Culpable hasta que te pruebes inocente

La Constitución señala, en su artículo 20, que a todo aquel que se le impute un delito tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. En teoría, según la opinión de un experto como Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mientras no exista dicha sentencia condenatoria “la presunción de inocencia debe asegurar que se le causen las menores molestias posibles al inculpado, sobre todo mientras dura el juicio en su contra”.

En un país donde la impunidad tiene niveles que se estiman hasta en 99 por ciento, y donde a diario vemos que la cantidad de delitos de todo tipo no se reduce, parece una mala broma que existan cada vez más personas encarceladas sin haber sido juzgadas. Es decir, la violencia, la inseguridad, los robos y la percepción de seguridad entre los ciudadanos se sigue deteriorando al mismo tiempo que el número de personas que están en la cárcel aumenta y llega a niveles cercanos a su máximo histórico. Esta semana, Sergio Rincón reportó en Animal Político que la población penitenciaria en el País cerró el primer semestre del año en niveles cercanos a 227 mil personas; de acuerdo con cifras oficiales, es el nivel más alto desde 2015 y muestra una tendencia al alza después de las reformas a la ley de 2019 que expandieron la cantidad de delitos que merecen prisión preventiva automática, tema que tratamos en este espacio bajo el título “Un preso en cada hijo te dio” en febrero de 2019 (https://goo.su/RPNIU8N). Así vivimos en una realidad kafkiana, las cárceles se llenan, pero los delitos no amainan. ¿Será que se apresa, en muchos casos, a aquellos que no son culpables, a quienes cometen faltas menores, a quienes no tienen cómo o con qué defenderse, mientras por las calles se pasean los verdaderos maleantes de todos calibres?

Según la columna de Sergio Rincón, a más del 40 por ciento del total de personas en prisión no se les ha probado el delito por el que están en la cárcel y esperan un juicio. Es decir, legal o técnicamente son inocentes, pero están en la cárcel. Es probable que pasen más tiempo en la cárcel antes de ser enjuiciados que el tiempo que les tocaría cumplir de condena por el crimen del que se les acusa. ¿Cómo puede el poder legislativo, el sistema de procuración de justicia y las autoridades responsables a lo largo y ancho del País, en todos sus niveles y competencias, dormir tranquilos sabiendo que tienen a miles de inocentes durmiendo en cárceles por largas temporadas sin siquiera haber iniciado su juicio o haber documentado adecuadamente su responsabilidad? ¿Habrá alguien en posición de influencia pensado en el impacto de corto y largo plazo que un “proceso” de procuración de “justicia” tan pobre tiene para las familias de esos más de 90 mil presos “inocentes”?

Claro, seguramente habrá casos donde la persona es culpable, pero la ley dice que se le debe considerar inocente mientras no sea hallado culpable. Por otro lado, me imagino que no exageramos quienes pensamos que el sistema de procuración e impartición de justicia está técnica y moralmente quebrado. Que, por lo tanto, es muy probable que una cantidad inaceptable de hombres y mujeres están pasando días, semanas, meses y, tal vez, años guardados en la sombra, mientras sus familias, en muchos casos ya de escasos recursos y en situaciones o circunstancias complicadas, son castigadas en paralelo por un sistema que no sólo no los ve ni los oye, simplemente actúa como si no existieran. De la misma forma en que el presidente López Obrador enarbola la bandera del “primero los pobres”, tal vez es momento que las autoridades, desde el mismo Presidente hasta el más humilde regidor municipal, pasando por senadores y diputados, federales y locales, jueces y juzgados, se propongan adoptar una frase similar y actuar en consecuencia para poder decir: “por el bien de México y sus familias, primero los inocentes”. No es aceptable que cada semana exista una ocurrencia de repartir abrazos virtuales, paciencia y buena voluntad a los criminales más famosos y sanguinarios o a los cuates corruptos, mientras sabemos que hay decenas de miles de presos que son técnicamente inocentes. No dedicar atención y recursos a atender ese problema pudiera ser una de las principales violaciones a los derechos y la dignidad humana en la historia moderna de México. No se trata de pedir que sea más difícil apresar delincuentes, sino de exigir que sea menos fácil apresar inocentes.

* Hace unas semanas, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) y la organización Renace (https://renace.org.mx/conocenos/), dedicada desde hace casi 30 años a apoyar a personas de escasos recursos en procesos penales complicados, firmaron un acuerdo para apoyar el alcance de los servicios y esfuerzo de Renace. Yo los invito, viendo los números de inocentes en cárceles, a sumarse al esfuerzo de quienes como Renace luchan por favorecer y buscar la libertad de las personas inocentes o que pagan penas desproporcionadas a sus faltas.

@josedenigris