Lo que pueden hacer médicos y enfermeras para proteger a los inmigrantes indocumentados

Por Danielle Ofri, The New York Times.

Apenas habían pasado dos semanas desde las elecciones cuando una doctora de nuestra clínica recibió una carta de una de sus pacientes, una inmigrante indocumentada que temía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) pudiera detenerla bajo un segundo mandato de Trump.

La paciente tenía diabetes y sufría una tendinitis del manguito rotador, que hacía que le resultara bastante doloroso estirarse hacia atrás. “¿Hay alguna posibilidad de que escriba una carta?”, le preguntó, “en la que diga que, si me esposan, por favor sea con las manos por delante”. También sentía pánico por su diabetes. “Tengo miedo de que no me permitan tomar ningún medicamento en los campos de inmigrantes”.

La paciente pidió que, si la doctora necesitaba verla en una consulta presencial, “¿podría programarla antes de enero?”, ya que solo asistiría a consultas virtuales después de la toma de posesión de Trump. “Tengo miedo de que haya agentes del ICE en las estaciones de tren y en las paradas de autobús”, afirmó.

Como médica, fue difícil leer esto sin sentir asco. Me hizo recordar los tumultuosos meses de 2017, marcados por las prohibiciones de viaje y los insultos contra los inmigrantes del primer gobierno de Trump. Muchos de nuestros pacientes se sintieron aterrorizados por esa retórica; los niveles de ansiedad y la tensión arterial se dispararon. Pero lo que parecía una aberración electoral parece ahora un retroceso estadounidense. Tom Homan, designado para convertirse en el llamado zar de la frontera, prometió “conmoción y pavor” desde el primer día.

Sin duda, todas las administraciones presidenciales de los últimos 30 años han deportado a inmigrantes indocumentados, aunque la mayoría en la frontera o cerca de ella. Lo que parece diferente en este próximo gobierno (y la razón por la que los profesionales médicos tendrán que desempeñar un papel más activo en la protección de sus pacientes) es el alcance. El espectro de las redadas masivas y potencialmente indiscriminadas se parece más al internamiento vergonzoso de inmigrantes japoneses y ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Históricamente, los trabajadores sanitarios no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias cuando nuestros pacientes han sido objeto de ataques. Nuestra historia reciente está empañada por la ausencia de denuncias e intervenciones respecto a los abusos en Abu Ghraib y Guantánamo, así como por las esterilizaciones forzadas de presos, mujeres de color y personas con discapacidad.

Pero la defensa del paciente es parte integrante de la atención médica. Los profesionales de la salud luchamos constantemente contra las compañías de seguros y los gestores de beneficios farmacéuticos para conseguir que se cubran los tratamientos médicos de nuestros pacientes. Batallamos con nuestras propias instituciones para agilizar tomografías computarizadas y citas médicas. Escribimos cartas de diagnóstico para abogar por cosas como andadores y autorizaciones dentales, así como problemas con el moho del baño y la obligación de comparecer como jurado. Pero en esta época que se avecina puede que tengamos que enfrentarnos a nuestro propio gobierno federal.

Desde un punto de vista médico (como ilustra de manera conmovedora la carta de nuestra paciente), ni siquiera tiene que entrar en vigor una ley para que se produzca un daño; el miedo por sí solo puede impedir que los pacientes busquen atención médica. La única opción segura que este paciente puede imaginar es esconderse en casa.

Incluso si las políticas solo afectan, por ejemplo, a los inmigrantes con antecedentes penales, los efectos podrían ser de gran alcance. Un estudio publicado en la revista Health Affairs descubrió que, tras episodios de un aumento de deportaciones por parte del ICE, se produjo un descenso notable en las consultas de atención primaria para todos los pacientes hispanos, independientemente de su situación migratoria. (No se registró ninguna disminución entre los pacientes no hispanos). Otros datos sugieren que el aumento de la actividad del ICE se asocia con un descenso de la inscripción en Medicaid entre niños que cumplen con los requisitos.

Asustar a la gente al grado de que no busque atención médica es una forma segura de aumentar los gastos cuando afecciones controlables, como la diabetes, se conviertan en emergencias médicas. También puede desencadenar brotes de enfermedades infecciosas. Algo que sin duda aprendimos del COVID es que nuestra salud está íntimamente entrelazada con la de nuestra comunidad. El manejo de infecciones emergentes, como la gripe aviar, así como de las de siempre, es decir, la tuberculosis, la sífilis y el sarampión, se verá obstaculizado si la gente tiene demasiado miedo a buscar atención médica.

Los trabajadores sanitarios tenemos la obligación de ayudar a proteger a nuestros pacientes, asegurándoles que nuestro principal deber es para con ellos y su salud. Acciones sencillas, como colocar carteles que indiquen que todos los pacientes son bienvenidos, pueden ayudar. Podemos reiterar que las conversaciones en la consulta son confidenciales y que las leyes de privacidad protegen la información de los expedientes clínicos, incluidos los datos de identificación. En la práctica, debemos evitar hacer mención de la situación migratoria de nuestros pacientes en nuestras notas, por si se modifican dichas leyes.

Si los pacientes se sienten incómodos viniendo a nuestras instalaciones, podemos ofrecerles opciones de telesalud. Cuando sea necesaria la atención presencial, las citas y pruebas deben consolidarse en un mismo día para minimizar los desplazamientos. Si nuestros pacientes son hospitalizados, debemos informarles de su derecho a negarse a figurar en el registro hospitalario.

El personal médico también puede negarse a participar en la aplicación de las leyes de inmigración, como la reciente orden ejecutiva de Texas que obliga a los hospitales a preguntarles a los pacientes sobre su situación migratoria. Incluso antes de formular la pregunta, informarles a los pacientes explícitamente que no están obligados a contestarla puede ser una forma eficaz de desvirtuar tales tácticas. Debemos insistir en que las instalaciones médicas y su entorno inmediato sigan siendo tratadas como “zonas sensibles”, como las escuelas y los lugares de culto, y que permanezcan fuera del alcance del ICE. Nadie debería ser detenido o deportado mientras recibe tratamiento médico.

Dentro de nuestra profesión, no deberíamos tener miedo de oponernos públicamente a las políticas gubernamentales. Los médicos que se sientan indecisos de intervenir tendrían a bien recordar que el código ético de la Asociación Médica Estadounidense nos encomienda la “responsabilidad de buscar cambios en aquellos requisitos que sean contrarios a los intereses del paciente”. El código ético de la enfermería subraya el deber de “proteger los derechos humanos”.

Por cada paciente que tiene el valor de acudir a un médico con sus temores más profundos, hay muchos que tienen demasiado miedo de hacerlo. Los profesionales de la salud debemos reafirmarles a todos nuestros pacientes nuestro compromiso de atenderles, sin importar el entorno político, y estar dispuestos a hacer algo más que apaciguar los temores de nuestros pacientes sobre la forma en que podrían ser esposados. c.2025 The New York Times Company.