Juicios educan
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Javier Livas
Aunque ya lo haya dicho antes, hay que repetir hasta el cansancio que la justicia debe ser pública. La noción de que los procedimientos judiciales sean cerrados o secretos es una aberración producto del desconocimiento de la necesidad de que cada aplicación de la Ley por un juez sea una oportunidad de que el pueblo se eduque.
Cuando estuvieron aquí los expertos en juicios orales de los Estados Unidos nos hicieron ver que la publicidad de los juicios es algo tan básico a la justicia que ni siquiera se incluyó en la constitución norteamericana.
En México, donde la justicia sigue siendo administrada como un favor imperial, como un regalo del Gobierno hacia sus súbditos, nuestra batalla por la transparencia y la apertura de los juicios ha tenido quizá más derrotas que triunfos.
Nuestros jueces abordan su tarea un favor al ciudadano. Por esa misma razón, nuestros códigos se han perpetuado durante décadas manteniendo un ambiente de secrecía respecto al contenido de los expedientes. Con procesos basados en comunicaciones escritas entre las partes y el juez, esta tendencia a ocultar la actividad jurisdiccional ha encontrado tierra fértil.
El arribo de la moda de los juicios orales parecía lograr cuando menos en parte, que los procesos fueran abiertos. En los procesos penales no ha sido tanto el problema, pero en los asuntos civiles y administrativos, la resistencia a abrir el proceso al público en general es aún muy grande.
En Nuevo León yo participé con una propuesta de reforma para hacer que los juicios fueran totalmente públicos. Muchas personas, influenciadas por la TV americana suponen que la justicia mexicana sigue reglas parecidas a las prácticas de las cortes americanas, en las que claramente se advierte que hay dos partes que disputan sus puntos frente a un Juez y un jurado.
La Constitución fue reformada, pero en el último segundo el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, logró que sus esbirros del PRI en el Congreso colaran una pequeña adición al artículo que garantizaba juicios públicos, para decir: en los términos que la ley señale.
Total, la apertura se ha topado con Legisladores que no entienden que cada juicio público sirve como un gran amplificador de la señal llamada justicia que se va incubando en las mentes de todos quienes por alguna razón se convierten en observadores de procesos judiciales. Cada sentencia que se hace pública, educa mucho más que cualquier libro de texto.
El déficit de cultura jurídica se hace presente de nueva cuenta en al menos dos casos que debo mencionar: el derrame de Cadereyta y la contaminación de los ríos de Sonora. Si nuestro pueblo tuviera acceso constante a juicios abiertos retransmitidos en vivo y a todo color por las empresas de televisión, tanto las víctimas del derrame de Pemex, como quienes en Sonora sufren de la contaminación de la mina sabrían que la justicia y todo el aparato de apoyo estaría pronta para ayudarles a reparar los daños y a compensar los perjuicios resentidos.
No deja de sorprenderme que mucha gente está resintiendo pérdidas enormes, superiores a sus fuerzas y sin embargo no se escuche el clamor pidiendo justicia a través de un juez. La gente está más acostumbrada a extender la mano para que le den lo que sea, que a defender sus derechos.
Claro que para exigir justicia, hay que conocer los derechos y hay que sentirse ciudadano de primera. Mientras el pueblo siga viendo a las figuras de autoridad como intocables e incuestionables, difícil será que se animen a defender sus derecho ante un tribunal. Nadie va a inventarirar derechos que no sabe que tiene.
Si nuestro gobierno supiera lo que hace, trataría de hacer de cada juzgado una escuela para el pueblo. En vez de ello siguen manejando expedientes como si fueran secretos de estado. No es por ahí, y las tragedias de Cadereyta y Sonora se antojan como ocasiones propicias a reconsiderar la cerrazón y abrir las puertas de los juzgados y los acceso a los expedientes para transformar la cultura para generar ciudadanos de primera.
javierlivas@prodigy.net.mx