¿Por qué México está eliminando organismos de control independientes?

Por James Wagner y Emiliano Rodríguez Mega

Una votación en el Senado del país ha despejado el camino para abolir siete organizaciones independientes que supervisaban cuestiones como la información pública y la fijación de precios.

El Senado de México aprobó la tarde del jueves una amplia propuesta para disolver varios organismos de control independientes pero financiados por el gobierno, una medida que, según la presidenta y sus partidarios, contribuirá a reducir la corrupción y el despilfarro. Los críticos han calificado la medida de retroceso en materia de transparencia y regulación.

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Las funciones de la mayoría de las siete agencias, que se encargaban de supervisar una serie de asuntos, como las solicitudes de información pública y la fijación de precios en los sectores de telecomunicaciones, farmacéutico y energético, serían absorbidas por otras partes del gobierno federal, bajo la supervisión de la presidenta.

La consecuencia para el que quizás sea el más notable de los organismos —el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAI— sería que sus responsabilidades queden divididas entre un puñado de organismos federales ya existentes.

“La desaparición de estos órganos autónomos representa un retroceso democrático”, dijo en un comunicado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, un grupo no gubernamental, añadiendo que la medida “debilita los mecanismos de control, la transparencia y la protección de derechos que se han construido con gran esfuerzo en nuestro país”.

La enmienda constitucional que disuelve los organismos forma parte de una serie de propuestas de gran alcance impulsadas por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que cuentan con el apoyo de su sucesora y protegida, Claudia Sheinbaum, y de su partido político, Morena.

En septiembre, México aprobó una enmienda que modifica el poder judicial, que, según los partidarios de la propuesta, ha estado plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. Los críticos advirtieron que la medida, por virtud de la cual casi todos los jueces mexicanos serán elegidos en lugar de nombrados, socava la independencia judicial y politiza los tribunales.

Morena también ha puesto en la mira los organismos autónomos por lo que ha calificado de gasto excesivo y corrupción.

La medida también disolvería los organismos de control independientes a nivel estatal que supervisan las solicitudes de información pública y la protección de datos personales.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada. Si la última enmienda es aprobada por la mayoría de las 32 legislaturas estatales de México —la mayoría de las cuales controla Morena—, se convertirá en ley tras su publicación en el boletín oficial del gobierno.

¿Qué va a pasar?

La enmienda eliminaría siete dependencias:

1.- INAI

2.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

3.- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

4.- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

5.- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)

6.- Comisión Reguladora de Energía (CRE)

7.- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Las funciones de cada organismo serían absorbidas por otras instancias federales, aunque los legisladores de Morena han dicho que sus empleados no perderán su trabajo. Se espera que los ahorros derivados de la disolución de los organismos se destinen a un nuevo fondo público de pensiones destinado a elevar las pagas a los salarios más bajos.

Sheinbaum también ha dicho que el Congreso debería considerar la posibilidad de utilizar el dinero para programas culturales y educativos y para aumentar los salarios de los soldados.

También ha dicho que el trabajo realizado por la agencia de información continuará porque todo organismo federal, en virtud de la ley, debe ser transparente.

“El que desaparezca el INAI no quiere decir que va desaparecer la transparencia del gobierno”, dijo a la prensa el mes pasado. “Al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia”.

¿Por qué quería esto el gobierno?

El partido oficialista ha afirmado que el costo de mantener los siete órganos de control es demasiado elevado. En julio, López Obrador estimó que se ahorrarían unos 5000 millones de dólares con su disolución, aunque no está claro cómo se calculó esa cifra.

López Obrador ha criticado a altos funcionarios del INAI por cobrar grandes sueldos (dijo que los comisionados del organismo ganaban más de 12.000 dólares al mes; el salario mínimo en el país es de unos 360 dólares al mes) y por abusar de las tarjetas de crédito emitidas por el gobierno (auditorías internas descubrieron que funcionarios habían registrado gastos inusualmente altos, entre ellos el reembolso de viajes a Europa).

López Obrador también atacó a la Comisión de Competencia Económica, acusándola de ser vulnerable a los caprichos de las grandes empresas.

Claudia Rivera, legisladora de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso, dijo que la enmienda para suprimir los organismos era parte de la estrategia de “disciplina financiera” del gobierno.

“Se trata de hacer más eficiente el gasto”, dijo, y añadió que el trabajo de los órganos “no se pierde, no se desatiende”, sino que se transfiere a las secretarías ya existentes.

Los críticos han argumentado que la disolución de algunas agencias podría violar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Este acuerdo comercial, por ejemplo, prevé la existencia de una agencia reguladora de las telecomunicaciones independiente en cada país.

Pero Sheinbaum dijo que se mantendría el “espíritu original de garantizar la competencia económica y las funciones antimonopólicas” del acuerdo comercial, pero “desde un modelo más adecuado para nuestro contexto nacional”.

Dijo que planeaba reestructurar los organismos de competencia económica y telecomunicaciones en una organización descentralizada e independiente dentro de la actual Secretaría de Economía.

¿Por qué los críticos se oponen a los cambios?

Los opositores han reconocido que el peculado y el malgasto son problemas crónicos en México. Pero Jorge Cano, economista y analista de finanzas públicas de México Evalúa, un grupo de investigación de políticas públicas, dijo que las estimaciones de Morena de un ahorro de 5000 millones de dólares están “fuera de toda realidad”.

El grupo de Cano dijo que los siete organismos recibieron 238 millones de dólares este año del gobierno, lo que representa sólo alrededor del 0,06 por ciento del presupuesto federal anual de México.

Natalia Campos, investigadora de políticas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad, un grupo de investigación, dijo que la desaparición de las agencias probablemente perjudicaría el clima de inversión de México al deshacerse de los organismos que supervisan los mercados y al propio gobierno.

Diego Marroquín Bitar, investigador del Wilson Center, un instituto de estudios no partidista de Washington, dijo: “Una de las razones por las que muchos inversionistas extranjeros invierten en México y deciden apostar en México es porque saben que hay reglas claras y estables”.

La comisión de telecomunicaciones ha dicho que, desde que se convirtió en agencia independiente en 2013, los mexicanos han pagado significativamente menos por los servicios, incluyendo teléfono e internet, a pesar del aumento de la inflación durante ese periodo. Cambiar su estructura, dijo, “llevaría a un grave retroceso”.

Zorayda Gallegos, periodista de investigación independiente, dijo que el INAI fue “muy importante” porque obligó a otras oficinas gubernamentales a ser más abiertas, incluyendo la entrega de copias de contratos de organismos federales, como el tradicionalmente opaco ejército mexicano.

El plan de trasladar parte de las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, dijo Gallegos, significaría que “se pierde la garantía del ciudadano” de poder obtener información.

Hace poco pidió a la Secretaría de la Función Pública una copia de una investigación de un funcionario público que duró años y que acabó eludiendo las medidas disciplinarias. Recibió un documento de 18 páginas censurado casi en su totalidad.

A algunos críticos les preocupa especialmente el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, un sitio web en el que cualquiera puede solicitar información a cualquier organismo gubernamental. Una vez respondida la solicitud, cualquiera puede consultar los registros.

La enmienda no especifica qué pasará con la enorme base de datos de la agencia ni cómo planea el gobierno mantenerla, dijo Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI.

“La gestión de la transparencia y los datos debe hacerla una institución autónoma”, dijo. Dejar esa responsabilidad al gobierno, añadió, lo convertiría en “juez y parte”.

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