Combate al tabaquismo: ¿lo estamos haciendo mal?

Que el consumo de cigarrillos se haya convertido en una actividad prácticamente estigmatizante no es un hecho casual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco es responsable de la muerte de más de ocho millones de personas cada año.

Y lo peor de esta cifra es que, de acuerdo con la OMS, de esas muertes, 1.3 millones corresponden a personas que son fumadoras pasivas, es decir, de quienes respiran el humo de los que sí consumen cigarrillos de forma activa. La estadística habla por sí sola.

Nadie puede sorprenderse entonces de que los gobiernos del mundo entero hayan desplegado acciones para combatir el consumo de este producto y, sobre todo, para disuadir a las nuevas generaciones para que no se integren al grupo de quienes ya lo hacen.

Este último aspecto de la lucha contra el tabaquismo resulta particularmente importante, pues impedir el surgimiento de nuevas generaciones de consumidores constituye uno de los objetivos más importantes de cualquier estrategia como esta, que busca incidir en la salud pública.

Pero ningún objetivo puede ser alcanzado si las autoridades que tienen la responsabilidad de implementar las estrategias no se comprometen con el cumplimiento de las tareas que les corresponden. Y ese pareciera ser precisamente el caso, por desgracia.

Y es que, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las reglas que prohíben la venta y consumo de tabaco en Coahuila han incrementado el volumen de las multas impuestas por violación a dicha normatividad.

De acuerdo con los datos obtenidos a partir de solicitudes de acceso a la información, el monto de las sanciones económicas impuestas pasó de 6 mil 990 pesos en los primeros siete meses de 2025 a los 49 mil 413 pesos en el mismo periodo de este 2026.

Lo más preocupante del caso es que la mayor parte de las sanciones impuestas en lo que va de este año han sido para lugares donde se expenden cigarrillos. Es decir, quienes comercializan estos productos están incumpliendo su obligación de sólo venderles a mayores de edad, o hacerlo sólo en empaques completos.

Se trata de un indicador particularmente malo, porque la venta de cigarrillos a menores no solamente incumple con las reglas sobre el control del consumo de tabaco, sino que viola distintas normas relativas al cuidado que debemos asegurar para los menores de edad.

Cabría esperar, frente a esta realidad, que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las reglas que forman parte de la estrategia para reducir el consumo de tabaco asuman la necesidad de corregir lo que se esté haciendo mal.

Y, sobre todo, que lo asuman de inmediato.