Obesos, diabéticos e hipertensos: saldos de una política neoliberal y el fracaso de una promesa sanitaria

TRES MOMENTOS

Mayo 28 de 2020. El mapa que proyecta el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell es algo que jamás se ha visto en la historia del país. Estaría totalmente en rojo, a no ser por el naranja del estado de Zacatecas. El contagio de SarsCov-2 se encuentra en una primera cúspide. Los meses siguientes habrá de exponer el estremecedor resultado de tres décadas de políticas privatizadoras, plagadas de indolencia y corrupción, que terminaron también por moldear los hábitos de consumo que hicieron de México el segundo país con mayor índice de obesidad. A partir de entonces, las imágenes de una desgracia masiva llenarán hasta el agobio medios informativos y redes sociales.

Noviembre 16 de 2023. Un grupo de mujeres con cáncer decide bloquear el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Han perdido semanas o meses insustituibles, a la espera del tratamiento que retrase o revierta la enfermedad. Junto con ellas, padres de niñas y niños igualmente invadidos de tumores malignos exigen atención y medicamento en los centros de salud del Estado. Es un reclamo hiriente repetido los últimos cinco años, a partir de que el Gobierno Federal decidió intervenir los sistemas de adquisición y distribución de fármacos, que en el pasado produjeron una intrincada red criminal que no ha podido restituir.

Desde la década de 1980, los presidentes en turno instrumentaron cambios que gradualmente demolieron el sistema de instituciones públicas a partir de un drástico recorte del gasto, el aumento en las tasas de interés, la elevación de las cargas tributarias y el estancamiento salarial. México sucumbió a las presiones de Washington para adoptar un modelo económico contrario a la vocación seguida por el régimen posrevolucionario. El desmantelamiento de los servicios de salud pública se aceleró a partir de la firma del TLCAN de 1994, con la privatización de facto que supusieron las subrogaciones y la atención especializada, hasta llegar en una última fase a la creación del Seguro Popular, que lo concretó a un ejercicio clínico elemental, alejado de los requerimiento sanitarios del mexicano promedio.

De forma paralela, esa misma política neoliberal abrió las puertas sin restricción alguna a los grandes conglomerados, entre otros, el de la industria alimentaria. La diabetes mellitus, los problemas cardiovasculares, la hipertensión sistémica y otras degeneraciones causadas por la obesidad, se hallaban a comienzos de la década de 1990 fuera de las nueve principales causas de muerte, lo que cambió gradualmente hasta ocupar los dos primeros puestos en apenas 10 años. El origen está perfectamente ubicado. Obedece al consumo desmedido de ultra procesados y azúcares refinados, que por baratos se convirtieron en la base de la dieta de la población con menos recursos.

Con ese panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó dentro de sus 100 compromisos de gobierno, edificar un sistema de salud similar al que opera en los países nórdicos. “Poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o los países nórdicos”, dijo frente a un zócalo abarrotado la noche del 1 de diciembre de 2018, a pocas horas de asumir el cargo. En suma, se refirió a la cobertura universal de la atención y al acceso gratuito de medicamentos. Para ello desapareció el Seguro Popular, (“que ni es seguro ni es popular”) y anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que fracasó y terminó por desaparecer este año.

El Insabi fue sustituido por el IMSS Bienestar, un modelo que busca reunir bajo el paraguas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la infraestructura y capacidades médicas para atender a más de 53 millones de ciudadanos sin acceso a ningún instancia médica del Estado. El problema es que no se ha logrado incorporar a la mayoría de las entidades federativas y el presupuesto federal destinado para ello está lejos de ser el óptimo, de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija un 6 por ciento del PIB, frente a los 2.5 ejercido en el país.

“Tenemos un sistema público en tales condiciones, que la reivindicación de estos dos principios, el de la cobertura universal y medicamento gratuito, se ve obstaculizada por distintos intereses de orden político, y por lo tanto será un proceso que no podrá cumplirse en el mediano plazo. Pero es una ruta por la cual tenemos que transitar si es que consideramos que todas las personas tienen el derecho al servicio que necesitan, de acuerdo a su problemática particular de salud”, dice José Arturo Granados Cosme, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México.

Maestro en Medicina Social y doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Granados tiene como línea de investigación el diseño de políticas públicas y prácticas en salud. Bajo tal condición, se avocó los años recientes en el estudio y análisis del modelo sanitario emprendido por el actual gobierno federal.

Desgraciadamente tuvimos cuatro décadas de formación y de fortalecimiento de malos hábitos en alimentación y en salud, que no podemos revertir en un solo sexenio.

*Este es el cuarto de una serie de contenidos periodísticos que dará cuenta de la condición que guarda el país, y la forma en que habrán de reconfigurarse los poderes y el mapa político de cara al proceso electoral de 2024.

PASADO Y PRESENTE DEL SISTEMA DE SALUD

La salud, a partir de los 80s, dejó de ser una responsabilidad atribuida al Estado y se abrieron espacios para la virtual privatización de los servicios. El primero fue la descentralización. Más avanzado el periodo de los gobiernos previos al régimen actual, se iniciaron procesos de privatización que se disfrazaron de varias figuras administrativas, como la subrogación de servicios, las licitaciones al sector privado para la provisión de insumos y de materiales así como de servicios que por la infraestructura escasa y limitada de los servicios públicos, estos no podían ofrecer.

Hoy sabemos que estos mecanismos sirvieron para que proliferaran prácticas de corrupción, fundamentalmente en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos. Después vinieron otros procesos históricos que alimentaron este desmantelamiento del sistema público, como fue la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores, en el caso del IMSS.

Asociar la atención médica es una parte de todo un conjunto de servicios y prestaciones que constituyen a la Seguridad Social y en ese sentido, si nosotros quitamos los dineros que constituyen las pensiones y las contribuciones de los trabajadores, los quitamos de estas instituciones de seguridad social, les estamos quitando su base financiera y al trasladarlas a los organismos financieros, en este caso los bancos, lo que ocurre en los hechos es una privatización de los sistemas de seguridad social, aunque de forma parcial.

Pero lo más grave fue el fenómeno del desfinanciamiento de estos sistemas que evidentemente tuvo una repercusión, por un lado en el deterioro, en una intensificación del deterioro de la infraestructura de los sistemas de seguridad social y por otro lado en un deterioro de la capacidad adquisitiva real de las pensiones de los trabajadores.

Después viene la creación del Seguro Popular. El Seguro Popular, como sabemos, es una parte de lo que se llamó el Sistema de Protección Social en Salud que se implementó con el régimen del foxismo y del calderonato. Este sistema intensificó, y prácticamente fue la implementación del Libre Mercado, de la privatización del sistema de salud.

El Seguro Popular en realidad se trató de un conjunto mínimo, muy acotado de servicios médicos esenciales, básicos, de bajo costo, que era un paquete con el cual se pretendía cubrir a los sectores de la población de más bajos recursos. Esto significó que las personas que presentaran un evento en salud que no estuviera incluido en ese paquete tenían que recurrir al mercado, a los servicios privados de salud. Además, el Seguro Popular contemplaba el pago de cuotas.

Si no consideramos estos procesos históricos sería muy difícil explicar la situación actual. A partir del régimen político vigente, lo que entiendo que se está tratando de configurar es volver al principio fundamental de concebir a la salud, primero como un derecho, y segundo al Estado como el obligado, como el primer responsable de garantizar la realización de ese derecho. Pero me temo que eso no será siquiera posible en el mediano plazo.

ENFERMEDADES CRÓNICAS SIN ATENCIÓN, CIRUGÍAS POSTERGADAS

El COVID nos dejó un problema de rezago de atención a problemas de enfermedades crónico degenerativas que tenían un control más o menos periódico tiempo antes de la pandemia.

Todos los servicios públicos de salud se suspendieron porque, efectivamente, nos vimos obligados a priorizar el tema de la salud, dado que había que garantizar que todos los casos graves de COVID tuvieran una cama y un ventilador en caso de ser necesario. Entonces todo el sistema se enfocó en eso y tuvo que retrasar o dejar pendientes un sinnúmero de enfermedades que deben atenderse en los servicios públicos y que evidentemente se nota en las programaciones de cirugía, en las programaciones de consultas a especialidades de segundo y tercer nivel, sobre todo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con hipertensión arterial sistémica y con enfermedad cardiovascular.

El retraso en atención especializada y en cirugías es el principal problema del sistema público. Por fortuna se están generando varias estrategias para resolver esto, que no pueden darse tampoco en el corto plazo. Una de ellas es la formación de especialistas en México, con el incremento de becas para médicos que desean especializarse. Otra es el intercambio con otros gobiernos para traer médicos especializados que se dirijan a zonas de alta marginación para brindar atención especializada. Y la incorporación de los sistemas estatales de salud.

POBREZA, MALOS HÁBITOS Y SELLOS DE ADVERTENCIA

Son medidas que tenían que haberse dado desde siempre, pero más vale tarde que nunca. Las políticas públicas, debe uno tener presente, tienen un impacto en la salud de las personas.

Estas políticas relativamente nuevas, de etiquetar los productos alimenticios que se ofrecen en tiendas de autoservicio, en tiendas de conveniencia, en escuelas, en hospitales, etcétera, es una forma de política que tiene un impacto en la salud. Esto no se hacía en tiempos anteriores y entonces tuvimos, sí, ni modo, hay que traer a la historia estos fenómenos, tuvimos un periodo neoliberal donde el rasgo que caracteriza ese tipo de gobierno, es justo la liberalización de las mercancías, es la privatización de los servicios, de los productos, de todo.

Esta lógica de privatizar y de liberar al mercado ciertos bienes y servicios, implica necesariamente una falta de regulación, una falta de intervención del Estado en las condiciones del mercado, de tal forma que si tenemos un gobierno que no regula, entonces podemos vernos agobiados con la oferta de productos que no buscan nuestra salud, sino que buscan la ganancia.

Y en ese sentido proliferaron productos ultraprocesados, alimentos cuyo contenido nutricional era básicamente de alto contenido calórico, por provenir de carbohidratos de cadena simple, de azúcares refinados, con aditivos, con conservadores, y fueron productos que se pudieron vender y distribuir de manera libre por grandes empresas transnacionales.

Durante cuatro décadas estuvimos produciendo personas obesas. Tuvimos políticas públicas obesogénicas, y este problema estalló con el incremento de las tasas de diabetes mellitus e hipertensión arterial que hace unas décadas eran entre la décima y la octava causa de muerte en la población mexicana. Hoy en día estas enfermedades forman parte de la cuarta o segunda causa de muerte, y casi todos los casos están vinculados a la obesidad, que hoy en día una causa de mortalidad que debe estar en el lugar seis.

Con la pandemia también viene a hacer agua este fenómeno, porque encontramos que el COVID tenía una mayor letalidad entre enfermos con diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular, con hipertensión arterial y con obesidad. El COVID es el prototipo epidémico de las políticas neoliberales, porque al generar una mayor letalidad en esta gran población de enfermos diabéticos e hipertensos, se nos viene a dar evidencia de que las políticas públicas tienen impacto en la salud de las personas.

La mayor vulnerabilidad para enfermarse y morir en el México actual está muy asociada a las malas formas que tuvimos de alimentación, pero esta alimentación no es un estilo de vida de los consumidores o los individuos, sino que son conductas que estuvieron delimitadas por una oferta de alimentos obesogénicos y por un deterioro del poder adquisitivo del salario, lo cual, de manera conjunta, vino a producir estos malos hábitos de alimentación que finalmente se traducen en enfermedad y en un mayor riesgo de muerte.

Entonces, establecer políticas de regulación como ahora se están retomando en el caso de los alimentos, es muy importante, pero también lo es en el caso, por ejemplo de los refrescos, de las bebidas gaseosas, y por otro lado también en la oferta de productos que sabemos están asociados a enfermedades, como es el caso del tabaco.

Estas tres medidas que se han implementado a partir del nuevo régimen van a tener un impacto, sí, pero yo soy un poco pesimista al respecto porque si hay algo que es muy complicado de modificar en materia de salud pública, son los hábitos de las personas.

Desgraciadamente tuvimos cuatro décadas de formación y de fortalecimiento de malos hábitos en alimentación y en salud, que no podemos revertir en un solo sexenio.

*Este es el cuarto de una serie de contenidos periodísticos que dará cuenta de la condición que guarda el país, y la forma en que habrán de reconfigurarse los poderes y el mapa político de cara al proceso electoral de 2024.*