Inseguridad en México: tiene un alto costo que pagamos todos

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Las instituciones responsables de la seguridad pública no cumplen su cometido. Por eso, las familias mexicanas se ven obligadas a pagar un altísimo costo extra para reducir la vulnerabilidad que padecen
En las democracias, la responsabilidad de garantizar la integridad de las personas y de sus bienes corresponde al Estado. O, si se quiere ver desde otro punto de vista, los particulares estamos impedidos para hacernos justicia por mano propia pues el monopolio en el uso de la fuerza es de las instituciones públicas.
Para que ese ideal teórico se convierta en realidad, a lo largo de la historia hemos diseñado modelos institucionales que combinen con eficacia dos elementos: de un lado la prevención de las conductas indeseables y, del otro, la persecución y castigo de estas cuando llegan a registrarse.
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Lo que se espera de dicho modelo no es solamente que funcione, es decir, que garantice la seguridad de las personas y la integridad de su patrimonio, sino que evite trasladarle costos a los ciudadanos, tanto en materia de seguridad como en materia de pérdidas materiales.
Pero cuando el modelo no funciona -porque las instituciones públicas no cumplen el propósito para el cual fueron creadas- los ciudadanos deben pagar el costo de dicha disfuncionalidad. Y cuando hablamos de costo no lo hacemos en el sentido metafórico del término, sino en el estricto.
Y es que así de claros y contundentes son los datos de la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI), según la cual el costo de la inseguridad y el delito, en los hogares mexicanos, fue de 319 mil 100 millones de pesos durante el año 2022.
El estudio realizado por el INEGI calcula que cada víctima de la delincuencia, sufrió un daño patrimonial de 8 mil 192 pesos, lo cual implica un incremento de 14.4 por ciento en dicho rubro, en comparación con los registros de 2021.
Se trata de un costo elevadísimo. Tanto como el 1.08 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Y tales cifras derivan del fracaso del modelo de seguridad que se ha implementado desde el Gobierno.
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Tan solo en medidas preventivas, es decir, en acciones tendientes a evitar ser víctimas de un delito, las familias mexicanas gastaron 105 mil 700 millones de pesos en 2022, un monto enorme que solamente se explica por la elevada sensación de inseguridad que nos invade como sociedad.
Las cifras que se han mencionado no incluyen, desde luego, el enorme gasto estatal en seguridad pública, es decir, todo el dinero público que se destina salarios, equipo y entrenamiento de las corporaciones policiales que operan en todo el territorio nacional.
Estamos hablando solamente del “gasto extra” que los ciudadanos hacemos para reducir nuestros niveles de estrés -o de angustia- frente a la situación que prevalece en amplias franjas del territorio nacional donde las reglas que rigen la vida colectiva son las de la delincuencia.
Cabría esperar, como se ha dicho en múltiples ocasiones, que ante la evidencia hubiera un rectificación de la estrategia seguida hasta ahora en este rubro y que claramente no ha dado los resultados esperados.