Lucran laboratorios de México con el dolor de víctimas de desaparecidos; trafican material genético
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El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos
En medio de acusaciones en contra de ex funcionarios por el robo de información genética recolectada por autoridades federales, un laboratorio privado ofrece su colaboración para localizar restos de personas desaparecidas.
El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos: una que inició la Policía Federal y hoy tiene la Guardia Nacional y otra que inició la PGR y que continúa la Fiscalía. Ésta, la más importante, fue presuntamente filtrada.
Personal del laboratorio Central ADN, que se presenta como ADN México, ha contactado a familiares de desaparecidos, incluyendo coahuilenses, para ofrecer su colaboración, ya que han identificado restos que podrían ser de sus seres queridos, usando datos privados.
Mientras se da esta situación, Roberto Cabrera Alfaro, ex comisionado de búsqueda, está vinculado a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a un particular (Central ADN, S.A. de C.V.), sin convenio ni pago, la copia de una base de datos genéticos que tuvo en su poder mientras dirigía la CNB en 2018. De acuerdo con diferentes fuentes oficiales, los datos ahí filtrados serían del banco genético de la FGR.
Documentos consultados en el Consejo de la Judicatura Federal muestran que la causa judicial lleva al menos un año en tribunales, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto.
Hoy, la FGR sólo investiga al excomisionado. Ni a otros funcionarios ni a la empresa Central ADN. Reportaje realizado con el apoyo del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO
En medio de acusaciones en contra de ex funcionarios por el robo de información genética recolectada por autoridades federales, un laboratorio privado ofrece su colaboración para localizar restos de personas desaparecidas.
El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos: una que inició la Policía Federal y hoy tiene la Guardia Nacional y otra que inició la PGR y que continúa la Fiscalía. Ésta, la más importante, fue presuntamente filtrada.
Personal del laboratorio Central ADN, que se presenta como ADN México, ha contactado a familiares de desaparecidos, incluyendo coahuilenses, para ofrecer su colaboración, ya que han identificado restos que podrían ser de sus seres queridos, usando datos privados.
Mientras se da esta situación, Roberto Cabrera Alfaro, ex comisionado de búsqueda, está vinculado a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a un particular (Central ADN, S.A. de C.V.), sin convenio ni pago, la copia de una base de datos genéticos que tuvo en su poder mientras dirigía la CNB en 2018. De acuerdo con diferentes fuentes oficiales, los datos ahí filtrados serían del banco genético de la FGR.
Documentos consultados en el Consejo de la Judicatura Federal muestran que la causa judicial lleva al menos un año en tribunales, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto.
Hoy, la FGR sólo investiga al excomisionado. Ni a otros funcionarios ni a la empresa Central ADN. Reportaje realizado con el apoyo del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO
Édgar González Casillas, un médico querido por decenas de pacientes en la sierra wixárika, guardó una muela como un recuerdo de su crecimiento. Años después, cuando se lo llevaron unos hombres armados el 7 de julio de 2013, en Tesistán, Jalisco, el diente se transformó en un gran tesoro para su hermana Amanda.
Amanda guardó ese tesoro hasta 2018, cuando se lo entregó a una mujer que decía ser representante de un laboratorio privado de genética. Ella le prometió que contrastaría la muela con la mayor base de datos de identificación en el país, una que utiliza el Sistema Índice Combinado de ADN, el software que el FBI estadounidense le donó al gobierno mexicano en 2009 como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado. La base está bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República y en la actualidad concentra más de 69 mil 300 perfiles genéticos. ¿Cómo una empresa privada tuvo acceso a estos datos?
El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos: una que inició la Policía Federal y hoy tiene la Guardia Nacional y otra que inició la PGR y que continúa la Fiscalía. Ésta, la más importante, fue presuntamente copiada, filtrada, pirateada.
“Calcinados, sobre todo. Nosotros trabajamos con este tipo de restos calcinados. Hemos obtenido resultados muy buenos”, dijo la representante.
México no tiene la tecnología, los laboratorios ni las máquinas para extraerles información genética a restos en esa condición, por eso los envía a otros países, como sucedió con el caso Ayotzinapa. La promesa de analizar huesos calcinados, entonces, es muy valiosa.
Mariana García Sosa trabaja para Central ADN, un laboratorio que dice y demuestra tener acceso y copia de las bases de datos genéticos del Estado mexicano, según los documentos obtenidos para esta investigación.
García Sosa recorre los estados de Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí contactando a familiares de desaparecidos y recolectando muestras para extraer ADN: saliva, gotas de sangre, huesos, dientes.
RECOLECTAR
El laboratorio de Central ADN, que públicamente se presenta como ADN México, se encuentra dentro del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán.
Un cartel señala que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Leonel Godoy lo inauguraron en 2015.
Cualquier laboratorio forense necesita una acreditación para analizar restos humanos. En México quien avala es la Entidad Mexicana de Acreditación, aunque la más prestigiosa es la estadounidense National Accreditation Board. Central ADN tuvo la acreditación de la EMA en 2017 pero después, ya no. ¿Las razones? EMA se negó dos veces a responder. En cambio, la de ANAB la tiene vigente hasta 2026. En el país, sólo están avalados los laboratorios forenses de la FGR, la Guardia Nacional y 13 servicios periciales estatales. No tienen acreditación algunas de las entidades con más víctimas de violencia como Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.
Central ADN consigue contratos de identificación humana con al menos tres estados, un convenio inusual con la entonces PGR, y su capital aumenta de 100 mil pesos a 9.5 millones en ocho años. Ella no es la única integrante de la empresa: varios nombres y apellidos de peso en la política nacional aparecen en la lista de accionistas a partir de 2013, cuando se constituyó Central ADN, S.A. de C.V. en la ciudad de Morelia.
Nombres y apellidos como Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, quien aparece como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio. Familiar de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, es expareja de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; un dato frívolo si no fuera porque Limón fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015, cuando comenzaron a aumentar las desapariciones, se promulgó la Ley de Víctimas y se estrenaba la primera gran base de datos con el software CODIS del FBI.
Este laboratorio tiene contratos con la fiscalía de Coahuila. Vía adjudicación directa, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, el estado les pagó 4.1 millones de pesos para la identificación de restos humanos, la mayoría, con un alto grado de calcinación. El fiscal para desaparecidos durante los tres contratos es José Ángel Herrera Cepeda. Según el documento obtenido por transparencia, acordaron que la empresa se quedaría con una copia de los datos de los perfiles genéticos durante un año, como ocurrió antes en Morelos, en su software AlteaDB. La relación comercial acabó mal: Central ADN reclamó que la fiscalía le debía pagos y amenazó con no devolver ni los huesos ni las muestras tomadas a familiares, un escándalo que también documentó la prensa local.
ENGAÑO
La estrategia de Central ADN es ir detrás de las líderes de los colectivos, las madres más entronas y confrontativas. Así lo ha hecho en todos los estados: primero busca a una mamá, que la contacta con otra y esa otra con más y se va ganando la confianza de familias de desaparecidos en todo el país.
En Guadalajara, por ejemplo, la oferta de muestras gratis de Central ADN tiene una contracara: les piden que hablen bien del laboratorio ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la morgue estatal, y que usen su influencia para conseguir citas con funcionarios públicos que pueden negociar contratos.
Jalisco, el estado con más desapariciones, era un botín para la empresa que buscaba contratos.
COPIAS
Tres computadoras Lenovo Thinkcentre S4000Z entran al Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la entonces PGR.
Entran estos equipos de escritorio por la firma de un convenio entre Central ADN y Martha Acela Valdez González, directora del Laboratorio de Biología Molecular.
Las Lenovo se instalaron en el laboratorio justo cuando Roberto Cabrera Alfaro trabajaba como coordinador de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública.
El sería el primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda entre marzo de 2018 y enero de 2019.
Cabrera Alfaro está vinculado a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública.
La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a un particular (Central ADN, S.A. de C.V.), sin convenio ni pago, la copia de una base de datos genéticos que tuvo en su poder mientras dirigía la CNB en 2018.
De acuerdo con diferentes fuentes oficiales, los datos ahí filtrados serían del banco genético de la FGR.
En enero de 2019, antes de dejar su puesto, Cabrera Alfaro informó que la CNB tenía una base de datos con 50 mil perfiles genéticos, pero la nueva administración denuncia que no la recibió en el traspaso de funciones. Además, la CNB no tiene entre sus atribuciones tener un banco genético. ¿De dónde salieron esos datos? En palabras de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, el caso es grave “porque se trata de un bien público que tiene reservas de ley en el manejo de los datos personales”, dice en entrevista.
Al respecto, la actual comisionada Karla Quintana responde por teléfono para esta investigación, dispuesta a hablar pero con reserva: “Me interesa la investigación periodística que están haciendo, pero no puedo dar detalles porque la investigación ministerial está en proceso. Ojalá su investigación pueda aportar elementos”.
A diciembre de 2021, la FGR sólo investiga al excomisionado Cabrera Alfaro. Ni a otros funcionarios ni a la empresa Central ADN. A nadie más.
Desaparecen las personas, los nombres en las morgues y hasta las bases de datos con su información. Desaparecer en México es un verbo infinito.
En el negocio de la muerte, los laboratorios privados sacan cuentas: hay cerca de 100 mil personas desaparecidas y para cada identificación se requieren tres pruebas genéticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 dólares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 dólares por analizar cada resto. El botín es gigantesco: multiplicar 100 mil desaparecidos por tres pruebas, en cada caso, arroja una cifra tan alta que las calculadoras marcan error si se cuenta en pesos. En dólares son cerca de 60 millones.
Reportaje realizado con el apoyo del Proyecto
Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO
Texto de Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez
Fotografía de Miguel Tovar Fierro
Con la colaboración de Luis Brito
Edición: Francisco Sandoval y Guillermo Sánchez Cervantes.
