Embarazo y maternidad infantil

El 11 de octubre se conmemora el “Día internacional de la Niña”, dedicada a visibilizar la discriminación que sufren millones de niñas en todo el mundo por razón de género y edad. Algunos de los temas de atención prioritaria son el rezago educativo, la mutilación genital, el matrimonio infantil, la trata y esclavitud sexual, los embarazos infantiles, entre otros. Este último es el tópico en el que me quiero detener.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de embarazo infantil? Se considera embarazo infantil el de aquellas niñas que se ubican entre los 10 y 14 años de edad y que, por circunstancias ajenas a su decisión, continúan con la gestación hasta convertirse en madres. La edad es determinante porque es la característica que permite distinguirlos de los embarazos adolescentes (15-19 años).

Es urgente atender a las niñas madres, reconocer la problemática y combatir sus causas para evitar la marginación, estigmatización y pobreza a las que son condenadas. Entre las principales causas que explican el embarazo infantil encontramos la violencia sexual, las uniones tempranas,
la compraventa e intercambio de niñas y el inicio de una vida sexual temprana y desinformada. Todos estos factores se inscriben en un contexto de desigualdad económica, social y de género que, junto a la inobservancia de la ley y las creencias culturales sobre la maternidad, son un
perfecto caldo de cultivo para
propiciar los embarazos a temprana edad.

La maternidad forzada es un problema social complejo que implica la violación sistemática de diversos derechos humanos y que tiene consecuencias identificables. De manera inmediata, afecta la salud de la niña gestante, seriamente comprometida debido a su inmadurez biológica. La niña no está preparada física o psicológicamente para enfrentar los procesos de gestación, parto y puerperio, por lo que existe mayor riesgo de morbilidad fetal y materna. Por otro lado, de manera mediata, se impactará su plan de vida porque el embarazo y la maternidad infantil por sí mismos son obstáculos que impiden su progreso personal, social y educativo. Una niña madre tiene menos posibilidades de concluir sus estudios, limitando así su desarrollo profesional e ingresos económicos.

Además, la falta de información y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población infantil permite afianzar los roles y estereotipos de género sobre la maternidad como una parte inalienable de las mujeres. Esto las obliga a gestar y a desempeñar las posteriores labores de cuidado que, como sabemos, son complejas y requieren de mucha atención. Así, en estas condiciones, no es extraño encontrar niñas ejerciendo una maternidad no deseada y viviendo con sus agresores.

El embarazo infantil generalmente es producto de una violación. No es usual que las menores de 14 años decidan de forma premeditada tener relaciones. Al contrario, son producto de relaciones sexuales forzadas o realizadas con engaños. Esto pone de relieve la ausencia de consentimiento de las menores y se advierte un nulo poder para oponer resistencia, permitiéndose la comisión de delitos de violación o estupro.

La agresión sexual en contra de las niñas parece estar normalizada. Incluso se admite “subsanarla” con el matrimonio. Lamentablemente, el clima de violencia generalizado hacia las mujeres posibilita perpetrar actos de violencia sexual en contra de las niñas con total impunidad. Ello es así porque además de la inacción del Estado, la sociedad tolera las agresiones en contra de las menores cometidas en el seno familiar. No es casual que la mayoría de las violaciones de niñas provenga de familiares, vecinos y conocidos, todas personas que gozan de la confianza de la menor y quienes tienen la obligación moral de brindarle protección. Nada más doloroso que ser víctima de quien se supone debe protegerla.

Desafortunadamente, la violencia sexual infantil y el potencial aumento de embarazos incrementaron en nuestro País exponencialmente durante el confinamiento que generó la pandemia por el COVID-19. ¿Y qué se ha hecho para cambiar esta situación? Desgraciadamente la respuesta no es alentadora.

Aunque legalmente contamos con un marco normativo nacional y local que recoge los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos para las niñas, la tozuda realidad invalida los esfuerzos legales realizados cuando contrastamos con los datos de la realidad: la ONU afirma que “todos los años hay 10 mil embarazos de niñas menores de 15 años en México” (UNFPA, 27 de septiembre de 2021).

Por eso, es prioritario que las niñas sean sólo niñas y para ello se debe reforzar su protección a través de normas y políticas públicas que hagan posible lo elemental: tener seguridad, acceso a la educación y salud de calidad. También se debe garantizar que las menores no se conviertan en madres contra su voluntad, a través de una educación sexual integral que reconozca y promueva los derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Finalmente, urge brindar espacios libres de violencia haciendo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras para prevenir, no consentir, y visibilizar los delitos de violencia sexual cometidos en el hogar o la escuela.

La autora es directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH