Caso ‘El Pinabete’; un año sin verdad ni justicia

La verdad y la justicia son dos de los elementos esenciales de la vida en democracia. Una y otra presentan el binomio indispensable para que, cuando las reglas que regular las relaciones sociales se rompen, la actuación de las instituciones públicas restablezca el equilibrio.

Lo anterior es particularmente relevante cuando se registran sucesos que implican pérdida de vidas humanas en eventos que pudieron ser evitados. Conocer la verdad representa la condición necesaria para que se haga justicia en el caso concreto, pero también para evitar la repetición del evento que enlutó hogares.

Tener claro lo anterior es indispensable para que las instituciones públicas mantengan el rumbo correcto en su actividad cotidiana y conviertan en realidad la promesa que la Constitución y las leyes le hacen a los ciudadanos que integran nuestra comunidad. Extraviar la esencia de estas reglas nos coloca en la ruta equivocada y mina los cimientos del arreglo colectivo.

El comentario viene al caso a propósito del reportaje que publicamos hoy en nuestro suplemento de investigación, Semanario, en el cual se retrata la situación en la cual viven las familias de los mineros fallecidos en la inundación del “pocito” El Pinabete, ocurrido el 3 de agosto del año pasado.

A punto de cumplirse un año de la tragedia, los deudos de los 10 trabajadores del carbón siguen exactamente igual que al principio: sin saber la verdad de lo ocurrido y sin percibir que en torno a su caso exista la posibilidad de que se haga justicia.

Se ignora la verdad porque la Fiscalía General del Estado sigue pretextando la necesidad de contar con los cuerpos de los mineros para poder llevar a término las investigaciones del caso. Pero debido a que los cuerpos no han podido ser rescatados, el caso -desde el punto de vista jurídico- se encuentra en un círculo vicioso del que parece imposible escapar.

Y tampoco se hace justicia porque, ante una investigación inconclusa, las autoridades aseguran estar imposibilitadas para fincar responsabilidades penales por la muerte de 10 seres humanos, con nombre y apellido, que nunca debieron descender a un “pocito” que constituía una trampa mortal.

La realidad del caso ha llevado a la organización civil Familia Pasta de Conchos a realizar una afirmación que se ajusta bastante bien a los hechos: “matar mineros no es un delito en México”.

Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de extracción de carbón en nuestra entidad, se ha dicho hasta la saciedad, constituyen el escenario perfecto para que se registren desenlaces trágicos como el ocurrido el El Pinabete y muchos otros casos. El problema de fondo es que nadie pareciera interesado en hacer algo para frenar la cadena de tragedias.

El primer aniversario de esta tragedia se suma así a los muchos otros aniversarios que de forma recurrente reseñamos y que nos llevan cuestionar, una y otra vez, ¿cuántos muertos mas se necesitan para detener la sangría de vidas que aqueja históricamente a la región Carbonífera de Coahuila?