Reclaman a Velasco Coello la destrucción de los humedales chiapanecos

Por Ivette Lira para SinEmbargo

Ciudad de México.- Habitantes de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, denuncian el saqueo de los Humedales de Montaña María Eugenia. Los vecinos del municipio se oponen a la construcción de locales comerciales sobre una fracción de las 115 hectáreas que componen el ecosistema de donde proviene el 70 por ciento del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM).

De acuerdo con la propia Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semah), Humedales de Montaña María Eugenia fue decretada en 2008 Zona Sujeta a Conservación Ecológica. La dependencia local plantea que el ecosistema juega un papel “fundamental” para controlar las inundaciones, además de que fungen también como “importantes reservorios” de agua subterránea que los habitantes aprovechan a través de pozos profundos y superficiales.

En entrevista para SinEmbargo, León Enrique Ávila, profesor en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), quien se encuentra en la lucha, exigió que el proyecto de los locales sea cancelado definitivamente. Además, aseguró que existen al menos 14 sitios más en el humedal que han sido rellenados, construidos y/o modificados en el uso de suelo, por lo que urgió a las autoridaes a que estos sean recuperados y protegidos.

El 8 de enero pasado, en un perímetro que ronda los 100 metros cuadrados, cercano a la casa de estudios, informó Ávila, se ingresó maquinaria pesada, materiales de construcción y se talaron árboles para abrir paso a la construcción de los locales.

Al día siguiente, vecinos de más de 20 colonias del sur, norte y oriente de la ciudad realizaron una clausura simbólica de los trabajos. Esa misma noche, la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Cristóbal colocó sellos de suspensión de la obra, pero el profesor, a nombre de los vecinos inconformes, señaló que se teme que en cualquier momento los trabajos se reanuden y se continúe así con la devastación de los humedales.

“No queremos la suspensión sólo en este espacio, sino en los otros 14 que están siendo deteriorados y donde hay una omisión total desde los gobiernos municipal, estatal y federal”, exigió.

El defensor del medio ambiente calculó que cerca de 20 de las 115 hectáreas ya se encuentran deterioradas, en terrenos que van de los 100 metros hasta las 5 hectáreas, lo cual, insistió, se debe a “la omisión de las autoridades de conservar estos espacios”.

Ante el panorama descrito, el especialista en recursos naturales y desarrollo rural afirmó que Marco Antonio Cancino González, Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, y el propio Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tienen intereses apartados de la protección del medio ambiente y cercanos a lo económico.

“Nos parece muy grave lo que está pasando en los humedales. La tarea de las autoridades es defender y proteger estos espacios porque eso dota de agua a la ciudad e implica una perspectiva de futuro sustentable, pero en la práctica avala los procesos de destrucción de los humedales. La evidencia está en que hay un Gobernador y un presidente municipal que vienen del Partido Verde Ecologista y les vale la ecología y el medio ambiente”, denunció.

“Más que mantener el bien común y cuidar el abasto de agua para la población, lo que buscan es hacer negocio con los humedales”, agregó.

UNA HISTORIA DE ATROPELLOS

Ávila aseveró que lo ocurrido la segunda semana de enero en los Humedales de Montaña María Eugenia es un eslabón más para la cadena de “atropellos contra la naturaleza” que se han perpetrado en aquél sitio de importancia ambiental.

Recordó que en el año 2015, la empresa constructora “Peje de Oro” buscó edificar un fraccionamiento de 50 casas, por lo que rellenaron humedales. Los habitantes de San Cristóbal de las Casas se unieron y presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por esa razón, afirmó, los vecinos se opusieron e impidieron la entrada de materiales fueron criminalizados y muchas mujeres fueron amedrentadas por empleados de la constructora. Finalmente, el proyecto fue clausurado.

Para el año siguiente, otro terreno fue invadido, pero la Profepa también actuó y logró poner orden.

Apenas en 2017, rememoró, se presentó otro fuerte conflicto porque la empresa Femsa Coca- Cola intentó colocar una planta potabilizadora en las inmediaciones de los humedales, pero el proyecto fue frenado.

La embotelladora del gigante refresquero ha sido criticada por extraer diariamente mil 612 metros cúbicos de agua; es decir, 16 millones de litros del vital líquido en el municipio, cantidad suficiente para abastecer a 200 mil habitantes –que es el total de la población de San Cristóbal– con 80 litros por persona diariamente durante un año.

Derivado de la criminalización que sufrieron algunos de sus compañeros de lucha, el profesor de la UNICH admitió que temen por la integridad física e incluso por la vida de todos los habitantes inconformes que se han pronunciado en contra de la devastación que las empresas han provocado a lo largo de los años.

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado porque es el que tiene la responsabilidad de protegernos con las medidas cautelares de cualquier agresión hacia mí, mi familia y los demás ambientalistas. Sabemos que la clase política es vengativa porque podríamos echarles a perder negocios de millones de pesos”, dijo el activista que ha vivido por más de dos décadas en San Cristóbal.

Finalmente, hizo un primer llamado a las autoridades municipales y estatales a trabajar en un plan de desarrollo urbano que sea amigable con el medio ambiente y con los recursos naturales.

En segundo lugar, urgió: “Si son verdaderamente ambientalistas y se dicen verdes y ecologistas: defiendan esto. El Gobernador Manuel Velasco Coello se gasta mucho dinero en publicidad e imagen, y yo le diría: mejor inviértalo en la compra de los humedales y en la expropiación […] El Gobierno debería comprar esos espacios y tener la intención verdadera de protegerlos”.

Vía correo electrónico, SinEmbargo intentó comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Cristóbal. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.