México: consultora registra 208 intervenciones electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- La consultoría Integralia documentó que en el proceso electoral de este año hubo 208 “eventos de intervención”, como movilización o desmovilización del voto, intervención de casillas, ataques contra instalaciones, robo de urnas y robo de propaganda, entre otros.

Entre el 27 de mayo y el 5 de junio, una semana antes y después de los comicios, las entidades donde se detectaron injerencias político-electorales fueron Chiapas, con 24; Guerrero, con 21; y Puebla, con 20.

TE PUEDE INTERESAR: Va Sheinbaum por los que infrinjan leyes de adquisiciones y obras en México

“Estos eventos dan cuenta del vulnerable estado de la democracia mexicana en varias localidades”, destacó Integralia.

Algunos de los factores de intervención en los comicios del 2 de junio fueron movilización o desmovilización del voto (113), intervención de casillas (46), ataques contra instalaciones (26), robo de urnas (16) y robo de propaganda (7).

El análisis de la consultora especializada en política señaló que los grupos delincuenciales sometieron a diversos municipios para fortalecer sus redes de impunidad.

“Un 75% de los ataques contra candidatos se concentró en el ámbito municipal. Del mismo modo, el 92% de los candidatos asesinados buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno, principalmente presidencias municipales”, recalcó el informe.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se meten con quien no deben’: ‘El Bart’ revela detalles del atentado a Ciro Gómez Leyva en podcast de Saskia Niño de Rivera

En el estudio se destacó que la violencia política es un factor determinante en algunos resultados de los comicios locales. Integralia observó que después de las elecciones habrá más territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad.

“Los grupos criminales ejercen violencia político-electoral para poner a los nuevos gobiernos a su servicio e incrementar su control sobre los territorios locales. Después de las elecciones habrá más regiones bajo las reglas del crimen organizado, lo que incrementa de forma cotidiana los riesgos políticos, económicos y sociales para comunidades, organizaciones y empresas”, afirmó la firma consultora política.

Integralia planteó dos premisas para contrarrestar el control en diversas regiones del país por parte del crimen organizado. En la primera, explicó que el dominio por parte de los grupos delincuenciales requiere de una atención a largo plazo, ya que no es posible neutralizarlos solo con más agentes de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Debe renovarse’, insiste Sheinbaum con jóvenes en el Poder Judicial

El dominio territorial de la delincuencia organizada requiere una atención que se sostenga a largo plazo. Además, subrayó la necesidad de evitar la polarización política, la desigualdad social, la corrupción y la debilidad institucional del Estado.

“Se requiere de atención a largo plazo, no es posible contrarrestarlo únicamente con más agentes de la Guardia Nacional. Es necesario revertir procesos profundos que facilitan la proliferación y operación del crimen, como la polarización política, la desigualdad social, la corrupción o la debilidad institucional del Estado”, indicó en el análisis.

El organismo precisó que “la modificación de procesos requiere la suma de voluntades y recursos del sector político, económico y social. Liderazgos de todos los partidos políticos, los tres niveles de gobierno, universidades, empresarios y organizaciones de la sociedad civil deben participar en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las estrategias”.

Un punto importante para llevar a cabo estas premisas es que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el poder político y la legitimidad social para convocar y liderar dicho esfuerzo, argumentó Integralia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Verdadero o Falso? Esta es la desinformación que se ha difundido sobre la reforma al Poder Judicial

La empresa especializada en análisis políticos sugirió otras acciones para contrarrestar el control del crimen organizado, como desmantelar las bases sociales de los grupos de la delincuencia a partir de políticas de prevención no penal del delito, sustentadas en evidencia y adaptadas a las distintas regiones del país.

También plantea una reforma político-electoral que permita anular las votaciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades: violencia política, imposición de candidatos, financiamiento de precampañas y campañas proselitistas, movilización o desmovilización del voto e intervención en las casillas de votación.