Los responsables de los disturbios del 6 de enero han rendido cuentas; eso podría ser lo más fácil
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La sentencia puso fin a una serie de tres juicios federales centrados en conspiración sediciosa
Cuando Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, fue condenado el martes a 22 años de prisión por su participación central en la planificación del ataque contra el Capitolio, marcó un punto de inflexión en la extensa investigación del Departamento de Justicia sobre los sucesos del 6 de enero de 2021.
La sentencia puso fin a una serie de tres juicios federales centrados en conspiración sediciosa, el delito más grave que surgió tras más de dos años y medio de investigación de la turba fanática de Trump que participó en el ataque. Pero también marcó un cambio en la atención pública que alejó la atención de los ejecutores que se abrieron paso a través de las barricadas o rompieron las ventanas del Capitolio para llevarla a los autores intelectuales que urdieron planes para alterar el recuento de votos o difundir mentiras sobre el fraude electoral que, en última instancia, prepararon el escenario para la violencia.
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Todo lo que se ha hecho para hacer rendir cuentas a los alborotadores del Capitolio constituye la mayor investigación que haya realizado el Departamento de Justicia y es probable que se prolongue durante meses o incluso años, con nuevas acusaciones formales.
Es probable que los juicios inminentes que enfrentará Trump pongan a prueba el compromiso del país con el Estado de derecho en un momento de intensa polarización y en un momento en el que Trump consolida su posición como presunto candidato presidencial del Partido Republicano.
Como si esto fuera poco, Trump ya demostró que planea hacer del ataque a sus juicios una parte central de su campaña, al declarar el miércoles que planea subir al estrado en su propia defensa.
En cierto sentido, resulta que procesar a personas (incluso a más de 1000) por atacar a la policía o por perturbar la certificación de las elecciones ha sido relativamente sencillo. Ello se debe, en gran medida, a que el ataque al Capitolio fue un hecho aislado que puede ser analizado por los forenses y a que en muchos, si no en la mayoría, de los casos de disturbios existen grabaciones de video claras de los acusados en flagrancia.
Hasta ahora, más de la mitad de las 1150 personas acusadas de cometer el ataque se han declarado culpables. De las decenas que se han arriesgado a ir a juicio, solo dos —un excontratista gubernamental y un otrora cantante de Broadway afiliado a al grupo paramilitar de los Oath Keepers— fueron absueltos de todos los delitos.
Y como Trump y sus abogados pueden haber notado, las sentencias impuestas a los principales acusados como Tarrio han sido significativas, lo cual pone de relieve la gravedad de un comportamiento delictivo que socava los cimientos de la democracia.
Sin embargo, los juicios contra Trump —en particular los dos que enfrenta por delitos de injerencia en las elecciones, que inició en Washington el fiscal especial Jack Smith y, en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis— serán de otra naturaleza. Estarán envueltos en una maraña de complejidades jurídicas y políticas nunca vista hasta ahora.
Samuel Buell, exfiscal federal y profesor de Derecho en la Universidad de Duke, dijo que los casos electorales de Trump eran jurídicamente desafiantes no solo porque implicaban tramas entrecruzadas con distintos coacusados, sino también porque era probable que giraran en torno a cuestiones espinosas como probar la intención y determinar la responsabilidad por delitos que diferentes personas pueden haber cometido en conjunto.
Como prueba de ello, los fiscales del caso de Georgia dijeron el miércoles que esperaban llamar al menos a 150 testigos y que el juicio podría durar cuatro meses (el juez dijo que podría durar ocho).
“Estos casos son mucho más matizados y complicados que los casos de disturbios”, afirmó Buell.
Tan solo en el caso federal de Washington, los abogados del expresidente ya prometieron presentar una serie de mociones previas al juicio, entre las cuales hay una que implica un argumento legal no probado de que Trump es inmune a los delitos porque la acusación formal abarca un periodo en el cual fungía como el comandante en jefe del país. Citando la naturaleza sin precedentes del caso, los abogados han dicho que también planean presentar la acusación como un ataque directo a Trump por parte de su principal rival político, el presidente Joe Biden.
“Este es uno de los casos más únicos desde una perspectiva jurídica en que haya habido en la historia de Estados Unidos”, declaró ante el tribunal la semana pasada John Lauro, quien representa a Trump en este asunto.
Aunque los casos del ataque al Capitolio y los procesamientos de Trump convergen en los acontecimientos del 6 de enero, por ahora ambos están totalmente separados.
La semana pasada, el juez Amit Mehta, quien ha presidido diversos juicios de motines, incluido el caso de sedición de líder de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, reflexionó sobre esa separación en una audiencia de sentencia para Sandra Parker, miembro del grupo de extrema derecha.
En un momento de reflexión en el estrado, Mehta señaló cómo “el poder de la desinformación” y las mentiras rampantes sobre la elección habían ocasionado que acusados como Parker “creyeran en algo que en realidad era inconcebible”.
La omnipresencia de fraudes, como ese, dijo el juez, fue una de las historias “no contadas” del ataque al Capitolio, pero esa misma historia ocupará un lugar destacado en los juicios relacionados con las elecciones que enfrenta Trump.
No hay duda de que los cargos que Trump enfrenta lo acusan de alentar o inspirar la violencia en el Capitolio.
La acusación de Washington afirma que cuando estalló el caos en el Capitolio el 6 de enero, Trump “aprovechó los disturbios” para promover su objetivo de detener la certificación de las elecciones.
El Departamento de Justicia dedicó un esfuerzo considerable a buscar vínculos entre la Casa Blanca y los alborotadores y, al menos hasta ahora, no ha establecido públicamente ningún vínculo directo entre los ejecutores y los autores intelectuales. Lo que está por verse es si los fiscales encuentran una forma de tender un puente entre su investigación sobre el ataque del Capitolio y su investigación sobre los intentos de Trump de anular su derrota electoral.
“Tenemos los delitos de fraude y los de conspiración sediciosa”, dijo Daniel Richman, exfiscal federal y profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. “Pero lo que aún no tenemos es ningún vínculo entre ambos más allá de inferencias y pensamientos vagos”.
