Jorge y Javier: la condena a militares que les asesinaron no es suficiente

Hace ya 13 años que un caso sacudió al país entero: el de Jorge y Javier, dos estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quienes fueron abatidos por elementos del ejército durante un tiroteo que tuvo lugar en las inmediaciones del plantel en el cual estudiaban.

En los tiempo que corrían, una idea campeaba en la mente de buena parte de los mexicanos: si alguien moría en un enfrentamiento entre fuerza policial -o militares- y delincuentes, seguramente sería “porque andaba en malos pasos”. Casi nadie se detenía a cuestionar la posibilidad de que se tratara de una víctima colateral de un operativo mal planeado y/o mal ejecutado.

Eso ocurrió en primer lugar con el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes el 19 de marzo de 2010 tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el lugar y el momento equivocados: su muerte pasó en primer lugar por la revictimización y sus familias debieron remar aguas arriba para revertir la narrativa y encontrar justicia.

La inercia en contra era muy fuerte: la siembra de “pruebas” y la narrativa oficial, respaldada por el clima circundante, orillaba a pasar que, tal como se dijo inicialmente, la muerte de ambos jóvenes no era producto de la fatalidad sino de una causalidad relacionada con actividades delictivas.

A la vuelta de 13 años la verdad ha quedado probada de forma indubitable y ha tomado la forma de una sentencia: cinco elementos militares han sido condenados a 90 años de prisión por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, en contra de Jorge y Javier.

En estricto sentido, las instituciones públicas han hecho justicia: se han valorado las pruebas; se han analizado las evidencias y se ha condenado a quienes, en el ejercicio excesivo de sus funciones, privaron de la vida a dos estudiantes.

Es preciso decir, sin embargo, que la condena no es suficiente para reparar el agravio. Y esto es así, porque el daño causado es irreparable. Y no solamente para las familias que perdieron a dos de sus integrantes, sino para la sociedad en su conjunto.

Los mexicanos perdimos a dos promesas que trabajaban por un futuro mejor para todos. Perdimos a dos integrantes de la comunidad cuyos trabajos y afanes implicaban una esperanza en el futuro. Eso es insustituible y ninguna condena penal puede compensarlo.

Por ello, ademas del castigo impuesto a sus victimarios es necesario que en este caso -como en muchos otros- se persiga lo que, en la teoría de los Derechos Humanos, se denomina “garantías de no repetición”, es decir, el establecimiento de medidas y/o mecanismos que impidan que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

Porque una vez que se ha registrado una tragedia de esta magnitud, las sociedades democráticas deben empeñarse en no andar nuevamente sobre los mismos pasos. Pero eso no ocurrirá por casualidad, sino porque se dicten medidas concretas que vuelvan imposible el que un grupo de militares ataque nuevamente a la población civil.