El 2022 y los derechos de las familias homoparentales

El inicio de un nuevo año trae consigo una serie de reflexiones y de expectativas relevantes para la gran mayoría de las personas. Estas se trasladan de igual manera al ámbito social y no son pocas las reflexiones y expectativas en torno al tema de los derechos humanos. Considero que resulta importante ver los posibles avances y retrocesos en los mismos, así como plantearnos en el terreno que nos encontramos y pensar qué nos depara el futuro, en específico este año que inicia 2022.

Claro está que cuando se hace referencia a los derechos humanos tal expresión abarca un número bastante amplio de prerrogativas y aspectos de la vida humana en general. Incluso cuando se habla sobre derechos de grupos específicos se podrían reducir aún más los rubros pues se puede hablar sobre los derechos político-electorales de las mujeres o de los sujetos a prisión preventiva. Se puede también hacer referencia sobre el derecho al agua de los migrantes o el derecho a una vivienda digna de los adultos mayores.

Al respecto me gustaría hacer una reflexión sobre la situación de los derechos de la población con orientación sexual distinta a la heterosexual o identidad de género diversa (LGBTIQ+ por sus siglas). Ahora bien, como ya se dijo, los derechos de esta población son muy variados y el reclamo no es el mismo dependiendo de si se habla de orientación sexual o identidad de género. Los reclamos tampoco son los mismos dependiendo del país del que se hable. Por tanto, quisiera centrarme en una cuestión que vengo estudiando desde hace un tiempo: la situación de las familias homoparentales, específicamente en México.

Tal vez se crea popularmente que el tema ya está zanjado, que las parejas de personas del mismo sexo ya tienen la posibilidad de casarse y vivir una vida en común sin traba alguna. La verdad es que, aunque la cuestión está avanzada, no se puede decir que está resuelta. Para empezar el poder casarse es sólo uno de los aspectos de los derechos familiares. Ya organismos nacionales e internacionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han resuelto que el derecho de las personas a convertirse o no en padres forma parte del derecho en comento.

Tanto la posibilidad del matrimonio, como la de tener hijos son aspectos fundamentales del derecho a la familia. Sin embargo, en nuestro País las personas LGBTIQ+ no los ven respetados por completo.

La posibilidad de casarse es actualmente la que lleva más avances, pues a diciembre del año pasado ya son 26 los estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, 25 en su legislación o por orden de la Suprema Corte y Guanajuato a través de una orden administrativa. Además, en Guerrero algunos municipios permiten también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo cual significa que efectivamente sólo restan seis estados por aceptar el matrimonio igualitario.

Esta prerrogativa ha tenido mucho impulso gracias a una jurisprudencia en 2015 del tribunal supremo del País que declaraba inconstitucional toda definición de matrimonio en las legislaciones locales como únicamente entre un hombre y una mujer. Desde entonces el ritmo de aceptación de este derecho ha ido aumentando, a tal grado que el año pasado fueron cinco estados los que legalizaron el matrimonio y Guanajuato que lo hizo por vía administrativa.

No resulta para nada descabellado pensar que en el 2022 podamos ver un mapa homogéneo de la República donde no haya necesidad de un amparo para que las parejas del mismo sexo puedan casarse.

La situación de la adopción por parejas homosexuales es una cuestión distinta y compleja. Son sólo 14 entidades federativas en las que es aceptada la misma. Por otro lado, otras formas que tienen las personas de convertirse en padres, ni siquiera están lo suficientemente bien reguladas para las parejas heterosexuales. Tal es el caso de las técnicas de reproducción asistida, en donde la seguridad jurídica de muchas personas que intentan acceder a ellas no se garantiza por completo. Sólo en junio del año pasado, la Suprema Corte declaró inconstitucionales las disposiciones del Código Civil de Tabasco que las regulaba, pero de una forma discriminatoria indirectamente contra parejas homosexuales.

El panorama en este sentido no es tan alentador como en el del matrimonio. Claramente quienes creemos en los derechos humanos para todas y todos desearíamos que las injusticias cesaran y el goce fuera igualitario. Sin embargo, pese a lo mucho que llegue a frustrar debemos reconocer que los cambios encuentran resistencia y es tarea de los creyentes de la dignidad humana no ceder ante esa resistencia. Tan sólo echemos un vistazo atrás en el tiempo. En 2010, cuando se impugnaron las reformas al Código Civil del entonces D.F. no nos habríamos imaginado todo lo que hemos logrado.

El autor es investigador
del Centro de Estudios
Constitucionales Comparados de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos
de VANGUARDIA
y la Academia IDH