Lo que hay que saber del caso de Trump en las boletas de Colorado

Por Alan Feuer and Charlie Savage

Los jueces debatieron sobre una disposición que prohíbe que vuelvan a ser funcionarios quienes —después de haber prestado juramento— hayan participado en una insurrección contra la Constitución.

La Corte Suprema debatió el jueves si el expresidente Donald Trump es constitucionalmente inelegible para volver a la presidencia, tal y como había dictaminado la Corte Suprema de Colorado al excluirlo de la boleta electoral de ese estado.

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El tema gira en torno a si la Sección 3 de la Enmienda 14 se aplica a Trump debido a sus esfuerzos por mantenerse en el cargo tras perder las elecciones de 2020, acciones que culminaron en la revuelta del 6 de enero de 2021. La disposición prohíbe la posibilidad de ocupar cargos a personas que participaron en una insurrección contra la Constitución, después de haber prestado juramento para defenderla, mientras fungían como un “funcionario de Estados Unidos”.

A continuación, ofrecemos algunos de los aspectos más importantes de la audiencia de este caso.

Parecía improbable que el fallo de Colorado se mantuviera

Un número suficiente de magistrados expresaron su escepticismo ante la decisión de la Corte Suprema de Colorado, de modo que parecía probable que la mayoría de la corte concediera una victoria a Trump y votara a favor de anular ese fallo.

En general, la mayoría de los jueces se mostraron receptivos a los diversos argumentos que el abogado del expresidente, Jonathan F. Mitchell, presentó en apoyo de la anulación de la sentencia del tribunal inferior. Sus principales argumentos fueron que la Sección 3 no es “autoejecutable”, lo que significa que solo puede aplicarse mediante una ley independiente del Congreso, y que la disposición no se aplica a un expresidente como Trump.

Dos de los tres jueces liberales de la corte, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, se unieron a sus colegas conservadores para mostrar sus dudas sobre permitir que un estado decida quién puede postularse a un cargo nacional.

La jueza Kagan expresó su preocupación por el hecho de que, al permitir que Trump fuera eliminado de la boleta electoral de Colorado, podría sentarse el precedente de otorgar a los estados individuales un poder “extraordinario” para afectar las elecciones nacionales.

La jueza Jackson señaló que el texto de la enmienda no incluía explícitamente al “presidente” en la lista de cargos que podían ser inhabilitados por participar en la insurrección. Y argumentó que eso se debía a que la enmienda no pretendía inicialmente impedir que los rebeldes del Sur se postularan a la presidencia, sino más bien impedir que utilizaran su popularidad en sus estados de origen para buscar cargos locales y volver al poder postulándose al Congreso.

Algunos magistrados estaban preocupados por las ‘consecuencias inmanejables’

Varios jueces formularon preguntas que mostraban su preocupación por la posibilidad de que la confirmación de la descalificación de Trump por parte de la Corte Suprema de Colorado pudiera desencadenar un caos mayor o perjudicar de algún modo a la democracia.

El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., planteó en repetidas ocasiones la posibilidad de que otros estados pudieran tomar represalias eliminando de sus boletas a un candidato demócrata —no nombró específicamente al presidente Biden— diciendo que él también había participado en una insurrección. El juez Samuel A. Alito Jr. también reflexionó una y otra vez sobre ese punto, planteando el espectro de “consecuencias inmanejables”.

Los abogados del estado de Colorado, y de los votantes que impugnaron la elegibilidad de Trump para la votación, instaron a los jueces a no ver esa posible consecuencia como una razón para anular el fallo de la corte estatal. Jason Murray, abogado del grupo de votantes, dijo que los tribunales podrían detener algún abuso del proceso.

“Esta corte puede escribir una opinión que subraye lo extraordinaria que es la ‘insurrección contra la Constitución’ y lo poco frecuente que es, porque requiere un asalto no solo a la aplicación de la ley, sino a las propias funciones constitucionalmente ordenadas, como vimos el 6 de enero”, dijo Murray.

El juez Brett Kavanaugh preguntó a Murray si la postura de que Trump no puede volver a ser presidente sería perjudicial para la democracia porque privaría efectivamente del derecho de voto a las personas que quisieran votar por él. Murray respondió que el propósito de la salvaguarda constitucional es proteger la democracia no solo para el próximo ciclo, sino para las generaciones venideras.

“La razón por la que estamos aquí es porque el presidente Trump intentó privar del derecho al voto a 80 millones de estadounidenses que sufragaron contra él, y la Constitución no exige que se le dé otra oportunidad”, dijo.

Varios jueces se preguntaron si es necesario un estatuto

Una posible vía de escape para que la Corte Suprema anule la sentencia de Colorado sería decir que la Sección 3 no es “autoejecutable”, lo que significa que no tiene fuerza legal por sí misma y necesita una ley promulgada por el Congreso para ser aplicada.

La Corte Suprema ha considerado previamente que otras secciones de la Enmienda 14 son de aplicación automática, lo que significa que no necesitan ese estatuto. Pero varios magistrados se centraron en que si se permitiera a los estados aplicar la Sección 3, eso sería incongruente con el resto de la enmienda porque en gran medida se trataba de quitarles poder a los gobiernos estatales tras la Guerra Civil.

El juez Clarence Thomas, primer miembro de la corte en intervenir, abrió los argumentos animando a Mitchell a explicar su opinión acerca de que la disposición no es de aplicación automática, por lo que Colorado no tenía autoridad para aplicarla.

Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor señaló que numerosos estados se han basado en la Sección 3 para descalificar a candidatos a cargos públicos, a pesar de que no existe ninguna ley del Congreso que diga a los estados que pueden hacerlo.

Algunos jueces preguntaron si los presidentes son ‘funcionarios de Estados Unidos’

La jueza Jackson no fue la única que mostró interés en el argumento de que la Sección 3 no incluye a las personas que juraron apoyar la Constitución como presidentes —como es el caso de Trump— si la frase de la Sección 3 “funcionario de Estados Unidos” solo se aplica a los funcionarios nombrados, pero no a los electos.

El juez Neil M. Gorsuch señaló que otra parte de la Constitución dice que el presidente comisionará a “todos” los funcionarios de Estados Unidos y señaló que los mandatarios no se conceden comisiones a sí mismos. También señaló que el presidente de la Cámara y el presidente pro tempore del Senado se describen como funcionarios en la Constitución, pero que otra cláusula dice que los miembros del Congreso no pueden ser simultáneamente “funcionarios de Estados Unidos”.

Pero la jueza Sotomayor se mostró escéptica al respecto, sugiriendo que se trataba de un argumento “manipulado”. Y añadió que, entre todos los presidentes modernos, solo se aplicaría a Trump, quien no había prestado juramento anteriormente como miembro del Congreso, oficial militar o funcionario civil de rango inferior del poder ejecutivo.

No se habló mucho de si el 6 de enero fue una insurrección

Debido a lo central que era el tema de la participación en la insurrección en el proceso de inhabilitación, resultó un tanto sorprendente lo poco que hablaron los jueces y abogados sobre si el papel de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero fue —o no— un acto de insurrección.

Mitchell apenas mencionó el asalto al Capitolio durante su presentación ante la corte, prefiriendo ceñirse a temas muy técnicos de la ley. Y aunque Murray inició sus alegaciones culpando a Trump de participar en la insurrección del 6 de enero, los jueces eludieron en gran medida la cuestión fáctica de si su caracterización era correcta mientras le formulaban una gran cantidad de preguntas.

El juez Kavanaugh, en una rara mención del tema de la insurrección, le preguntó a Murray por qué debía concederse a los estados la facultad de inhabilitar a los insurrectos en virtud de la Enmienda 14 cuando ya existía otra “herramienta” para inhabilitarlos para ocupar cargos: la ley federal que tipifica como delito incitar, ayudar o participar en una insurrección contra Estados Unidos.

Por supuesto, ninguno de los más de 90 cargos a los que se enfrenta Trump en sus cuatro causas penales lo acusa de participar en una insurrección, aunque el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó los sucesos del 6 de enero recomendó que se le acusara del cargo federal de insurrección.

¿Qué sucederá después?

Los magistrados no especificaron cuándo dictarían sentencia. Pero lo que decidan podría tener consecuencias mucho más allá de Colorado: se ha impugnado la elegibilidad de Trump en al menos 35 estados. No solo se tratará de la importancia del fallo, sino también del razonamiento en el que se basará.

Por ejemplo, uno de los puntos centrales de los argumentos es que si la corte anulara la sentencia de Colorado por motivos de procedimiento, en vez de pronunciarse sobre si Trump es constitucionalmente inelegible para volver a ser presidente, podría originar una crisis constitucional posterior.

Si ganara las elecciones, el tema volvería a plantearse, incluso para los miembros del Congreso, a quienes se pediría que certificaran los resultados del Colegio Electoral el 6 de enero de 2025.

c. 2024 The New York Times Company