Segalmex y Andy: La podredumbre del sexenio del obradorato

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La narrativa de la ‘honestidad valiente’ de López Obrador se desmorona cuando el dinero público termina en contratos amañados, empresas fantasma y operadores con vínculos incómodos con la exfamilia presidencial
Por Jorge Triana
Por más que lo nieguen, los hilos del influyentismo siempre terminan por revelar sus conexiones. La reciente detención de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones de Liconsa, por su presunta participación en el multimillonario desfalco a Segalmex, vuelve a poner bajo la lupa una red de corrupción que toca, aunque se esfuercen en ocultarlo, al círculo más cercano de Andrés Manuel López Obrador: su propio hijo.
Buentello Carbonell no es un funcionario menor. Fue una de las piezas clave en la trama de corrupción de Segalmex, donde se desviaron alrededor de 18 mil millones de pesos a través de contratos fraudulentos. Desde Liconsa, Buentello firmó convenios por litros de leche que jamás fueron entregados, permitió la subcontratación ilegal de servicios y avaló pagos millonarios sin evidencia de cumplimiento. Hoy está acusado por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y no es el único: otros dos implicados en los mismos contratos ya están tras las rejas.
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Pero lo grave no es sólo la corrupción administrativa en el organismo dirigido en su momento por el amigo de López Obrador, Ignacio Ovalle. Lo preocupante es también cómo el caso se conecta con el ecosistema de poder de la exfamilia presidencial. En 2023, trascendió en medios de comunicación que Buentello formaba parte de la red de influyentismo de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, alias “el Andy”, hijo del entonces presidente, y que su empresa, “Grava y Arena”, fue beneficiada en al menos seis obras públicas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), una dependencia clave para los negocios del obradorismo durante el sexenio pasado.
Por supuesto, los López Beltrán salieron a negarlo. Dijeron no conocer a Buentello, que jamás habían hablado con él, que no había relación alguna. Pero los datos dicen otra cosa. Además de que sobran fotografías en redes sociales que dan cuenta de la estrecha cercanía del contratista con los hijos de López Obrador, la empresa de Buentello compartía domicilio fiscal en Polanco con otra compañía propiedad del mejor amigo de Andrés Manuel López Beltrán, Alejandro Castro Jiménez Labora, supervisor de la fraudulenta obra del Malecón de Villahermosa. Sedatu exigía a los contratistas el uso de mobiliario urbano de la marca “Grava y Arena”, justo cuando Buentello aún era funcionario público. ¿Coincidencias?
La corrupción en Segalmex no es un caso aislado ni un simple “error administrativo”. Es el mayor escándalo de saqueo y corrupción gubernamental del siglo, y cada vez se acerca más al núcleo del poder. La narrativa de la “honestidad valiente” de López Obrador se desmorona cuando el dinero público termina en contratos amañados, empresas fantasma y operadores con vínculos incómodos con la exfamilia presidencial.
¿Hasta dónde llegará la justicia? ¿Habrá sanciones para quienes impulsaron, permitieron o se beneficiaron de esta red? ¿O volveremos a ver cómo el obradorato protege a los suyos con el manto de la impunidad, como ha sucedido desde 2018?
Hoy, el caso Buentello no sólo expone la podredumbre de Segalmex, sino también la estructura paralela de poder que se construyó desde Palacio Nacional. Una estructura que, bajo el discurso de la austeridad, terminó enriqueciendo a unos cuantos a costa de los más pobres. Porque mientras millones de mexicanos confiaron en un gobierno que prometió acabar con la corrupción, la leche para los más necesitados... simplemente nunca llegó.
Diputado federal