Voto judicial con sesgo educativo: candidaturas oficiales triunfan con el respaldo de población de baja escolaridad

La reciente elección judicial federal en México, celebrada en junio de 2025, dejó al descubierto un fenómeno electoral que ha generado fuerte preocupación entre analistas y actores políticos: el voto masivo a favor de las candidaturas consideradas “oficiales” se concentró entre personas con bajo nivel educativo, particularmente en estados con altos índices de rezago escolar como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Según el Noveno Reporte Judicial de Integralia Consultores, elaborado con datos del INE y el Censo 2020, en secciones electorales donde el promedio de escolaridad apenas alcanzaba los seis grados —es decir, primaria terminada— se observó el mayor porcentaje de votos para los nueve aspirantes que hoy ocupan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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En contraste, en regiones donde el nivel educativo promedio supera la secundaria o el bachillerato, el respaldo fue más fragmentado y crítico, sin un patrón de apoyo mayoritario a estas mismas candidaturas.

Los datos apuntan a que Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todos ellos cercanos a Morena y promovidos mediante “acordeones” distribuidos antes de la jornada electoral, obtuvieron sus mayores porcentajes de votación en comunidades con menor escolaridad formal.

De hecho, en estados como Chiapas o Tabasco, Aguilar y Batres alcanzaron hasta 7.4% del total de votos disponibles, mientras que en entidades como Ciudad de México o Nuevo León sus números fueron más bajos y con mayor competencia de otras candidaturas.

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Este fenómeno se vuelve más preocupante si se analiza en el contexto general de participación y calidad democrática de la elección. A diferencia de la elección presidencial de 2024, que registró una participación del 61 por ciento del padrón electoral, la judicial apenas alcanzó el 13 por ciento. Esto significa que sólo uno de cada ocho ciudadanos con derecho a votar acudió a las urnas. A pesar de ello, se emitieron más votos en términos absolutos (629 millones) que en la elección presidencial (458 millones), debido a que cada elector podía votar hasta por nueve cargos judiciales.

No obstante, este gran volumen de votos no se tradujo en expresión democrática, pues 58 millones fueron declarados nulos y otros casi 60 millones de recuadros en las boletas quedaron en blanco. Nunca antes en la historia del país se habían contabilizado tantos votos inválidos en una elección federal.

A esto se suma el hecho de que, a pesar de haber impreso más de 600 millones de boletas, más de 500 millones resultaron sobrantes, lo que refleja un uso desproporcionado de recursos públicos frente al escaso interés ciudadano.

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El costo por votante efectivo en esta elección judicial fue casi cuatro veces mayor que el de la presidencial del año anterior: 541 pesos contra 146.

Mientras en 2024 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a la presidenta de la República, en 2025 la mayoría optó por no participar en un proceso que, para muchos, careció de difusión, claridad y legitimidad.

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En este vacío cívico, las estructuras políticas del oficialismo encontraron terreno fértil para operar campañas de inducción electoral en zonas marginadas, replicando un patrón clientelar que ya había sido advertido por observadores.