Pese a faltantes, no estamos atados de manos: Peschard

CDMX.-  Al entrar hoy miércoles en vigor por completo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero con faltas como el fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) y los magistrados que investigarán y sancionarán los delitos, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Jacqueline Peschard, afirmó que no están atados de manos y que pese a las “resistencias” el nuevo mecanismo contra ese flagelo va en camino.

“Las preocupaciones fuertes que hay son los nombramientos que faltan por hacer en el Senado, como el fiscal anticorrupción, los magistrados y los sistemas locales anticorrupción, porque es un sistema nacional y sin ellos es difícil avanzar; sin embargo, no estamos atados de manos, nosotros tenemos para seguir trabajando”, aseguró.

Ayer martes se cumplió el plazo legal para poner en marcha la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y con ello completar el andamiaje normativo del SNA.

Peschard Mariscal dijo que el CPC ha cumplido con las fases que marca la ley y los compromisos de fijar una agenda prioritaria de temas a impulsar sobre lo que están haciendo las distintas autoridades que se dedican a combatir el flagelo de la corrupción.

En entrevista con El Universal, recordó que cuando se instaló el Comité Coordinador del SNA la agenda de trabajo inicial del CPC se basó en cuatro ejes: la consolidación del SNA, la prevención de los actos de corrupción, el combate eficaz a la impunidad y la apertura gubernamental como estrategia para hacer de la sociedad civil su gran aliado.

En ese sentido, destacó que es muy importante el respaldo que recibieron de las organizaciones de la sociedad civil que formaron el colectivo #Vamospormás y que hicieron un pronunciamiento claro de que no es suficiente el marco legal que se tiene para combatir la corrupción.

Por ello, agregó Peschard, se debe insistir en los nombramientos del SNA que hacen falta y en completar los sistemas locales anticorrupción. “Todavía tenemos trabajo por hacer”, dijo. 

Aseguró que la expectativa que hay al interior del comité es que no sólo se cumpla con los nombramientos pendientes, sino que también se deben ampliar las siete leyes anticorrupción, así como contar con una nueva Ley de Obras y Contrataciones Públicas.

“No sólo es necesaria una sociedad civil fuerte y exigente, sino que las instituciones se robustezcan y puedan cumplir los cometidos para lo cual fueron creadas”, dijo.

INSTALAR LA LEGITIMIDAD
Las tareas. La también ex comisionada presidenta del Ifai, hoy Inai,  comentó que su presidencia al frente de este sistema es de sólo un año, por lo que le gustaría dejar “bien instalada la legitimidad del SNA.

“En lo que yo he insistido es que en este año lo que quiero dejar es bien instalada la legitimidad del SNA, es decir, que no sigamos siendo objetivo de cuestionamientos que pongan en duda nuestra legitimidad y la viabilidad del sistema”.

Aseguró que el nuevo SNA tiene un buen marco jurídico y una buena estructura de funcionamiento, por lo que trabajará para que nadie ponga en duda su legitimidad.

“El sistema va, en la parte del CPC va, y aunque he alcanzado a ver y tengamos diferencias en el Comité Coordinador, donde están sentados con la SFP, la ASF, el Inai, el TFJA y el CJF,  hay un compromiso de seguir avanzando”, afirmó Peschard.

Insistió en que es necesario que no se deje que las cosas marchen como si ya estuviera todo listo, “debemos seguir elevando el nivel de exigencia”.

NO TIENEN OFICINAS
A tres meses de su instalación formal, el 4 de mayo pasado, el SNA aún carece de oficinas para desempeñar sus funciones y las reuniones del Comité Coordinador se han realizado en espacios del TFJA, de la Secretaría de la Función Pública y el Inai.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López y Luis Manuel Pérez de Acha no cobran un salario por sus funciones.

Para este año, el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un presupuesto de 222 millones de pesos y una estructura orgánica para su Secretaría Ejecutiva de 117 plazas, divididas en dos unidades administrativas y tres direcciones generales.