Busca Gobierno de Quintana Roo despojar concesión para el servicio de agua a la empresa Aguakan

Con el uso de órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios, el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama, intenta despojar de una concesión para el servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa Aguakan y obligarla a vender sus activos a una empresa favorita en 4 mil 500 millones de pesos, una cuarta parte de su valor real.

A través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años y por la que se brinda el servicio a los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, presuntamente se busca transferir el negocio a la empresa española Acciona, que actualmente gestiona el agua en Boca del Río, Veracruz.

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De acuerdo con representantes de la compañía, en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, quien dijo ser representante de Lezama, se reunió con ellos y les planteó que, para evitar el tema “federal”, vendieran en 4 mil 500 millones de pesos al Gobierno del Estado la concesión y toda la infraestructura e inversión desarrollada a lo largo de 30 años.

Por el tema “federal” se refería a una denuncia que el Gobierno estatal, por conducto del consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, había interpuesto en la FGR, instancia que para esas fechas ya había obtenido dos órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos de Castilla, apoderados legales de la empresa.

“En esta reunión, apresurada, nos dicen: ‘oye, les ofrecemos 4 mil 500 millones’ -o sea, una cuarta parte- pero, si no lo aceptas, pues ahí viene lo federal, se va a poner complicado’”, refirió uno de los presentantes.

Aguakan es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) valuada, de acuerdo con Kroll, en 17 mil millones de pesos.

El 50.1 por ciento de las acciones están en manos de Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9 por ciento restante es administrado por un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste.

El pasado 18 de febrero, Aguakan informó en la BMV como hecho relevante la existencia de la denuncia penal en contra de sus directivos. “DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, licenciada María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC”, señala el reporte.

ACHACAN LAVADO

En la denuncia, el Gobierno estatal acusó a los directivos de Aguakan de presuntamente haber promovido conductas ilícitas en 2014 al haber solicitado a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, la ampliación anticipada de la concesión por otros 30 años, pues supuestamente no tenían facultades para resolver la solicitud.

La Administración de Lezama aseguró que como se había promovido una conducta ilícita, los derechos adquiridos tenían ese carácter, lo mismo que los recursos utilizados, por lo que acusó también a los accionistas de lavado de dinero.

Por la ampliación de la concesión, Aguakan pagó a la Comisión de Agua mil 55 millones de pesos, que fueron ingresados a las cuenta de esa entidad e inmediatamente transferidos a la Secretaría de Finanzas.

“No nos acusan de que les dimos dinero, porque no se les dio dinero (a los servidores), no nos están acusando de eso, quiero ser muy claro.

Simplemente dicen: ‘tú promoviste un acto ilícito porque ellos no tenían facultades para eso, y luego adquiriste los derechos de la prórroga de la concesión y pagaste a través del sistema financiero una contraprestación’.

“Y entonces, como el origen fue ilícito, porque promoviste que actuaran ilícitamente, eso ahora resulta que se llama lavado de dinero”, indicó uno de los representantes.

La ampliación de la concesión por el servicio de agua, señalaron, cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la ley: la aprobó el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, conformado por el Gobernador del estado y los presidentes municipales; fue avalada por cada uno de los cabildos, fue aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial.

“DHC y su equipo de asesores legales consideran que los hechos materia de la investigación por los que se formulará la imputación no son constitutivos de delito, pues el Contrato de fecha 5 de diciembre de 2014 arriba descrito es consecuencia de los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la CAPA en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2014.

“Por los que se realizó la Segunda Modificación al Título de Concesión de DHC ocurrida en diciembre del 2014, la cual se llevó a cabo y formalizó en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”, sostuvo la empresa en su reporte para la BMV.