Gobierno Federal minimiza la agenda de la mujer: activistas

Desde hace casi dos décadas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha sido el encargado de generar la transversalidad del enfoque de género en las instituciones. Sin embargo, la falta de claridad en el uso del presupuesto y de algunas acciones articuladas con otras instituciones han derivado en el descuido de su principal objetivo: las mujeres, denunciaron activistas y especialistas en el tema.

Violeta Lince, académica y activista especialista en temas de género , explicó que el problema radica en la poca importancia que se le ha dado al tema, así como al reflejo que esto tiene en las jerarquía gubernamental.

“La agenda de la igualdad de género es difícil de incorporar en las instituciones porque cuando se trata del derecho de las mujeres se le sigue relacionando con la parte familiar. Es ignorancia sobre el tema. En el caso del Inmujeres esto se ha visto reflejado en la falta de presupuesto, en la divergencia de nivel frente a las secretarías –ya que no es considerado de esta manera- y en la ausencia de transversalidad del enfoque de género en la función pública, una de las principales funciones atribuidas al organismo”, dijo.

A esto se suma la incertidumbre provocada por la falta de nombramiento de una nueva presidenta. El puesto quedó vacío en marzo del 2018 cuando Lorena Cruz Sánchez decidió abandonar al instituto para buscar un lugar como Senadora plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En un balance del trabajo del Inmujeres, realizado por las organizaciones de la sociedad civil, se advierte el descuido que el instituto ha tenido en temas como el embarazo adolescente, la maternidad subrogada, la desigualdad económica en el ámbito laboral, la trata de personas y la prostitución femenina. Temas sobre los que se ha construido un cerco legal y administrativo, a pesar del aumento de la incidencia de alguno de ellos.

En opinión de Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el fracaso del instituto en estas materias tiene como origen la incertidumbre de las medidas tomadas para garantizar las condiciones de igualdad que tienen por derecho las mujeres.

“Llevamos más de una década dependiendo de esta institución y sin duda se han colocado algunos temas en la agenda como la prevención de la violencia contra las mujeres, la creación de los institutos estatales y municipales, pero aún hace falta una política estructural que permita que se realice un trabajo coherente con la perspectiva de género. En todos los institutos el tema continúa siendo la desigualdad para las mujeres (…) No se trata solamente de hacer programas sectoriales; no es solamente sumarnos a una campaña internacional. Cuando tenemos los resultados que hoy tenemos, la pregunta es ¿cómo garantizar efectivamente que las mujeres tengan condiciones de igualdad que les permitan alcanzar el desarrollo? “, manifestó.

Entre los planes y programas propuestos por el Inmujeres se encuentran las temáticas señalados como pendientes por las expertas. Trata de personas, embarazo adolescente y erradicación de la violencia son algunos de los títulos de sus estrategias.

A pesar de ello, continúa el incremento de estos fenómenos en la población. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres. Asimismo, en el año 2018 la OCDE declaró a México como el país integrante con mayor incidencia de embarazo adolescente. Ese mismo año la ONU confirmaría que 9 mujeres mueren cada día en el territorio nacional.

FALTA ARTICULACIÓN CON INMUJERES

En enero del año 2001, durante la gestión de Vicente Fox Quesada, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Desde su creación se determinó que dicha entidad se encargaría de la implementación de políticas nacionales que coadyuvarían en la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de la garantía plena del ejercicio de sus derechos. Sin embargo, el incremento de prácticas discriminatorias dirigidas hacia las mujeres ha sido la muestra de la ausencia de políticas estructurales coherentes con dicho objetivo.

Lucía Lagunes atribuye este efecto a la falta de comprensión de las autoridades de que una sola dependencia no era capaz de resolver todo lo referente a las mujeres.

“Esto no ha avanzado porque le han dejado todo a Inmujeres. No entendieron que tener un instituto de las mujeres no era deshacerse de la responsabilidad, era crear una institución rectora que tendría que tener las facultades para efectivamente construir las políticas estructurales. Y eso no ocurrió. En el 2011 se reforma la Constitución y dice claramente que todos los integrantes de la administración pública tienen la obligación de cuidar los derechos humanos. Sin embargo, esto no se asume, así tenemos los resultados que tenemos (…) Una dependencia no puede transformar por sí sola condiciones estructurales que se refieren al mandato”, indicó.

La composición orgánica del instituto contempla las relaciones interinstitucionales con otros órganos gubernamentales y a su vez sugiere el trabajo conjunto con el Consejo Consultivo y un Consejo Social. El primero de ellos tiene facultades para emitir una opinión técnica respecto de los asuntos o casos específicos de las brechas de desigualdad; mientras que el segundo se encarga de seguir el cumplimiento de las políticas públicas y programas propuestos. En ambos casos las integrantes provienen de diferentes organizaciones de la sociedad civil, así como de otras políticas y privadas.

Los Consejos se han convertido en instancias que pueden sugerir la agenda del instituto. No obstante, Lince consideró que aún hace falta claridad sobre las articulación con estos organismos, así como otros que no están dentro de estás dos figuras:

“Hemos visto un avance desigual en las muchas agendas que se han planeado para Inmujeres.Hasta ahora el Inmujeres  ha cumplido con un trabajo de acompañamiento, sin embargo, hace falta articulación con las agendas promovidas por la sociedad civil sobre todo en los temas relacionados con salud reproductiva y cuidado. En estos últimos dos temas sigue siendo notoria una falta de transversalidad con otras instituciones”, aseveró.

LOS TEMAS PENDIENTES

En el 2015 se implementó la Estrategia Nacional del Embarazo Adolescente (ENAPEA) que se proponía la reducción al cero por ciento en embarazos en niñas de 10 y 14 años, y un 50 por ciento para las jóvenes de 15 a 19 años.

La estrategia que cuenta con la participación de 16 dependencias del Gobierno federal, entre ellas Inmujeres, no ha logrado reducir la incidencia de embarazos en esta población. Por el contrario, en el año 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que se registraron a diario dos nacimientos de madres de 10 y 11 años de edad.

“Hay una gran deserción escolar entre las adolescentes de secundaria y preparatoria y eso tiene que ver con el embarazo en adolescentes. A mí me parece que hay un gran abandono en esta área. No existen políticas estructurales que insten, en este caso, a la Secretaría de Educación Pública para que se fortalezca en la enseñanza la importancia de la educación sexual. Además, para las niñas y los niños tenemos todo el tema de los medios de comunicación. Hace falta ir construyendo mensajes no sexistas, contenidos en los que no se encuentren mensajes de subordinación de las mujeres o de supremacía de los hombres”, afirmó Lagunes.

El Inmujeres ha gastado cifras millonarias para erradicar el problema sin que los resultados sean efectivos. De acuerdo con la información de Contratobook el pago de la campaña “Prevención del Embarazo No Planeado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes, versión: “Es tu vida, es tu futuro. ¡Hazlo seguro! versión embarazo al periódico Excélsior ascendió a 25 millones 862 mil 68 pesos. La misma cantidad fue utilizada para llevar la campaña a los canales de Televisa.

Las especialistas insisten en que las campañas en los medios masivos de comunicación, así como las participación en campañas de todos tipo que difunden los mensajes sin que se hagan cambios en las estructura política no serán suficientes para erradicar los problemas que acompañan a todo tipo de mujeres: jóvenes, indígenas, campesinas, periodistas o lesbianas.

En el 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia impulsada por el Inmujeres. El marco normativo se propone atender los diferentes tipos de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica a los que se somete a las mexicanas.

A pesar de de la existencia de este marco normativo el panorama para las mujeres continúa siendo negativo. De acuerdo con las cifras del estudio “Mujeres y hombres en México 2018”, publicado por el Inegi, un 43 por ciento del total de mujeres mayores de 15 años reconocen haber padecido al menos un incidente de violencia con su pareja a lo largo de su vida. La cifra podría variar si se consideran otro tipo de relaciones afectivas o no afectivas, así como si cambia la visión de algunos de los estereotipos de género.

La Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) destacó que 17 millones 337 mil 2018 mujeres mayores a los 15 años están de acuerdo con que las mujeres son las responsables del cuidado de los hijos, personas enfermas y ancianas; 6 millones 632 mil 432 consideraron que los hombres deben ganar más salario que las mujeres; 4 millones 840 mil 929 se dijeron conformes con que los hombres deben ocupar mejores puestos de trabajo y 22 millones 113 mil 940 están de acuerdo con que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos.

Por otro lado, en el 2018 la cifra oficial de la Organización de las Naciones Unidas era de 9 mujeres asesinadas al día. Mientras que el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, realizado por la  Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016, arrojó que el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres.

Los datos parecen confirmar lo comentado por las especialistas, las estructuras políticas siguen sin tener variaciones que tengan un efecto directo en el rol de los mujeres y por lo tanto en su calidad de vida.

LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN

A partir de los datos de Wikileaks México en el 2016 , la revista Proceso informó que la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sanchéz, había sido la protagonista de una serie de actos de corrupción relacionados con el instituto. En la lista de acusaciones se encontraban despidos injustificados, contratos poco claros y gastos excesivos durante visitas a otros países. Por ejemplo, los datos encontrados por Wikeleaks sugerían que durante la visita al 59 Periodo de Sesiones sobre la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, los gastos en alimentación y hospedaje de la directora y su asesora, Santa María Luz Calderón, ascendieron a 630 millones diarios para cada una.

La información no fue suficiente para realizar una acusación formal a la directora, sin embargo, afirmaron una duda sostenida por las organizaciones de la sociedad civil: no existe claridad del gasto de los recursos destinados a la instancia. A esto se suman las reducciones de gastos que año con año se dirigen a este ramo.

A final del 2018 investigadoras y organizaciones de la sociedad civil se opusieron al nuevo Gobierno federal, ya que éste pretendía reducir significativamente los recursos del Anexo 13 que se refiere a las Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres. La oposición logró evitar la reducción e incluso obtuvo un incremento para el ramo de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, aún se exige claridad para otros tema, entre ellos, lo relacionado con la instancias infantiles para las que se ha propuesto una reducción de gastos.

La incertidumbre para la materia, además de ubicarse en el ámbito presupuestario, ha escalado a la dirección del instituto. La política de género quedó en pausa por la decisión de su directora, Lorena Cruz Sánchez, de contender por un puesto en el Senado de la República.

Desde octubre del 2018, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, ha sostenido reuniones con Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, para estar al tanto de la transición del instituto. Sin embargo, a casi un año del vació, sigue sin determinarse una fecha precisa.

Sobre el tema las especialistas comentaron que la nueva dirección del instituto tendrá que enfrentarse con el reto dejado por todos los pendientes, así como por la falta de transparencia.

“El reto para la nueva administración será crear políticas estructurales que eliminen los estereotipos de género, además de que se deberá fortalecer el marco transparencia que lo rodea” comentó Lucía Lagunes.

En los mecanismos regionales la situación no es diferente. La propuesta de extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) ha levantado una alerta de los Consejos Social y Consultivo del mecanismo nacional que han reclamado la autonomía del IJM por considerar que este podría ser el orientador de la política pública para la igualdad y el respeto de los derechos humanos de esta población.