El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos, ha informado a México que le devolverá recursos hasta por 246 millones de dólares (más de 4 mil 800 millones de pesos) provenientes de las incautaciones realizadas a Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila.
Sin ofrecer mayores detalles, el mandatario mostró, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, un documento, fechado el 31 de marzo pasado, en el cual la agencia estadounidense -equivalente a la Fiscalía General de la República- notifica de manera oficial la decisión. La parte del documento que es posible leer pareciera indicar que la comunicación constituye la respuesta a una solicitud del Gobierno de México.
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Más allá de los detalles -que es necesario conocer- conviene detenerse en dos aspectos relevantes de lo ocurrido ayer: la forma en la cual se registró el anuncio y el momento en el cual se hace la revelación.
En relación al primer aspecto es importante señalar que el Presidente recién iniciaba la conferencia y un reportero, del Estado de Tabasco, le preguntó su opinión sobre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras sus habituales disquisiciones, el mandatario dijo que “aprovecharía la oportunidad” para “dar una buena información”.
Menos de cinco minutos después ya estaba hablando de otro tema. Es decir, el anuncio se realizó “de pasada”, sin darle -en apariencia- demasiada relevancia y sin poner mucho énfasis en las connotaciones políticas del hecho.
Señalar lo anterior es importante porque se engarza con el segundo aspecto: el hecho se revela en medio de la campaña electoral de Coahuila y resulta imposible no considerar la posibilidad de que se tenga la intención de influir con ello en el derrotero de los comicios.
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Que ello pudiera ocurrir, es necesario puntualizarlo también, no representa un elemento negativo para el proceso electoral, pues temas como el de la megadeuda son imposibles de ignorar en Coahuila. Lo que se antoja indeseable, sin embargo, es que sólo se busque obtener dividendos políticos y se deje de lado el núcleo del asunto: el agravio sufrido por los coahuilenses a manos de quienes, como Javier Villarreal, saquearon las arcas estatales.
Hace más de una década que la sociedad coahuilense padece de esa herida abierta y ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha mostrado en ese largo período ninguna intención de entrar al fondo del asunto y procurar justicia en torno a los diversos delitos cometidos en agravio de nuestra comunidad.
Todo impulso que se de al tema debe ser bienvenido porque ello posiblemente nos acerque a la posibilidad de que se haga justicia en este escandaloso caso de pillaje. Cabría esperar en este sentido que lo anunciado ayer en Palacio Nacional no se convierta, al paso de los días, sólo en otra “guerra de papel” de las tantas que ya hemos atestiguado alrededor de esta historia.
