Defensa de la justicia: ¿A quién le corresponde?

Comparto con Ciro Gómez Leyva la preocupación sobre la defensa de la última trinchera del régimen democrático. Al respecto tengo sentimientos encontrados. Por una parte, siempre he esperado una postura más explícita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un debate donde va de por medio su existencia y la del Poder Judicial Federal, como lo hemos conocido desde la reforma publicada en los primeros días de 1995, hace casi treinta años. Por otra parte, no les corresponde tal defensa, al menos no del todo.

La mayoría legislativa y los presidentes se han ensañado con la moderación que han mostrado los ministros y la Corte. No son culpables de lo que se les acusa y no son lo que les imputan desde el régimen. La corrupción existe, pero es aislada, además es considerablemente más generalizada y perniciosa la que hay en otras áreas de la justicia, como las instancias de procuración, la investigación policiaca o el sistema penitenciario, por señalar algunas. Los gobiernos de Morena, nacional o locales, no tienen los estándares de probidad de lo que cuestionan y condenan, pero se trata de política y como tal la verdad no se aprecia y a veces ni siquiera existe.

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He sido de la idea que los ministros, la Corte y todos los juzgadores deben ser cuidadosos en el debate público. La reserva parte del cuidado de la investidura que remite a la imparcialidad y al profesionalismo. No se resuelve para complacer a nadie, ni a pocos o muchos, tampoco se requiere de comprensión, aval social o reconocimiento por las resoluciones que se emitan. El juez decide porque es lo correcto, justo o no.

Sin embargo, en estos tiempos del desvarío autocrático y de manipulación grosera del público, parece que esta perspectiva está fuera de lugar y deja en muy difícil condición al órgano jurisdiccional, esto es, en un Estado de indefensión mediática, en el cual no hay proceso justo ni presunción de inocencia, y en una realidad en la que la imparcialidad o sensatez de las autoridades es quimera. La mesura o la prudencia desapareció del diccionario de nuestros gobernantes.

La justicia mexicana no es para presumir, sí nuestro Poder Judicial Federal y la misma Corte. Al igual que algunas instituciones públicas acreditan calidad muy por arriba del estándar de otras entidades. Sí hay problemas como en toda organización amplia, pero se sancionan y no son determinantes en la abrumadora mayoría de los casos. Existen problemas intrínsecos a todo sistema de justicia, como es la desigualdad de la defensa o su difícil acceso. Todos los bienes, incluso el de la buena defensa se relacionan, casi siempre, con el dinero. También hay una realidad, al juzgador suele juzgársele por decisiones ajenas como es la deficiente investigación o probanza a cargo del MP en casos penales, por incompetencia o por corrupción.

A esta Corte le ha correspondido cerrar la puerta de uno de los periodos más luminosos de la justicia mexicana. Anticipo derrota, no por lo avieso del enemigo, sino por una sociedad complaciente que con facilidad y sin mayor examen hace propia las intencionadas mentiras y calumnias del gobernante, que dice mucho no sólo de la sociedad, sino de sus élites y de sus mediaciones en los circuitos de la información y formación de opinión pública.

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La justicia es un bien público y como tal corresponde a defenderla, no tanto a quienes tienen la tarea de impartirla, sino a quienes somos beneficiarios de que exista. En otras latitudes, no en nuestro país, se alzan voces de muchos frentes para frenar y contener la acción contra los juzgadores o la institución que integran. Esto debe llamar la atención porque son muchos quienes entienden que lo propuesto para mejorar la justicia, anhelo irrefutable y avalado por todos, bien se sabe que no resuelve el problema, que su intención o efecto −lo que sea− es la concentración de autoridad presidencial y del grupo en el poder, y que no se tendrá una justicia confiable porque se renuncia a dos principios originarios de su buen ejercicio: la imparcialidad y la independencia del juzgador.

En este último trance, el ministro Juan Luis González Alcántara abre el espacio para conciliar las pretensiones del régimen con la salvaguarda del sistema de justicia al diferenciar la jerarquía de la estructura, de la base de miles de jueces y magistrados. Una oportunidad para salvar lo mejor del Poder Judicial y de paso evitarle al régimen el bochorno de una elección de juzgadores condenada al fracaso de la mano del ridículo.