, cuando le fue negada la candidatura para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, y que ahora busca un escaño en el Senado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

A Villanueva le queda claro que la movilidad en busca de consenso para influir en la designación de un mayor número de candidaturas para la comunidad diversosexual es impostergable, aun cuando se está en la recta definitoria. “Se tiene que pelear muchísimo”, dice. “Todo parece indicar que en el proceso electoral en curso va a disminuir la representación de la población LGBTIQ+ frente al proceso electoral 2021. Me parece una tragedia que la Sala Superior del Tribunal Electoral haya resuelto que solamente se asigne un espacio de representación proporcional a una población cercana al 10 por ciento. Si esto lo comparas con otros sectores de la población, es una diferencia abismal”.

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Desde su llegada al Congreso de la ciudad, Villanueva ha sido fiel a esa idea. Él es, sin duda, uno de los políticos con mayor trabajo de calle y parte central del lobby que logró, tras una batalla de años, la implementación de las acciones afirmativas en las jornadas electorales de 2021. Los criterios que buscan establecer un mínimo de espacios en el juego de la representación están lejos, sin embargo, de ser medianamente suficientes. Para el caso de las Cuotas Arcoíris, la teoría va muchos pasos por delante de la práctica. El Congreso capitalino, compuesto por 66 miembros -la mitad electos por mayoría relativa y el resto por representación proporcional- solo dispone de dos espacios para personas LGBTIQ+. Además de Villanueva, se encuentra Ana Francis López Bayghen, mejor conocida como Ana Francis Mor. Ambos fueron colocados por Morena gracias a un capital político enorme, tejido por uno y otra que, a la vuelta del tiempo, aún es insuficiente para que otras, otros y otres disputen el voto en población abierta.

La de Villanueva y el resto de la población LGBTIQ+ que busca una mayor representatividad parlamentaria para aminorar la violencia y discriminación de la que son sujetos, lo mismo que otros núcleos vulnerables como personas de pueblos originarios, barrios, afrodescendientes o con discapacidad, requiere de voluntad y compromiso a prueba de balas. Y de un imaginario con cota de malla. “Creo que nunca vamos a lograr tener un marco jurídico absolutamente representativo si no hay voluntad interna en los partidos. Es decir, sí te puede obligar la ley electoral, pero mientras los partidos sigan generando resistencias a abrir espacios, no vamos a lograr una representación cabal”, reflexiona congresista. “Esto también tiene que ver con la capacidad que como población logremos tener de organizarnos en torno a un proceso electoral. Nosotros mismos, nosotros mismes desde los partidos de izquierda y progresistas, estamos construyendo una plataforma que lo que busca es, en primer lugar, construir una agenda de gobierno que atienda las demandas históricas, que disminuyan las brechas de desigualdad, pero también una plataforma que le demuestre a los partidos la importancia que tiene el voto de la diversidad sexual en un proceso electoral. Nuestros votos pueden lograr cambiar el resultado de una elección, pero tenemos que demostrarlo con organización y estamos trabajando en ello”.

Lo diverso, desde luego que cuenta. En 2020, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) incluyó en el censo apartados que permitieron por vez primera contarse como persona con orientación sexual e identidad de género LGBTIQ+. Entre la población mayor a 15 años, lo hicieron cinco millones. Si se aplica la tasa mundial, el porcentaje equivale a más o menos la mitad de los que verdaderamente son. Significa entonces que en vez de una por cada 20 personas, México debe contar con dos por cada 20, un 10 por ciento efectivo de la población total. Como sea, el dato duro e inédito registrado de manera oficial, es un llamado a la lucha por la representatividad parlamentaria y dentro de la función pública en general, que no se tuvo antes.

“Seguramente hay un sesgo natural de las personas que tienen temor a manifestarlo en una encuesta de esta naturaleza”, dice Temístocles Villanueva. “Por otro lado también está la población que es conocida popularmente como la población que vive dentro del clóset, y el propio INEGI ha dicho que se estima que podría tratarse del doble de la población. O sea, el 5 por ciento se autopercibe en la encuesta, pero es probable que fuera de la encuesta, en la vida cotidiana, se trate de alrededor del 10 por ciento, que es además la media internacional que se ha repetido en distintas encuestas y censos que se han realizado en otros países. Respecto al proceso electoral hay un avance, pero sin duda aún la representación nos queda corta. Hay un avance porque hay obligatoriedad de ciertos espacios que se deben de otorgar, obligatoriedad dictada a través de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o por legislaciones creadas en las entidades federativas. Desde mi punto de vista todavía estamos muy lejos de garantizar una representación real”.

La lucha por escalar al escenario de la representación pública inició en 1997, con el arribo de la primera mujer lesbiana a la Cámara de Diputados, Elsa Patricia Jiménez. Es ella quien impulsa la agenda a favor de los derechos de la comunidad, que demoraría casi un cuarto de siglo en coronar con otra tanda dentro del Congreso, que se propuso elevar el argumento en pro del respeto a los derechos equitativos de las personas de la diversidad sexual. Ha sido un recorrido por la terracería de la política, y la llegada al parlamento tampoco ha estado desprovista de odio y descalificación, por ejemplo contra las diputadas federales trans, Salma Luévano y María Clemente García, a cargo de sus contrapartes panistas.

“La principal preocupación es que se ha hecho uso de la inmunidad legislativa para promover discursos de odio desde la máxima tribuna del país, particularmente del Partido Acción Nacional. Se ha visto tanto a nivel federal como a nivel del Congreso de la Ciudad de México”, dice Samuel Guzmán, uno de los líderes integrantes del Parlamento de las personas que pertenecen o se identifican con poblaciones LGBTIQ+ en 2023. “A nivel federal, lo testificamos hace poco, cuando la diputada del PAN Teresa Castell protagonizó esta manera de ofender a la población trans, que terminó por ser sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política a razón de género. Ofrece una disculpa obligada, pero arremete otra vez en contra contra la población de la diversidad y vuelve a enarbolar este discurso de una perversa agenda, de imposición de ideología de género, de que las personas trans son personas degeneradas, etcétera, etcétera.

“Y a nivel local lo hemos visto con América Rangel, que se ha encargado incluso de distorsionar y manipular las exigencias de los derechos de las infancia trans, al punto de hacer parecer que en la agenda de la sociedad civil se pretende impulsar el derecho de que las infancias puedan tener acceso a tratamientos hormonales, cuando eso es una una mentira. La agenda no pugna por facilitarles a las instancias tratamientos hormonales, sino que es una una perspectiva diferente desde la educación integral, desde el reconocimiento y el acompañamiento, no desde lo que ella pretende hacer creer que es obligar a las infancias a someterse a un tratamiento hormonal para su reasignación”.

En las elecciones de 2021 estuvieron en juego 20 mil 435 cargos. Además del Congreso federal, estuvieron en disputa 15 gubernaturas y 30 congresos locales, así como mil 900 presidencias municipales. De ese gran pastel, las personas LGBTIQ+ obtuvieron demasiado poco. Las medidas afirmativas no se aplicaron de manera obligatoria en todas las entidades y en una mayoría de casos los partidos políticos salvaron la recomendación del INE abriendo candidaturas que de antemano se sabían perdidas. Proporcionalmente, Movimiento Ciudadano figuró con un mayor número de postulaciones, y hasta el PAN presentó a más si se compara con las propuestas de Morena. La diferencia, sin embargo, es que las únicas candidaturas con escaño seguro fueron las de éste último.

Con un escenario así, funciona quedarse con los saldos positivos, o aquellas acciones que pueden generarlos, como Nación Orgullo, señala Samuel Guzmán. El bloque permite dimensionar el tamaño de la representación LGBTIQ+, algo que no pudo hacerse en 2021, y potenciar el lobby en el contexto de las candidatas presidenciales.

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“En lo personal confío que Claudia Sheinbaum puede ser una gran aliada. No puedo decir lo mismo de Xóchitl Gálvez, no tanto por ella, sino por los partidos de los que es candidata. Los grupos políticos que la postulan ya han demostrado sistemáticamente estar en contra del reconocimiento de derechos de la diversidad. Si acaso se salva el PRD, pero con el PRI y el PAN no podemos tener garantías. Sobre todo con el PAN, que pareciera que por política o definición estatutaria siempre está bloqueando y oponiéndose a cualquier tipo de política o reforma legislativa que tenga que ver con reconocimiento de derechos de la población sexodiversa”, prosigue Guzmán. “Dentro de esos partidos (PAN y PRI) desde luego existe la diversidad. Hay gente que está haciendo su lucha desde el interior. Si bien dudo que sus acciones vayan a consolidar en el corto o mediano plazo, da gusto saber que no pierden la esperanza y que creen que van a convencer y a cambiar, que son los caballos de Troya en estos partidos, particularmente el PAN”.

El cambio es un tema también generacional. O cosa del tiempo.

“Lo dice la propia encuesta del INEGI”, dice el diputado Temístocles Villanueva. “Si te das cuenta, la población más amplia de personas LGBTIQ+ se ubica entre los 15 y 29 años, y no es casualidad. No es que de repente haya nacido una generación que se autoadscribe a la diversidad sexual. Es que más bien las juventudes viven con mayor libertad, con menos prejuicios y logran acceder a derechos que las generaciones pasadas no podían. Eso por supuesto ha ayudado mucho, y tarde o temprano va a obligar a los partidos, a las estructuras de gobierno, a las propias iglesias, a cambiar. De hecho están cambiando. Y el discurso del Papa ha dado un giro radical respecto al tema”.