La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF): un atentado contra la independencia judicial, contra las capacidades institucionales para la impartición de justicia y contra los derechos de miles de personas que trabajan en distintas áreas del PJF.
Contrario a lo que la propaganda oficial ha difundido durante días, esta iniciativa no es una medida contra supuestos privilegios de una élite burocrática, sino una revancha arbitraria contra la Judicatura Federal, que una y otra vez ha hecho valer su autonomía en defensa del orden constitucional y los derechos de las personas, frente a la extralimitación del Ejecutivo y sus mayorías parlamentarias.
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Paradójicamente, de consumarse este golpe, sus principales afectados no serían los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, sino las y los juzgadores, funcionarios de carrera y, sobre todo, el personal operativo que permite el funcionamiento de juzgados y tribunales en todo el país. Es decir, quienes garantizan, con su quehacer diario, que el engranaje del derecho de acceso a la justicia camine y funcione.
Al menos seis de los fideicomisos que se pretende desaparecer están directamente vinculados con la prestación de derechos laborales, como seguridad social, pensiones, vivienda o servicios de salud; particularmente, para el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de su plantilla.
Entre los fondos amenazados, uno garantiza recursos para construcción y mantenimiento de infraestructura, otro está destinado a la implementación de reformas constitucionales, como la reforma en materia de justicia laboral que implica crear tribunales desde cero, pues requieren inmuebles y personal. Y uno más tiene como propósito el fortalecimiento y la modernización de la impartición de justicia.
Esta determinación coincide –casi trágicamente– con su más importante precedente histórico: el 21 de octubre de 2020, el oficialismo aprobó la extinción de 109 fideicomisos que aseguraban recursos para atender necesidades prioritarias: desde la protección a familiares de víctimas hasta la reconstrucción posterior a desastres naturales, así como el financiamiento de la investigación científica y tecnológica, o el pago de pensiones a los braceros mexicanos, entre muchas otras.
En aquel momento, el titular del Ejecutivo Federal anunció que –en diez días– presentaría evidencias de las irregularidades en el manejo de los fideicomisos extintos. Después ordenó auditar cada uno de ellos, comprometiéndose a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, una vez que la investigación confirmara supuestas acciones ilegales. No hubo evidencias, no hubo denuncias. Y no hubo transparencia sobre el destino final de esos recursos.
Tres años después, el gobierno y sus bancadas pretenden repetir la historia, adjudicándose más de 15 mil millones de pesos que el Poder Judicial asignó válidamente a distintos objetos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones: No podemos permitirlo.
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Si bien esta medida podría parecer un conflicto entre poderes, con el que resulta difícil sentirse identificado, en realidad es un asunto de derechos: un atropello a las prestaciones legítimamente adquiridas de las y los trabajadores del Poder Judicial. Debemos tener presente que no es el primer intento, ni será el último.
En el Senado de la República, las y los legisladores de oposición vamos a defender la autonomía judicial y las capacidades institucionales que requiere una función tan esencial como la impartición de justicia. Y vamos a solidarizarnos con quienes sirven a la ciudadanía desde el Poder Judicial. Por responsabilidad constitucional, por convicción republicana; pero, ante todo, por el compromiso que tenemos con los derechos de las personas.
