Gobierno, el gran estorbo de México

Pese a que en otros países las autoridades fungen como palanca del desarrollo, protectores del interés público e impulsores de la actividad económica, en el nuestro se han vuelto un monumental lastre a las libertades individuales y el progreso general de la nación. Ahora más que siempre la sociedad civil debe exigir resultados y presionar para edificar una auténtica democracia donde los funcionarios públicos rindan cuentas claras

Contaban los antiguos frigios que el rey Midas, por petición directa que le concedió el dios Dionisio, llegó a tener el don temporal (o maldición, según se vea) de convertir en oro todo aquello que tocara. Sabemos por experiencia propia los mexicanos contemporáneos que el Gobierno –sin importar el partido político– tiene esa misma habilidad y de forma permanente, de arruinar abrumadoramente todo aquello que toca, controla o administra. Basta analizar el decrépito estado en que se encuentran estos sectores públicos: transporte (ineficiente), salud (con desabasto de medicamentos), educación (maestros sin certificación), generación de electricidad y distribución energética (CFE y Pemex en quiebra), infraestructura vial (carreteras colapsadas), recursos hídricos (escasez severa de agua), agricultura (olvido absoluto) y –con especial énfasis–, la seguridad pública e impartición de justicia (cárteles de la droga intactos). En todos los rubros nos ha fallado la autoridad, desde los baches imborrables de nuestras calles, hasta la impunidad interminable en delitos de alto impacto que hunden nuestra reputación como nación civilizada y dan la vuelta al mundo en los principales encabezados. El espíritu del pacto social al que hacía referencia el filósofo Rousseau no existe en México, ya que la relación Gobierno-ciudadanía es inicua. A ese cada vez más reducido porcentaje de personas que pagamos onerosos impuestos en este país –“los cautivos de Hacienda” o el 43.4 por ciento de la población laboral formal según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, nos parece injusto lo que recibimos a cambio.

En vez de alentar el dinamismo económico, el Gobierno –local, estatal y federal– pareciera estar empeñado en obstruir los sueños y aspiraciones de toda una clase social que busca mejorar su propia calidad de vida. Lo hace constantemente con trámites caros (registro de la propiedad), largos (cambio de contrato en Comisión Federal de Electricidad) e innecesarios (una acta de nacimiento original nueva para expedir cualquier documento oficial a nivel estatal). Cobra “derechos” anticonstitucionales (el solo hecho de poseer un auto), impone regulaciones ridículas que son ocurrencia de los diputados (multa a restaurantes que exhiben un salero en la mesa), e infla precios sin realizar las inversiones debidas para el objeto que fueron creados (a quienes pernoctan en cualquier hotel en territorio coahuilense). El Gobierno aterroriza a quienes se atrasan en el pago de impuestos (placas), aunque hace caso omiso –a cambio de un “moche”– a la invasión descontrolada del comercio informal y la migración ilegal en las calles y plazas públicas de nuestras ciudades. Al parecer a ningún ilustre funcionario se le ha ocurrido la iniciativa de eliminar requisitos burocráticos y crear una ventanilla única para facilitar la apertura de negocios, lo que atraería inversión y generaría riqueza y empleos dignos. Por el contrario, la autoridad se esmera de mil maneras para complicarnos la existencia a empresarios y ciudadanos por igual. Las inspecciones a negocios, cateos a la oposición y hostigamiento a grupos de la sociedad civil que exigen mayor transparencia al Gobierno y lo que se hace con los recursos públicos o el actuar de sus agentes, se vislumbran intimidantes comparados a las nulas campañas para cazar criminales, narcoterroristas y políticos corruptos que nos dejan deudas descomunales; para esta clase de personas no hay retenes viales con encapuchados, ni congelamiento de cuentas, mucho menos cárcel. México sigue siendo el lugar más peligroso para la actividad periodística. Reportar o reflejar el verdadero estado de putrefacción del sector público se ha vuelto un acto valiente.

Por estas fechas llega una prueba fundamental en la vida política del país. El ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere acrecentar y centralizar el poder del Estado Mexicano mediante las pretendidas reformas eléctrica y electoral. Darle más tareas a la autoridad de las que ya tiene –y que evidentemente no ha sido capaz de ejecutar cabalmente– es una receta para el desastre. Lo que México necesita es reducir su aparato gubernamental para hacerlo más profesional, competitivo y eficiente. Desafortunadamente la tendencia es justo lo opuesto: ese demagogo populista que nos engañó a millones en las elecciones de 2018 ha fortalecido peligrosamente el rol de las Fuerzas Armadas para consolidar su hegemonía y garantizar la supervivencia de su movimiento a largo plazo.

López Obrador intentó –sin éxito alguno– permitir la clasificación de todo gasto realizado por los militares como asunto de “seguridad nacional”, lo que en esencia impediría saber el destino de esos fondos que usted y yo pagamos cotidianamente. Y obras en manos castrenses han sido muchas en el presente sexenio, concluidas al vapor de la presión política: AMLO les entregó la custodia de las aduanas y los puertos marítimos, les encomendó la construcción de cientos de sucursales bancarias y cuarteles, les concedió proyectos colosales de infraestructura tales como aeropuertos y sistemas ferroviarios cuyo peso no tiene paralelismo en lo que va del presente siglo. Por si fuera poco, el Ejecutivo sigue protegiéndolos de cualquier acusación por abusos a los derechos humanos, pese a contundente evidencia aportada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el vergonzoso caso de los estudiantes torturados e incinerados por soldados y policías en Ayotzinapa, en contubernio con bandas delictivas. Prometió regresarlos a los cuarteles en su campaña por la Presidencia pero terminó comprándolos para granjearse su apoyo incondicional.

Su impulso autoritario es evidente y no le ha parecido suficiente asignarle a la Guardia Nacional –organismo policiaco de tajante corte militar– un presupuesto mil 535 por ciento mas alto entre 2019 y 2022. Los resultados, sin embargo, los vemos los civiles todos los días, con mayor violencia y homicidios que no ceden. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México destaca por su atroz posicionamiento en el reporte Doing Business más reciente: penúltimo lugar en todo el mundo en presencia del crimen organizado. Sitio 129 de un total de 141 (siendo 141 el peor) en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Posición 103 en incidencia de terrorismo, y por si fuera poco, el 139 en confianza de la población hacia sus cuerpos policiacos. ¿Aumentar el poder del Estado Mexicano tomando en cuenta esta penosa radiografía? Imprudente e irracional, como todo lo que ha hecho el tabasqueño que deambula en los pasillos de Palacio Nacional.

Para evitar un error estratégico de grandes proporciones lo ideal sería acotar la supremacía actual del Gobierno. Esto es posible ensanchando la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, solicitando sanciones severas a los burócratas que quebrantan la ley, alzando la voz con manifestaciones masivas en la calle y exigiendo soluciones a quienes nos representan para que otorguen servicios públicos de calidad y hagan bien su trabajo, ya que del erario viven. Podemos sacar al país de la crisis en la que está sumido alimentándonos de información inteligente y veraz, que contradiga –de ser necesario– lo que la autoridad presume, manipula o malinterpreta. Debemos exhibir la incompetencia de los funcionarios cuando fallan, o aplaudir sus logros cuando actúan con responsabilidad. Los medios de comunicación son aliados naturales de un sistema democrático y no deben ser acallados ni sometidos por nadie. Son el canal más práctico para poner en evidencia a los corruptos. Perdamos el miedo a la denuncia recordando que al Gobierno de cualquier nivel e ideología política hay que vigilarlo y mantenerlo a raya. Está ahí para servirnos. Su legitimidad emana de nuestro voto y su operación día a día depende de nuestras contribuciones fiscales.

Por último, rechacemos la consulta para la revocación de mandato ya que se trata de un fraude al haber AMLO desprovisto de dinero de manera intencional al Instituto Nacional Electoral y desvirtuar lo ya consagrado en la Constitución respecto de los términos presidenciales. Estamos obligados a hacerle cara evitando acudir a la casilla para que no sea vinculante. Hago énfasis en recalcar que en Venezuela siguen llevando a cabo plebiscitos populares todo el tiempo pero el dictador no se larga pues cuenta con el apoyo de su Ejército. No bajemos la guardia. Defendamos a nuestro régimen democrático y tendamos alianzas con nuestros vecinos del norte –EU y Canadá–, que bajo ninguna circunstancia permitirán que prospere una dictadura militar en México de tinte comunista, al mas rancio estilo de Rusia, Cuba o Corea del Norte. La propiedad privada, las garantías individuales y la libre elección de nuestros gobernantes se defienden con la vida misma.